El ruido y las nueces

Cada vez que se publican los datos de deuda p¨²blica de las Administraciones territoriales saltan las alarmas. A cierre del primer trimestre, la deuda financiera de las Comunidades Aut¨®nomas ha vuelto a crecer hasta los 121.500 millones de euros, mientras que en las corporaciones locales asciende a algo m¨¢s de 37.000 millones. A pesar de su magnitud, estos importes representan menos de una cuarta parte de nuestra deuda p¨²blica total. Y hay que volver a recordar que esta ¨²ltima, en conjunto, equivale a poco m¨¢s del 60% del PIB, uno de los ratios m¨¢s bajos de la Uni¨®n Europea.

Con esta introducci¨®n no queremos simplificar el problema, mucho menos en el estado actual del debate sobre la situaci¨®n de las finanzas p¨²blicas. Es evidente que los diferentes niveles de Gobierno (central, auton¨®mico y local) deben estar alineados en la necesidad de consolidar las cuentas p¨²blicas y ayudar a recuperar la confianza tanto de los inversores, que son en ¨²ltima instancia los que deben financiar nuestra deuda, como tambi¨¦n, y no menos importante, de la ciudadan¨ªa.

Hay que exigir m¨¢s responsabilidad en los presupuestos con escenarios plurianuales

Pero nos gustar¨ªa aclarar algunos conceptos sobre los que se est¨¢ generando una gran confusi¨®n que no hace sino deteriorar la credibilidad de nuestras Administraciones, especialmente de las territoriales. Si esta percepci¨®n no se reconduce, puede seguir aumentando la prima de riesgo del pa¨ªs, que ya est¨¢ padeciendo los costes de tener que financiar la mitad de su d¨¦ficit previsto para este a?o con un diferencial que duplica al del Tesoro.

Para ello es fundamental convencernos de que la contabilidad p¨²blica espa?ola ofrece una imagen m¨¢s fidedigna de nuestra Hacienda de lo que se est¨¢ trasmitiendo. Desde luego, los desequilibrios no son ni despreciables ni sostenibles en el tiempo, y las cifras son muy elocuentes sobre las regiones que presentan mayores desajustes.

La presi¨®n para alcanzar o aproximarse a los objetivos presupuestarios ha podido generar una din¨¢mica de retraso en el reconocimiento de algunas obligaciones de pago, como han denunciado las empresas proveedoras de la Administraci¨®n. Pero en absoluto alcanza las cifras que se reflejan en las especulaciones al uso. Cualquier estimaci¨®n sobre esta magnitud no deja de ser un brindis al sol, si bien, en nuestra opini¨®n, el posible agujero no supondr¨ªa m¨¢s de algunas d¨¦cimas sobre el PIB nacional.

Otra consideraci¨®n bien diferente, y que no debe confundirse con la generaci¨®n de un d¨¦ficit oculto, es el hecho de que se haya acumulado un volumen inquietante de facturas pendientes de liquidaci¨®n. Seg¨²n las cuentas financieras del Banco de Espa?a, las Administraciones territoriales espa?olas ten¨ªan a finales del pasado ejercicio 58.000 millones de euros en facturas sin pagar. A todas luces es una disfunci¨®n del sistema con consecuencias graves sobre el empleo y la actividad en el sector privado que tiene que corregirse. Pero no debe olvidarse que estas facturas est¨¢n contabilizadas y recogidas en el d¨¦ficit reflejado seg¨²n los criterios de Contabilidad Nacional, que son los que se tienen en cuenta para el cumplimiento de los objetivos de estabilidad frente a la Comisi¨®n Europea.

Como tambi¨¦n est¨¢ recogido en las cifras oficiales el desequilibrio de las empresas p¨²blicas que no act¨²an orientadas al mercado o que se consideran meramente instrumentales de la Administraci¨®n. En nuestro pa¨ªs hay una revisi¨®n permanente del per¨ªmetro de consolidaci¨®n de las cuentas de las comunidades aut¨®nomas y me atrever¨ªa a decir que incluso con m¨¢s celo que en algunos de los pa¨ªses que hoy no se ven cuestionados. No se puede negar que la b¨²squeda de una mayor flexibilidad en los procesos de contrataci¨®n y, en ocasiones, de endeudamiento indirecto, ha contribuido a la creaci¨®n de 2.400 entes p¨²blicos dependientes de las comunidades aut¨®nomas o 450 del Gobierno central, magnitudes que hoy parecen tan desproporcionadas como innecesarias.

Pero, de nuevo, hay que relativizar los problemas en su justa medida, porque estos entes explican algo menos de un 15% de la deuda p¨²blica auton¨®mica y su ritmo de crecimiento ha sido menor que el de la Administraci¨®n general. De hecho, el peso de la deuda de empresas p¨²blicas no recogidas en su per¨ªmetro de consolidaci¨®n es cuatro puntos inferior al registrado en 2008. Por lo tanto, quien piense que reduciendo dr¨¢sticamente el n¨²mero de empresas o entes dependientes es suficiente para reconducir el d¨¦ficit hacia los objetivos no es consciente de la verdadera dimensi¨®n ni de la raz¨®n de nuestros desequilibrios, que no reside tanto en la deuda como en la evoluci¨®n del gasto p¨²blico.

Efectivamente, ello obliga a una profunda reflexi¨®n sobre nuestras Administraciones p¨²blicas. Tal vez pudiera ser ¨²til introducir una nueva regla fiscal que acote el crecimiento del gasto p¨²blico, siempre y cuando sea f¨¢cil de trasladar a los diferentes territorios y no genere distorsiones sobre el crecimiento regional o las diferencias de renta per c¨¢pita. Pero, m¨¢s que a?adir complejidad a la normativa de estabilidad presupuestaria, lo que se puede echar en falta es un mayor compromiso en su cumplimiento. En primer lugar, exigiendo m¨¢s responsabilidad en la elaboraci¨®n de los presupuestos con escenarios plurianuales. En segundo lugar, estableciendo mecanismos de cooperaci¨®n o colaboraci¨®n, tanto con otras Administraciones como con el sector privado. Hay un amplio recorrido no explorado en el aprovechamiento de sinergias para alcanzar una mayor eficiencia del gasto p¨²blico. Y por ¨²ltimo, revisando de forma consensuada las f¨®rmulas de proporcionar servicios al ciudadano, lo que no implica necesariamente reducir los esenciales ni disminuir su calidad. Pero en el medio plazo, ofrecer servicios de elevada calidad exige una racionalizaci¨®n y una financiaci¨®n que la tendr¨¢ que asumir o el contribuyente o el usuario.

Jos¨¦ Antonio Herce y C¨¦sar Cantalapiedra son socios de Analistas Financieros Internacionales (AFI) y profesores de la Escuela de Finanzas Aplicadas.