El secuestro del Constitucional

Con independencia del galimat¨ªas jur¨ªdico del caso, la renuncia anteayer a sus cargos de Elisa P¨¦rez Vera, Javier Delgado y Eugeni Gay como magistrados del Constitucional (TC) fue una valiente defensa moral de los fueros y la dignidad del alto tribunal frente a su interesada instrumentalizaci¨®n por los partidos a trav¨¦s de sus grupos parlamentarios. La ¨²ltima agresi¨®n al int¨¦rprete supremo de la Constituci¨®n ha corrido a cargo del PP, que ha encomendado a Federico Trillo las funciones de estrategia de la Guerra Sucia Institucional librada en ese terreno: tras haber saboteado durante tres a?os -de 2007 a 2010- la renovaci¨®n del TC por el Senado, los populares se disponen ahora a realizar esa misma labor en el Congreso.

El cupo de magistrados reservado al Parlamento se ha convertido en bot¨ªn de los dos grandes partidos

La petici¨®n de los magistrados dimisionarios ha sido rechazada por el presidente Pascual Sala. La dificultad jur¨ªdica de la renuncia de los tres jueces constitucionales estriba en que no se hallan propiamente en posesi¨®n de sus cargos (por expiraci¨®n del plazo de su nombramiento) sino solo en el ejercicio de sus funciones hasta el nombramiento de sus sucesores. En cualquier caso, es una falacia aludir -como hizo el presidente Sala- a la necesidad de "garantizar la estabilidad" del alto tribunal: el TC habr¨ªa mantenido el qu¨®rum suficiente para seguir funcionando -ocho magistrados- sin la presencia de los dimisionarios.

Nunca mejor dicho que quien dicta la ley hace la trampa. La designaci¨®n de los 12 miembros del TC, juristas de reconocido prestigio con m¨¢s de 15 a?os de ejercicio profesional seleccionados entre jueces, fiscales, profesores universitarios, funcionarios p¨²blicos y abogados, ha sido confiada por la Constituci¨®n al Poder Legislativo (ocho magistrados elegidos a partes iguales por el Congreso y por el Senado), al Poder Ejecutivo (dos nombrados a propuesta del Gobierno) y al Poder Judicial (dos votados por su Consejo General). El reconocido prestigio exigido a los jueces implica competencia jur¨ªdica, excelencia intelectual, coherencia moral e independencia de criterio respecto a centros heter¨®nomos de poder partidista, financiero y religioso.

La exigencia de los tres quintos impuesta al Congreso y al Senado para nombrar a los miembros del TC pretende garantizar el pluralismo pol¨ªtico e ideol¨®gico de la instituci¨®n. Pero el cupo de magistrados del Constitucional reservado al Parlamento se ha convertido en bot¨ªn de los dos grandes partidos de ¨¢mbito estatal, que vienen reuniendo en comandita mas del 80% de las actas. Al principal partido de la oposici¨®n le basta con ocupar 141 esca?os del Congreso para disponer de una minor¨ªa de bloqueo que le permite congelar indefinidamente la renovaci¨®n del alto tribunal. Se da por supuesto que los grupos implicados en esa negociaci¨®n buscan el consenso sobre todos y cada uno de los candidatos. Sin embargo, socialistas y populares han consagrado la viciosa pr¨¢ctica de repartirse primero entre s¨ª unas cuotas num¨¦ricas proporcionales a su fuerza parlamentaria y rellenar despu¨¦s esos casilleros en blanco por su cuenta y riesgo atendiendo a la fidelidad y a la obediencia de los pretendientes.

El mandato de nueve a?os de los magistrados elegidos por el Congreso en noviembre de 2001 venci¨® hace ya seis meses; el cupo asignado a la C¨¢mara baja incluy¨® en su d¨ªa, adem¨¢s de los tres magistrados ahora dimisionarios, un cuarto juez fallecido en mayo de 2008. Los c¨ªnicos dir¨¢n que ese retraso es una menudencia si se compara con la pr¨®rroga forzosa de tres a?os aplicada a los cuatro magistrados designados en 1998 por el Senado.

La dilaci¨®n fue hasta tal punto escandalosa que populares y socialistas hicieron aprobar a matacaballo el 4 de noviembre de 2010 una reforma dudosamente constitucional del art¨ªculo 16 de la Ley Org¨¢nica del Tribunal (LOTC) para poder descontar a los nuevos magistrados el abusivo tiempo usurpado por sus predecesores.

El PP prolonga ahora en el Congreso la misma estrategia seguida antes en el Senado. Los populares se aferran a su minor¨ªa de bloqueo para obstruir cualquier negociaci¨®n de buena fe con los socialistas a la espera de que una gran victoria en las pr¨®ximas elecciones generales les proporcione una mayor¨ªa absoluta tan holgada en la C¨¢mara baja que les permita ampliar su cuota. La insistencia en hacer tragar al PSOE la figura de Enrique L¨®pez, el magistrado de sala de la Audiencia Nacional sin 15 a?os de ejercicio profesional que desempe?¨® a entera satisfacci¨®n cuando era vocal del Consejo General del Poder Judicial las funciones de asistente para todo del Gran Capit¨¢n Federico Trillo, no es sino un burdo pretexto.