'Amnist¨ªa' urban¨ªstica en Roses

Los vecinos de la urbanizaci¨®n Santa Margarida de Roses respiran tranquilos. Nadie va a echar abajo las m¨¢s de 1.000 viviendas y tres hoteles que, en primera l¨ªnea de mar, vulneraban la Ley de Costas. Esta norma consideraba los terrenos sobre los que se asientan los edificios de dominio p¨²blico mar¨ªtimo-terrestre, lo que implicaba que deb¨ªan ser demolidos, pero ahora el Ministerio de Medio Ambiente ha movido las l¨ªneas para indultar los pisos al dejar fuera de las restricciones esta zona, conocida como Gola de l'Estany. El argumento es que los terrenos, urbanizados desde hace cuatro d¨¦cadas, han perdido el valor natural que ten¨ªan por su especial ubicaci¨®n: la confluencia entre una marisma y el mar. La decisi¨®n tambi¨¦n se apoya en dos ¨®rdenes ministeriales de 1963 y 1966 que citaban la existencia de terrenos privados en la zona de dominio p¨²blico.

WWF ve "perversa" la decisi¨®n, que para la alcaldesa es una "buena soluci¨®n"

"Es una argumentaci¨®n perversa", lamenta Rita Rodr¨ªguez, directora de la asesor¨ªa jur¨ªdica de la asociaci¨®n ecologista WWF. "Si para legalizar una construcci¨®n se puede alegar que la zona ya no tiene valor natural, todo el mundo construir¨¢ sabiendo que destruir la zona es la mejor forma de asegurarse de que no habr¨¢ problemas". "Es una buena noticia que cierra un proceso muy complicado", opina en cambio Magda Casamitjana, la alcaldesa de Roses (PSC), que ha conducido las conversaciones en frecuentes viajes a Madrid para resolver el embrollo legal.

Los apartamentos se construyeron respetando aparentemente la legalidad: se solicitaron licencias de obras, se inscribieron en el registro de la propiedad... Pero, como comunic¨® Medio Ambiente a los due?os hace un a?o, el suelo era de dominio p¨²blico, lo que implica que 650 de los 1.600 metros de primera l¨ªnea de mar de Roses deber¨ªan estar sin urbanizar.

La mayor¨ªa de los vecinos alega que nunca tuvieron noticia del embrollo legal hasta recibir la notificaci¨®n del ministerio. Pese a ello, la interpretaci¨®n estricta de la Ley de Costas pintaba un futuro muy negro para ellos. El art¨ªculo 8 establece que el dominio p¨²blico prevalece incluso ante las propiedades que est¨¢n avaladas en el registro de la propiedad.

Ante la disyuntiva de hacer imponer la ley o aceptar los hechos consumados, el ministerio ha optado por lo segundo en la forma m¨¢s beneficiosa para los propietarios, para disgusto de los ecologistas. Exist¨ªa otra opci¨®n legal que no implicaba desafectar los terrenos de la Ley de Costas y que manten¨ªa cierta protecci¨®n al entorno: una concesi¨®n por 30 a?os prorrogables. En este caso las viviendas tambi¨¦n son legales, pero se proh¨ªbe construir m¨¢s o ampliar las ya existentes. Es una opci¨®n intermedia que permite, adem¨¢s, prevenir las posibles consecuencias del cambio clim¨¢tico en zonas con riesgo de inundaci¨®n.

La resoluci¨®n del ministerio puede tener, adem¨¢s, consecuencias de un alcance todav¨ªa mayor: las 10.000 viviendas construidas al borde de los canales de Santa Margarida y Empuriabrava, cuyo futuro pende tambi¨¦n de un hilo. Casamitjana cree que se ha abierto una "v¨ªa de di¨¢logo" para solucionar tambi¨¦ este asunto. La Direcci¨®n General de Costas sostiene que hay que dejar como acceso al agua seis metros entre las viviendas y los canales, lo que en la pr¨¢ctica significa derruir muchas de las casas o patios particulares, construidos al borde mismo de los canales. Seg¨²n el Consistorio, esos seis metros de acceso ya existen en las calles situadas tras las viviendas, que tambi¨¦n dan a los canales. Casamitjana opina que ambos asuntos est¨¢n relacionados y que la resoluci¨®n del primer problema es una buena se?al para el segundo, aun en negociaci¨®n. El ministerio eludi¨® ayer ofrecer su versi¨®n.