238 municipios no informan de sus construcciones ilegales a la fiscal¨ªa
El fiscal de Medio Ambiente quiere depurar responsabilidades por omisi¨®n
Las fiscal¨ªas de Valencia y Castell¨®n denuncian la falta de "disciplina urban¨ªstica" de los Ayuntamientos por no informar de las construcciones ilegales en sus territorios. Una dejadez que ha llevado al fiscal especializado en Medio Ambiente de Valencia a tildar de "inaceptable" el hecho de que haya 238 municipios que no han realizado "ninguna comunicaci¨®n", tal y como recoge la memoria de la Fiscal¨ªa Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo publicada recientemente. La situaci¨®n no mejora en Castell¨®n, aunque la especialista de la secci¨®n ha trasladado el aumento de Consistorios que remiten expedientes. Estos se reducen a Betx¨ª, L'Alcora y Burriana, junto a Segorbe y Borriol, que ya los remit¨ªan.
Tambi¨¦n en Valencia destacan que las entidades locales est¨¢n empezando a dar respuesta a sus requerimientos de que informen sobre los posibles supuestos de construcciones ilegales, pero no es suficiente. El fiscal de Medio Ambiente, Joaqu¨ªn Ba?os, explica que hay dos casos. "Una cosa es que se requiera directamente informaci¨®n y que los Ayuntamientos no contesten, que son pocos, y otra es que incumplan la legalidad vigente y no pongan en conocimiento de la fiscal¨ªa o no adopten las medidas legales oportunas ante el conocimiento de cualquier construcci¨®n ilegal", explica. "Los Ayuntamientos tienen potestad de polic¨ªa urban¨ªstica y si tienen conocimiento de construcciones ilegales es su obligaci¨®n informar a la fiscal¨ªa", dice por su parte la especialista en Castell¨®n, Dolores Ofrecio, quien remiti¨® adem¨¢s sus quejas porque la Administraci¨®n auton¨®mica tampoco env¨ªa informaci¨®n.
Ante esta dejadez, el fiscal de Valencia ha lanzado un mensaje que, dice, es "un aviso a navegantes" y que ha quedado plasmado en la memoria de 2010. "Con los nuevos tipos de prevaricaci¨®n urban¨ªstica omisiva introducidos en el C¨®digo Penal en la reforma de la Ley Org¨¢nica 5/2010, que entr¨® en vigor el pasado mes de diciembre, es intenci¨®n de esta secci¨®n depurar las correspondientes responsabilidades penales derivadas de la inacci¨®n de los Ayuntamientos". Se trata de un nuevo mecanismo para perseguir estas actitudes.
Ba?os recuerda que en 2008 instaron a todos los Ayuntamientos a remitir un listado de los expedientes sancionadores incoados por construcciones en suelo no urbanizable desde diciembre de 2004. "Poco a poco van contestando", asegura. De hecho, el 90% de las diligencias abiertas por la propia fiscal¨ªa en 2010 corresponden a supuestos de ordenaci¨®n del territorio a ra¨ªz de esta iniciativa. Tambi¨¦n se ha pasado de dos sentencias condenatorias en 2009 a 20 en 2010.
Aviso a navegantes a tres a?os vista
El aviso a navegantes de depurar responsabilidades a ra¨ªz de la modificaci¨®n del C¨®digo Penal que introduce la consideraci¨®n de delito la prevaricaci¨®n urban¨ªstica por omisi¨®n no tendr¨¢ resultados al menos hasta dentro de tres a?os. Seg¨²n explica el especialista de Medio Ambiente de la Fiscal¨ªa de Valencia, Joaqu¨ªn Ba?os, "el cambio entr¨® en vigor en diciembre del pasado a?o, por lo que ahora se establecen nuevos plazos para que los Ayuntamientos trasladen las posibles infracciones". "Hasta dentro de dos o tres a?os no podremos constatar si han cumplido o no", sostiene.
La principal novedad de esta reforma, en cuanto a prevaricaci¨®n urban¨ªstica, se introduce con la modificaci¨®n del art¨ªculo 320 en el que se establecen penas de hasta cuatro a?os para las autoridades o funcionarios que "silencien las infracciones u omitan la realizaci¨®n de las inspecciones obligatorias". La reforma otorga a los fiscales un nuevo instrumento para perseguir estos delitos.
No obstante, la Fiscal¨ªa de Valencia admite que faltan medios para llevar a cabo una completa inspecci¨®n de los Consistorios. "Lo positivo es que a hora tenemos un instrumento para poder castigar la inacci¨®n", afirm¨®. As¨ª, explica que en esta ocasi¨®n no realizar¨¢n un requerimiento general. "Lo de 2008 fue excepcional, los Ayuntamientos saben que tienen que informar y son conscientes de que la fiscal¨ªa est¨¢ detr¨¢s", manifest¨®.
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