S¨ª, pero no

El pasado 22 de junio se someti¨® a votaci¨®n en el Congreso la convalidaci¨®n del decreto sobre reforma de la negociaci¨®n colectiva. Pero la impericia del Gobierno propici¨® que con el voto se dilucidara otra cuesti¨®n: su propia supervivencia. Tanto el PP como los nacionalistas hab¨ªan decidido el d¨ªa anterior abstenerse respecto del decreto y promover su posterior tramitaci¨®n como ley. Sin embargo, una vez hubieron percibido que el Gobierno mismo vinculaba su suerte a la aprobaci¨®n del decreto, empez¨® el baile. Los tres grupos pasaron al voto negativo, pero vascos y catalanes, tras bailar con los populares la mayor parte de la sesi¨®n, terminaron cambiando de pareja en el ¨²ltimo instante y retornaron a la abstenci¨®n, previo pago por el Gobierno de un alto precio sin reparar en sus consecuencias; como los que se entregan cuando se est¨¢ entre la bolsa o la vida.

Esta reforma de la negociaci¨®n colectiva no crea empleo, solo refuerza al patr¨®n y debilita al trabajador

Urdir cambalaches que aprovechan a quienes siempre barren para casa envilece la pol¨ªtica

El decreto aprobado en el Consejo de Ministros ya empeor¨® el borrador que unas horas antes se hab¨ªa comentado con los sindicatos, de tal forma que los patronos tendr¨¢n, entre otras prerrogativas, las de aplicar en sus empresas salarios por debajo del sueldo base fijado en el convenio sectorial de referencia, pagar menos por las horas extraordinarias, redistribuir la jornada laboral y las vacaciones, adaptar a su antojo el sistema de clasificaci¨®n profesional y las modalidades de contrataci¨®n; segmentar a las plantillas con convenios por franjas de empleados, lo que se traducir¨¢ en modificaciones regresivas de las condiciones de trabajo. Y si tenemos en cuenta que el 92% de las empresas espa?olas tienen menos de 50 trabajadores podemos imaginar el desequilibrio de fuerzas a favor del empresario que la reforma va a comportar.

Abaratando costes salariales y endureciendo las condiciones de trabajo, podr¨¢n algunas empresas elevar la productividad por cabeza ocupada, pero raramente optar¨¢n por crear ni un solo empleo m¨¢s, y menos a¨²n mejorar¨¢n la productividad por hora trabajada con nuevas inversiones de capital, que es la que a fin de cuentas nos procurar¨¢ una competitividad m¨¢s solvente y sostenible, ya que las ganancias de competencia en precios son un espejismo que se difumina cada vez m¨¢s r¨¢pidamente en un mercado mundializado al que acceden pa¨ªses emergentes con precios y salarios m¨¢s ventajosos. En definitiva, no es una reforma equilibrada que dota de mayor flexibilidad interna a las empresas a cambio de mayor participaci¨®n de los trabajadores, sino una clara desregulaci¨®n de las condiciones laborales, que descuartiza la negociaci¨®n colectiva y fragiliza los derechos. Un nuevo destrozo que se suma al de la reforma laboral del a?o pasado, que enlugar de empleos sigue produciendo precariedad laboral, y basado tambi¨¦n en falsos estereotipos sobre la rigidez de nuestras instituciones laborales machaconamente agitados.

El descuelgue salarial es posible en Espa?a desde hace 30 a?os, con m¨¢s amparo legal en el Estatuto de los Trabajadores que las cl¨¢usulas de revisi¨®n salarial, basta con una m¨ªnima acreditaci¨®n por parte del empresario sobre las dificultades econ¨®micas de su empresa, y que la Comisi¨®n de Seguimiento del Convenio en el que est¨¦ encuadrada lo avale, es decir, con elementales dosis de transparencia y participaci¨®n de los afectados. Ni por el derecho laboral vigente ni por hechos constatables se puede presentar una sola empresa que haya tenido que cerrar porque le obligaran a pagar salarios inasumibles; sin embargo, s¨ª son habituales los casos de plantillas enteras que aceptan congelaci¨®n y/o reducciones de sus salarios durante uno o m¨¢s ejercicios para evitar la quiebra de la empresa y p¨¦rdidas de empleo, aunque tales sacrificios hayan sido defraudados en m¨¢s de una ocasi¨®n.

La racionalizaci¨®n de la estructura de la negociaci¨®n colectiva para articularla mejor entre las empresas y los sectores la pactaron aut¨®nomamente las confederaciones patronales y sindicales en 1997; pero las propias c¨²pulas empresariales de la ¨¦poca reconocieron sus dificultades para sortear los intereses creados de sus sectoriales y territoriales en los viejos convenios provinciales. Tambi¨¦n entonces acordaron la Soluci¨®n Extrajudicial de Conflictos Colectivos, dot¨¢ndose de un Servicio de Mediaci¨®n y Arbitraje y renovando sus criterios de funcionamiento puntualmente cada cuatro a?os, de forma tal que all¨ª donde se aplica, m¨¢s en empresas que en sectores, no hay que esperar 8 ni 14 meses para superar bloqueos negociales como impone la reforma recientemente decretada, sino cinco desde la constituci¨®n de las mesas de negociaci¨®n.

Durante el reciente proceso de di¨¢logo social abortado por la actual direcci¨®n de la CEOE han rechazado la propuesta de CC OO y UGT de darle eficacia directa a dicho acuerdo para que pudiera extenderse sin m¨¢s dilaci¨®n a todos los sectores y territorios, ya que son sus patronales afiliadas las que en importantes ramas de actividad se siguen negando a los procesos de mediaci¨®n y arbitraje voluntarios.

Ahora el Gobierno le ha puesto a su alcance un arbitraje obligatorio (posiblemente inconstitucional), con tal de zafarse de su deber de negociar durante unos cuantos meses. Ese deber, esencial en unas relaciones laborales democr¨¢ticas, se sustancia precisamente gracias a la ultractividad de los convenios, para que ni el empresario crea que puede hacer tabla rasa de las condiciones fundamentales de trabajo acordadas libremente cada vez que vence el convenio, ni los representantes sindicales se atrincheren en demandas desmedidas sin asumir la responsabilidad de la congelaci¨®n salarial de sus representados.

Pero el colmo ha sido ceder ante los grupos nacionalistas que los convenios auton¨®micos puedan prevalecer sobre los nacionales. De un plumazo se rompe la unidad de mercado, se introduce una considerable inseguridad para inversores propios y for¨¢neos, pueden convertir en papel mojado los Acuerdos Interconfederales que tan decisivos han sido para moderar el crecimiento de los salarios y suponen un injustificable debilitamiento de la capacidad contractual de las grandes centrales sindicales m¨¢s representativas y democr¨¢ticas, UGT y CC OO, quienes por cierto siempre han sido y son vectores de primer orden en la vertebraci¨®n social y econ¨®mica de nuestro pa¨ªs.

De la magnitud del desaguisado nos ha dado una idea el portavoz del grupo nacionalista vasco cuando ha venido a decir que jam¨¢s hab¨ªa so?ado con obtener una reivindicaci¨®n tan hist¨®rica del nacionalismo tan f¨¢cilmente. El m¨¢s dif¨ªcil todav¨ªa le rebota al candidato socialista, ya que sin un serio y verificable compromiso de rectificar estos dislates no tendr¨¢ f¨¢cil recabar apoyos entre las afiliaciones de UGT y CC OO sin que parezca probable que pueda compensarlos con el de los sindicatos ELA-STV, pr¨®ximo al PNV, y el abertzale LAB. Por otra parte, a quienes piden mejorar la democracia se les responde, m¨¢s all¨¢ de algunas palabras complacientes, con su deterioro donde m¨¢s les duele, en el espacio donde se ventilan sus condiciones de vida y de trabajo, en la negociaci¨®n colectiva, que a fin de cuentas es el corolario de la democracia industrial.

Pactar para arrimar el hombro ante retos comunes engrandece a la pol¨ªtica, pero urdir cambalaches que aprovechan a quienes siempre barren para casa la envilece. Por no hacerles el juego a estos ¨²ltimos y por lealtad al Gobierno que apoyo, vot¨¦ la convalidaci¨®n del decreto aun estando en contra; pero a la vista del apa?o final, que no conoc¨ª hasta despu¨¦s de la votaci¨®n, y convencido de que no servir¨¢ para salir del bache econ¨®mico y de que a¨²n acentuar¨¢ m¨¢s el fracaso pol¨ªtico, quiero dejar claro mi rotundo no.

Antonio Guti¨¦rrez Vegara es presidente de la Comisi¨®n de Econom¨ªa del Congreso.