Un tanatorio demolido en Pontevedra pide 3,4 millones a la Xunta
La sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que orden¨® el derribo el pasado agosto del tanatorio de Montecelo, en Pontevedra, culpaba a la Xunta de haber permitido construir el centro en una zona r¨²stica de la ciudad, y abr¨ªa la puerta a una reclamaci¨®n patrimonial por parte de las empresas propietarias. Esta ha llegado 10 meses despu¨¦s. Central Funeraria, Alianza y Barros y Pompas F¨²nebres presentaron ayer una solicitud ante la Conseller¨ªa de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras en la que piden que se les indemnice con 3,4 millones de euros por los perjuicios.
Las empresas creen que llevan las de ganar, porque ellas s¨ª obtuvieron el permiso de Pol¨ªtica Territorial en 1993, cuando Jos¨¦ Cui?a estaba al cargo de la Conseller¨ªa. Un vecino, molesto por el ruido en una zona r¨²stica que a¨²n hoy es de dif¨ªcil acceso rodado, reclam¨® durante a?os y acab¨® ganando la batalla legal.
En el importe total de la reclamaci¨®n, que las empresas desglosan en un comunicado de prensa, cargan tanto el coste del viejo tanatorio -780.000 euros, seg¨²n sus c¨¢lculos- como otra partida de 1,9 millones para construir otro tanatorio en el mismo emplazamiento del anterior. Este doble cargo lo justifican en su creencia de que el permiso ilegal solo lo fue por un "error formal", y en que entienden que con la legislaci¨®n actual no deber¨ªan tener problema en obtener la autorizaci¨®n para volver a levantar el centro. "Ya en el momento del derribo se hab¨ªan iniciado los tr¨¢mites para solicitar una nueva licencia para volver a construir el tanatorio en el mismo emplazamiento", a?aden.
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