Ayuntamiento y vecinos del edificio Fenosa recurren para evitar el derribo
El nuevo Gobierno coru?¨¦s admite que quiere ganar tiempo para salvar el inmueble
El Ayuntamiento de A Coru?a y la comunidad de propietarios afectada han jugado una de sus ¨²ltimas cartas para intentar evitar el derribo de uno de los inmuebles m¨¢s grandes del centro de la ciudad: presentaron ambos un recurso de s¨²plica contra el ¨²ltimo auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que apremia a cumplir la sentencia, ratificada por el Supremo, que declara ilegal el edificio Conde de Fenosa. Tanto el nuevo gobierno municipal como los due?os del centenar de viviendas, oficinas y locales comerciales que conforman esta edificaci¨®n no solo pretenden ganar tiempo con sus recursos: Est¨¢n convencidos que a¨²n existen v¨ªas legales para evitar la demolici¨®n.
Son ya 12 a?os de litigio judicial y hasta ahora todos los intentos del Ayuntamiento fueron vanos para legalizar la licencia municipal que concedi¨® en 1997 el entonces gobierno local del socialista Francisco V¨¢zquez a la promotora Fadesa para construir, en el solar que acogi¨® durante d¨¦cadas la sede principal de la compa?¨ªa el¨¦ctrica, ese gran edificio residencial.
Demoler el bloque de pisos costar¨ªa 40 millones, seg¨²n los arquitectos
El nuevo edil de Urbanismo, Mart¨ªn Fern¨¢ndez Prado, admiti¨® ayer que ser¨¢ dif¨ªcil que el alto tribunal admita los recursos de s¨²plica. Pero consider¨® que al menos permitir¨¢ ganar "m¨¢s tiempo para seguir explorando nuevas v¨ªas" a fin de solucionar esta inc¨®moda herencia urban¨ªstica. "Los coru?eses no pueden pagar los platos rotos de esta irregularidad", ahond¨® en referencia a la posibilidad de que se le imponga al Ayuntamiento una indemnizaci¨®n "millonaria" que podr¨ªa suponer la bancarrota para las arcas municipales.
Una de esas v¨ªas alternativas podr¨ªa ser la de solicitar la imposibilidad de ejecutar la sentencia que anul¨® la licencia municipal y orden¨® la demolici¨®n del inmueble. Para los magistrados, es ilegal no solo porque permiti¨®, cuando estaba prohibido en el plan de ordenaci¨®n urban¨ªstica de la ciudad, una rehabilitaci¨®n integral para cambiar el uso del solar, sino tambi¨¦n por las excesivas dimensiones de uno de los patios interiores del edificio compuesto por tres bloques as¨ª como por la escasez de plazas de garaje (72) para el centenar de viviendas construidas.
La comunidad de propietarios tambi¨¦n est¨¢ convencida de que existen v¨ªas legales alternativas al derribo. Incluso afirma que la sentencia da pistas sobre la posibilidad de ejecutarla sin llevar a cabo esa demolici¨®n. Cita a modo de ejemplo las torres de Garc¨ªa Barb¨®n en Vigo, "aunque las circunstancias sean distintas" a las del inmueble coru?¨¦s.
Tirarlo abajo no es el ¨²nico proceso que intenta evitar el nuevo gobierno municipal de Carlos Negreira, sino tambi¨¦n evitar sanciones millonarias por desobediencia judicial. El ¨²ltimo auto del Tribunal Superior, con fecha del pasado 27 de mayo y en el que se rechazaban anteriores recursos presentados tanto por el Ayuntamiento, como por los propietarios y la propia Fadesa, advert¨ªa de que en caso de no ejecutarse la orden de derribo, se establecer¨ªa una multa coercitiva, es decir que aumenta por cada d¨ªa que pase sin cumplir el fallo judicial. Los magistrados tambi¨¦n alertaban de que el Ayuntamiento podr¨ªa enfrentarse a responsabilidades penales por este caso, iniciado por la denuncia de un particular. Es un asunto "arrastrado desde hace una d¨¦cada sin que hasta ahora se haya buscado una soluci¨®n para restablecer la legalidad", se quej¨® ayer Mart¨ªn Fern¨¢ndez al apuntar con el dedo a los sucesivos gobiernos municipales del PSdeG. Y defendi¨® que el nuevo ejecutivo local del PP solo ha tenido 24 horas para decidir la presentaci¨®n de un recurso -el plazo acab¨® ayer- que responde a "las recomendaciones" de la asesor¨ªa jur¨ªdica del Ayuntamiento coru?¨¦s. A unos 40 millones de euros ascender¨ªa, seg¨²n c¨¢lculos del Colegio de Arquitectos, ejecutar la orden de derribo del edificio, una alternativa que todos los grupos municipales est¨¢n de acuerdo en tratar de evitar.
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