Ning¨²n ente p¨²blico fiscaliza las cuentas de la SGAE

No solo las cuentas de la SGAE est¨¢n en entredicho. El problema a?adido es que ning¨²n organismo p¨²blico, ni estatal ni auton¨®mico, las fiscaliza desde hace 12 a?os. La raz¨®n en que se amparan los distintos entes para esa dejaci¨®n es una sentencia del Tribunal Constitucional de noviembre de 1997, que atribuy¨® las competencias de fiscalizaci¨®n de las entidades de gesti¨®n de derechos, entre las que se encuentra la SGAE, a las comunidades aut¨®nomas.

El Ministerio de Cultura se agarra a ese fallo para eximirse de cualquier responsabilidad sobre el control de los balances de la SGAE que, en virtud de la Ley de Propiedad Intelectual, en su redacci¨®n actual, le corresponder¨ªa. En efecto, el art¨ªculo 159 de esa ley establece que "el Ministerio de Cultura podr¨¢ exigir a las entidades de gesti¨®n cualquier tipo de informaci¨®n, ordenar inspecciones y auditor¨ªas y designar un representante que asista con voz pero sin voto a sus asambleas generales, consejos de administraci¨®n u ¨®rganos an¨¢logos".

Pero fue precisamente ese art¨ªculo el recurrido tanto por Catalu?a como por el Pa¨ªs Vasco. Y pese a que el Constitucional les dio la raz¨®n, atribuyendo las competencias a las autonom¨ªas, nadie se preocup¨® desde entonces de modificar la redacci¨®n del art¨ªculo, pese a los sucesivos cambios que ha sufrido esta ley (el ¨²ltimo en marzo pasado) desde su promulgaci¨®n en 1996.

Potestad de disoluci¨®n

El PP discrepa de la interpretaci¨®n de Cultura y entiende que, aunque los registros de las entidades hayan sido transferidos, el control de las actividades de la SGAE le sigue correspondiendo a Cultura.

Para enredar m¨¢s la madeja, Cultura mantiene la potestad de retirar la autorizaci¨®n a cualquier entidad de gesti¨®n as¨ª que, con la ley en la mano, podr¨ªa ordenar la disoluci¨®n de la SGAE si no le convence su actuaci¨®n.

Aunque desde 1998 los balances de la SGAE no sean fiscalizados, la Agencia de Evaluaci¨®n de Calidad (Aeval), dependiente del Ministerio de Administraciones P¨²blicas, ha emitido informes de la actividad de las entidades de gesti¨®n de los ejercicios 2007 y 2008. En los mismos, se criticaba el "oligopolio" de las entidades y se llamaba la atenci¨®n de aspectos como la escasa transparencia de los criterios de reparto de derechos entre los socios o el destino de los derechos "hu¨¦rfanos" que nadie reclama, pero salvaba en l¨ªneas generales la gesti¨®n.

Tampoco encontr¨® salvedades KPMG, el auditor privado de las cuentas de la SGAE en su informe de las cuentas de 2010.