Un avance con peros

La negociaci¨®n de la reforma de la negociaci¨®n colectiva ha concluido con una intervenci¨®n del Gobierno que los agentes sociales han rechazado con ostensibles muestras de disgusto. El decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros es la respuesta pol¨ªtica adecuada a la falta de acuerdo entre la patronal CEOE y los sindicatos; por tanto, parte de las decepciones y cr¨ªticas que los empresarios, UGT y CC OO han transmitido deben recaer sobre ellos mismos. Si han sido incapaces de pactar, lo l¨®gico es que se recurra a la segunda mejor opci¨®n: que el Gobierno legisle. No parece elegante que la CEOE se rasgue ahora las vestiduras despu¨¦s de que una parte de la patronal se dedicara al juego pol¨ªtico de bloquear el pacto tras el triunfo del PP el 22-M en espera de tiempos m¨¢s propicios a sus intereses.

El Gobierno ha optado por mantener la ultraactividad de los convenios, pero introduciendo una detallada casu¨ªstica para renovarlos. Despu¨¦s de fijar plazos de entre 8 y 14 meses para que se pacte un nuevo convenio, el decreto establece que, en caso de desacuerdo, es obligatorio que las partes se sometan a un arbitraje o mediaci¨®n. Dado que esa obligaci¨®n tiene problemas de constitucionalidad, Trabajo ha querido eludir la dificultad calificando el arbitraje como "transitorio". Pero la f¨®rmula no resuelve la dificultad del todo, porque, tenga car¨¢cter transitorio o permanente, la imposici¨®n de arbitraje subsiste y puede ser recurrida.

En conjunto, la norma supone un notable avance respecto a la situaci¨®n actual; por su contenido, pero tambi¨¦n porque, ante las renovadas turbulencias que se avecinan en los mercados financieros acaba con una situaci¨®n insostenible en la que el enroque de los agentes sociales amenazaba con deteriorar a¨²n m¨¢s la imagen de Espa?a como pa¨ªs atrapado en un sistema social y pol¨ªtico que impide cualquier tipo de reforma.

Esta circunstancia se encuentra tambi¨¦n en el origen del resto de debilidades que afectan a esta estrategia. La primera es que, como en el caso de la reforma de la contrataci¨®n, sigue la l¨ªnea de aprobar un decreto mientras se insta a las partes a que sigan negociando, con la promesa de que los acuerdos subsiguientes se tramitar¨¢n con la ley. Es un m¨¦todo incierto, que puede dar lugar a situaciones como la que ayer mismo se produjo, cuando el Ejecutivo anunci¨® un real decreto para regular los expedientes de regulaci¨®n de empleo que permite despidos a las empresas que prevean p¨¦rdidas transitorias (la exigencia inicial en la reforma eran p¨¦rdidas permanentes). Las reformas no deben estar sometidas a cambios permanentes e imprecisos. El segundo es que, en la pr¨¢ctica, sea quien sea el culpable del desacuerdo entre los agentes sociales, una norma que todos rechazan dif¨ªcilmente se aplicar¨¢ con comodidad y eficacia. Aunque, claro est¨¢, mucho peor hubiese sido seguir a estas alturas sin cerrar la discusi¨®n, con las nubes de tormenta financiera sobrevolando Europa.