Los l¨ªmites del Gobierno

El Gobierno salv¨® ayer en el ¨²ltimo suspiro el decreto de negociaci¨®n colectiva que incluye las modificaciones establecidas en el Consejo de Ministros del pasado 10 de junio. La abstenci¨®n de CiU y PNV, despu¨¦s de horas de negociaci¨®n que presagiaban un no rotundo, permiti¨® aprobar la norma con los votos del PSOE y a partir de este momento se tramitar¨¢ como proyecto de ley para permitir que se incorporen los acuerdos (si los hay) entre empresarios y sindicatos, o los que puedan cuajar con los partidos pol¨ªticos. Las vicisitudes de la negociaci¨®n colectiva ilustran la debilidad parlamentaria del Gobierno. No hay raz¨®n para que un Ejecutivo adelante las elecciones siempre y cuando disponga de estabilidad en las C¨¢maras; pero las reticencias de CiU y PNV avanzan una etapa parlamentaria tormentosa en la que no se garantiza que el PSOE pueda gobernar hasta marzo de 2012.

El problema del tr¨¢mite parlamentario de la nueva negociaci¨®n colectiva es que ning¨²n grupo supo analizar el contenido del decreto en funci¨®n de los objetivos que persigue, es decir, el de flexibilizar las relaciones entre trabajadores y empresarios para ajustar los costes salariales y la carga de trabajo en funci¨®n de la situaci¨®n objetiva de la empresa. Quienes se oponen al decreto esgrimieron argumentos ret¨®ricos (seg¨²n el PP, el principal problema del decreto es el "espect¨¢culo" que ha dado el Gobierno en la negociaci¨®n con PNV y CiU) y los que dudaban sobre su posici¨®n lo hac¨ªan porque en ¨¦l los convenios estatales prevalecen sobre los auton¨®micos. Sin embargo, el proyecto responde a tres necesidades objetivas: era necesario dar una respuesta a quienes piden, dentro y fuera de Espa?a, una reforma de los convenios para que deje de ser un freno a la supervivencia de las empresas; era urgente moderar la ultraactividad de los convenios y era necesario flexibilizar las cl¨¢usulas de descuelgue, para que los convenios de empresa tengan preeminencia sobre los sectoriales o territoriales.

Visto desde esta perspectiva, el decreto que se convertir¨¢ en proyecto de ley parece m¨¢s bien una norma transitoria, mejor que la legislaci¨®n anterior, pero lejos de las expectativas de quienes entienden que debe acabarse radicalmente con la ultraactividad de los convenios para crear empleo y que el contrato fijo con 20 d¨ªas de despido es la ¨²nica soluci¨®n para ello. La transitoriedad se manifiesta adem¨¢s por la convicci¨®n general de que el PP, si llega a gobernar, actuar¨¢ en l¨ªnea con las exigencias de la CEOE en materia de negociaci¨®n colectiva.

El ministro de Trabajo, agobiado adem¨¢s por la petici¨®n del FMI para que Espa?a abarate el coste del despido y vincule el crecimiento salarial a la productividad, tampoco aclar¨® ayer las dudas sobre la posible inconstitucionalidad del arbitraje obligatorio. Pero s¨ª dej¨® claro que las peticiones del Fondo no son la opci¨®n del Gobierno en los pr¨®ximos meses. Al menos, la sociedad espa?ola tiene muy claro cu¨¢les son los l¨ªmites de este Ejecutivo.