Cuesti¨®n de Estado

En tiempo de inseguridad, cuando un sistema de poder se cuartea, las reacciones de quienes representan de un modo u otro ese poder tienden a sustituir la dignidad por la prepotencia. En el lenguaje vulgar es lo que significar¨ªa la expresi¨®n cl¨¢sica: "?Usted no sabe con qui¨¦n est¨¢ hablando!". El principio de igualdad ante la norma propio de la democracia se ve reemplazado por un ejercicio impropio de la jerarqu¨ªa, con lo cual quien de ese modo afirma su superioridad destruye la dignitas de que previamente pudiera estar revestido. Tal y como nos recuerda Adcock respecto de la Rep¨²blica romana, "la dignitas del grande no negaba, o no deb¨ªa negar, la libertas del peque?o".

Tres episodios, en principio muy distantes entre s¨ª, han reflejado en fecha reciente esa inclinaci¨®n censurable a olvidar que la propia dignidad implica asumir la libertad de los otros. Nos referimos a la reacci¨®n del presidente del Tribunal Constitucional ante las cr¨ªticas recibidas por la sentencia Bildu, a la del director de la Academia de la Historia ante otras cr¨ªticas, las suscitadas por el Diccionario Biogr¨¢fico, y, en fin, a las dos conocidas patas de banco con que en sendas situaciones de acoso light se manifestaron dos personajes de la familia real.

A veces se olvida que la propia dignidad implica asumir la libertad de los otros

La polvareda que ha envuelto a la Academia de la Historia por el tufo ultramontano de algunas biograf¨ªas de su Diccionario, fue acogida con desd¨¦n e irritaci¨®n por su director, quien, por otra parte, no es un figur¨®n, sino uno de los grandes historiadores en la Espa?a del siglo XX. Lo absurdo es, por un lado, el reflejo autoritario que le lleva a perder el sentido de fina iron¨ªa que le caracterizara y a falsear la personalidad pol¨ªtica del franquista Luis Su¨¢rez, a su juicio un "liberal", de hecho director general de Universidades con aquel ministro Julio Rodr¨ªguez que, en 1973, hasta la muerte de Carrero, emprendi¨® la purga de profesores m¨¢s brutal desde los a?os cuarenta. Por otra parte, Anes debiera haber agradecido que las cr¨ªticas recordasen a la Academia su finalidad inicial de restaurar "la importante verdad de los sucesos, desterrando las f¨¢bulas introducidas por la ignorancia o por la malicia". Y para ello no hab¨ªa otro medio que revisar cuidadosamente sus propias producciones. La RAH est¨¢ justamente por ello hoy en entredicho.

Otro tanto sucede con las recientes actuaciones del Rey y del Pr¨ªncipe heredero en sendos escenarios inc¨®modos. La reacci¨®n del Monarca tuvo lugar en clave borb¨®nica, con ese casticismo que se transmite por herencia: lo del "pino en la barriga" puede ser y es injusto, ya que nadie como Juan Carlos I ha sido respetado tanto por la prensa en el ¨²ltimo siglo. Pero ser¨ªa irrelevante, de no ser seguido por la voluntad de limitar el espacio informativo. Lo es menos la reacci¨®n de don Felipe ante la joven republicana de Pamplona. Despu¨¦s de mostrar una saludable voluntad de di¨¢logo, el Pr¨ªncipe lo clausur¨® de acuerdo con otras ra¨ªces, nada castizas, usando palabras que suger¨ªan la voluntad de humillar a su interlocutora. As¨ª que esta no tuvo "su minuto de gloria", sino que ante todo nos permiti¨® confirmar que la democracia no es solo un conjunto de instituciones, sino un sistema de valores donde el respeto de la dignidad a la libertad resulta b¨¢sico. Recordemos las palabras del sacerdote en referencia al Tamino de La flauta m¨¢gica: "Antes que un pr¨ªncipe, es un hombre".

La reacci¨®n del magistrado Pascual Sala reviste una importancia superior, porque constituye un triste ejemplo del desajuste existente entre una instituci¨®n y la realidad sobre la cual establece sus actuaciones. De entrada, la carne tendr¨ªa que hab¨¦rsele puesto de gallina, a ¨¦l y a su predecesora, ante el hecho lamentable de que el Constitucional ha venido siendo una esponja donde todo se filtra y todo se sabe. En el interminable debate sobre el Estatuto de Catalu?a, las posiciones de los dos equipos, "progresistas" y "conservadores", eran puntualmente filtradas para regresar sobre el Tribunal a modo de bumer¨¢n, una vez agitada a voluntad la opini¨®n p¨²blica. El efecto antiestatal suscitado en la ciudadan¨ªa catalana no pudo ser m¨¢s catastr¨®fico. Sin olvidar el descr¨¦dito reca¨ªdo sobre el juez Arag¨®n, quien entonces y ahora mantuvo su independencia y se convirti¨® en el irreductible, traidor a su bando. No le preocuparon tampoco al juez Sala las declaraciones del diputado Madina y sobre todo del peneuvista Urkullu, al declarar este el ¨¦xito de su presi¨®n indirecta sobre la sentencia. Deberemos aceptar que la mayor¨ªa del TC no se enterara de la circular de Batasuna que en enero explicaba de antemano la t¨¢ctica a seguir (m¨¢s su satisfacci¨®n con ETA), ni de las declaraciones de Bildu ante el tiroteo etarra de Francia, y que para rematar estableciera la distinci¨®n entre Batasuna ilegal y la izquierda abertzale, "corriente" que por un toque m¨¢gico act¨²a al un¨ªsono al establecer las candidaturas, legal.

La consecuencia es clara: m¨¢s all¨¢ de los problemas de renovaci¨®n, es la instituci¨®n misma lo que se representa hoy cuesti¨®n de Estado, una vez que ha provocado otra cuesti¨®n de Estado, de mucha mayor gravedad y dif¨ªcil resoluci¨®n.

Antonio Elorza es catedr¨¢tico de Ciencia Pol¨ªtica.