La informaci¨®n oficial no es secreto de Estado

?Cu¨¢les fueron las partidas de gasto m¨¢s significativas de las comunidades aut¨®nomas en 2010? ?A cu¨¢nto asciende la deuda global de las Consejer¨ªas de Educaci¨®n en Espa?a? ?Cu¨¢l es el n¨²mero de militares que han resultado heridos en los ¨²ltimos cinco a?os? Quiz¨¢ la respuesta a estas preguntas les parezca informaci¨®n privilegiada. No deber¨ªa serlo. Al menos si se atiende a la pr¨¢ctica internacional en materia de transparencia administrativa y a las recomendaciones del Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos p¨²blicos.

El hecho de que un periodista o un investigador consigan (a veces) este tipo de datos no es una prueba suficiente de la buena fe del sistema, porque derecho a saber implica que cualquier ciudadano pueda radiografiar las actividades de los organismos p¨²blicos con relativa facilidad.

El Gobierno promete que presentar¨¢ la ley de transparencia antes de agosto

"La opacidad repercute en la calidad democr¨¢tica", dice Gorriar¨¢n

Suecia legisl¨® sobre el acceso a la informaci¨®n en el siglo XVIII

A veces la misma Administraci¨®n tiene problemas con las cifras

Lo defiende el Movimiento 15-M (y cierta dosis de sentido com¨²n) en casi todas sus iniciativas. "Desde el tema de la transparencia en relaci¨®n con los partidos pol¨ªticos hasta la corrupci¨®n", apunta Jos¨¦ Luis Blanco, del grupo de propuestas de Democracia Real Ya. "De todas formas", admite, "lo m¨¢s importante es abrir el debate en la sociedad para que la gente se conciencie a este respecto. De hecho, es lo ¨²nico que podemos hacer". Una cuesti¨®n que los indignados empiezan a plantearse seriamente respecto al derecho a la informaci¨®n de los ciudadanos es la auditor¨ªa independiente de la deuda de las instituciones y de las Administraciones. "Para intentar saber qu¨¦ ha pasado realmente en Espa?a, por qu¨¦ hemos llegado hasta esta situaci¨®n y qu¨¦ se puede hacer", agrega Blanco.

Hay un inconveniente sustancial: Espa?a todav¨ªa no tiene una ley de transparencia, lo que supone una anomal¨ªa en Europa. El martes el pleno del Congreso de los Diputados retom¨® la iniciativa e inst¨® al Gobierno a presentar la norma, que lleva a?os gest¨¢ndose, antes de agosto. Y ayer confirmaban desde el Ministerio de Presidencia la voluntad de hacerlo. Pero es llamativo, seg¨²n juristas y expertos, que los partidos y los grupos parlamentarios, de IU al PP, pasando por el PSOE, aboguen por esta ley y que, sin embargo, a¨²n no se haya aprobado.

Cuesti¨®n de prioridades en tiempos de crisis y de falta recursos y personal, aunque, como recuerda Manuel S¨¢nchez de Diego Fern¨¢ndez de la Riva, docente de Derecho de la Informaci¨®n de la Universidad Complutense de Madrid, "lo urgente no debe hacernos olvidar lo importante". Y en el cap¨ªtulo de las cosas relevantes muchos ciudadanos demandan precisamente mayor transparencia administrativa.

"Antes que nada, hay que aprobar una ley sobre el derecho a la informaci¨®n", razona S¨¢nchez de Diego. "Existe una norma sobre la reutilizaci¨®n de la informaci¨®n p¨²blica", que se queda corta y que "equivale a empezar la casa por el tejado". De todas formas, reconoce que en los ¨²ltimos a?os se han dado pasos significativos, gracias tambi¨¦n al "voluntarismo" de muchos funcionarios.

Es cierto, a este prop¨®sito, que la sociedad espa?ola ha cambiado sus costumbres y con estas ha revisado su escala de valores. Las filtraciones de Wikileaks, las redes sociales, la cultura de los buscadores y un acceso m¨¢s horizontal a la informaci¨®n no son solo una prerrogativa del Movimiento 15-M sino afectan ya a la rutina de la gran mayor¨ªa de familias.

Tanto es as¨ª que cada vez hay m¨¢s iniciativas de "hackers c¨ªvicos" que intentan reunir documentos de inter¨¦s p¨²blico y que, desde luego, no constituyen ning¨²n secreto de Estado. ?Ejemplos? La Coalici¨®n Pro Acceso recogi¨® algunos en la llamada campa?a por las 100 preguntas: un "experimento" a veces desalentador para medir la transparencia de las instituciones. Esto es, nadie logr¨® averiguar, a trav¨¦s de los cauces tradicionales, el organigrama completo de la Direcci¨®n General de Pol¨ªticas de Desarrollo, el presupuesto total del Patronato Ol¨ªmpico de la candidatura Madrid 2016 o el presupuesto de la Presidencia espa?ola de la Uni¨®n Europea. La respuesta siempre fue la misma: "silencio administrativo".

En este contexto, la propuesta de los presidentes de la C¨¢mara y del Senado de publicar el patrimonio, aprobada ayer por el pleno del Congreso, y acotar las compatibilidades de los diputados va de la mano del sentido com¨²n y coincide con una demanda social. As¨ª como los avances de la C¨¢mara Baja para garantizar el acceso a la informaci¨®n, seg¨²n recuerda Francesc Vall¨¨s, parlamentario del grupo socialista y presidente de la Comisi¨®n del Estatuto del diputado. El Congreso, por ejemplo, pone a disposici¨®n de los usuarios de su p¨¢gina web los correos electr¨®nicos de los parlamentarios, lo que no ocurre en todos los pa¨ªses. Una filosof¨ªa que, seg¨²n asegura Vall¨¨s a prop¨®sito de la compatibilidad de cargos, deber¨ªa constituir la hoja de ruta al ser "la mejor f¨®rmula para despejar las dudas y para que no haya problemas".

Las buenas intenciones de la clase pol¨ªtica, sin embargo, no son suficientes. Lo detalla Helen Darbishire, directora ejecutiva de la organizaci¨®n Access Info Europe y miembro de la Coalici¨®n Pro Acceso. "La situaci¨®n es mala, muy mala", comenta. "Espa?a es uno de los pocos pa¨ªses de Europa que a¨²n no tiene una ley de acceso a la informaci¨®n". "Las cosas no van bien", insiste Darbishire, "porque incluso el borrador de la ley al que hemos tenido acceso no obliga a facilitar toda la informaci¨®n y los plazos propuestos para determinados documentos no son satisfactorios (lo razonable ser¨ªan unos 15 d¨ªas)".

Los expertos recuerdan que en Europa Suecia y Noruega son los modelos que cuentan con la legislaci¨®n m¨¢s avanzada al respecto. De hecho, Suecia aprob¨® la primera ley de transparencia en 1766. Pero el acceso a la informaci¨®n est¨¢ hoy reconocido tambi¨¦n por los Gobiernos de Bulgaria, Serbia, Per¨², M¨¦xico, Nigeria o Mongolia.

La experiencia de Carlos Mart¨ªnez Gorriar¨¢n, miembro del Consejo de Direcci¨®n y responsable de Acci¨®n Pol¨ªtica de Uni¨®n Progreso y Democracia (UPyD), confirma esta tendencia. "La opacidad es la norma en lugar de ser la excepci¨®n", relata. Su opini¨®n coincide con la de la mayor¨ªa de expertos en derecho administrativo: "La cuesti¨®n es que la falta de transparencia repercute en la calidad de la democracia, porque facilita la corrupci¨®n, la econom¨ªa sumergida y tambi¨¦n constituye un apoyo indirecto al fraude fiscal".

En las Administraciones locales la situaci¨®n es a veces incluso peor. Mart¨ªnez Gorriar¨¢n asegura que es "casi imposible", por ejemplo, acceder a cierta informaci¨®n de los Ayuntamientos que, se supone, deber¨ªa ser p¨²blica. "Preguntar es visto m¨¢s como una agresi¨®n a la Administraci¨®n que como un derecho", prosigue. Tambi¨¦n estas afirmaciones chocan con el apoyo sin fisuras que, al menos sobre papel, transmiten todas las formaciones pol¨ªticas en torno a una idea m¨¢s o menos vaga de derecho a la informaci¨®n.

Tal vez porque la recomendaci¨®n moral de abogar por la transparencia es tan obvia que la convierte en un derecho olvidado. Severiano Fern¨¢ndez Ramos, catedr¨¢tico de Derecho Administrativo de la Universidad de C¨¢diz, utiliza la palabra "desprecio" para describir esta actitud. "La Constituci¨®n de 1978 ya tuvo el acierto de incluir el derecho de acceso a la informaci¨®n, pero siempre ha sido despreciado", al menos hasta ahora. ?Por qu¨¦? La explicaci¨®n de Fern¨¢ndez es dura aunque cobra sentido cuando se compara la historia reciente de Espa?a con la evoluci¨®n de otros pa¨ªses europeos. En su opini¨®n, se ha llegado a este punto "debido a la relativa falta de arraigo democr¨¢tico". Hoy en d¨ªa, argumenta, "la transparencia es un signo representativo de la democracia de un Estado". Y en este contexto, "el Gobierno central tiene su responsabilidad en los ¨²ltimos lustros, pero tambi¨¦n la tienen las Comunidades Aut¨®nomas, porque cuentan con las competencias suficientes para poder hacer algo al respecto".

En cualquier caso, adem¨¢s de la aprobaci¨®n ley a la que est¨¢ llamado el Ejecutivo, seg¨²n Fern¨¢ndez es fundamental que se establezcan medidas de control para su aplicaci¨®n. "Este es el t¨ªpico ejemplo en que solo la ley no basta. Se necesitan unas pol¨ªticas p¨²blicas para garantizar que se cumpla". Una de las razones radica en la organizaci¨®n misma Administraci¨®n, que a veces tiene dificultad a la hora de buscar informaci¨®n y documentos que le pertenecen.

"Para que funcionen bien los archivos es fundamental trabajar el cap¨ªtulo de la documentaci¨®n", prosigue Fern¨¢ndez. Cuando se redact¨® la Ley de la Memoria Hist¨®rica, por ejemplo, los pol¨ªticos se dieron cuenta de que uno de los problemas de su aplicaci¨®n era precisamente la ubicaci¨®n de la documentaci¨®n y de los archivos b¨¢sicos para el desarrollo de la ley.

Precisamente con este objetivo, para que las Administraciones y sus webs se acerquen a los ciudadanos, trabajan organizaciones como la de Carlos de la Fuente, responsable de Open Data de la Fundaci¨®n CTIC de Gij¨®n. Tambi¨¦n su pulso de la situaci¨®n avala la tendencia general. "En el cap¨ªtulo de la transparencia lo que se est¨¢ haciendo en este momento es muy t¨ªmido. Todas las iniciativas en este sentido son j¨®venes y recientes y se est¨¢ empezando por lo que tiene menos trascendencia pol¨ªtica", cuenta. Estamos hablando de "publicaci¨®n de los mapas con las direcciones de las farmacias u otros tipos de servicios parecidos". Iniciativas insuficientes porque a¨²n nos encontramos muy lejos de "explicar qu¨¦ se hace con el dinero p¨²blico en determinadas partidas de gasto". Y saber d¨®nde, en definitiva, acabar¨¢n los impuestos de los ciudadanos.