La nueva financiaci¨®n castiga a quien peor gestiona la dependencia

Este a?o las comunidades se repartir¨¢n 283 millones de euros para financiar la Ley de Dependencia. Es solo una parte de lo que reciben, el llamado nivel acordado. La cantidad es la misma que en 2010, pero los criterios de distribuci¨®n han cambiado. Ahora se prima, sobre todo, la agilidad en la gesti¨®n, es decir, el n¨²mero de dependientes que ya tienen concedida una ayuda o la cantidad de solicitantes a los que se les ha calificado con alg¨²n grado de dependencia; tambi¨¦n los servicios prescritos, en contra de las ayudas econ¨®micas. Las comunidades que mejores cifras presenten en estos cap¨ªtulos reciben m¨¢s dinero.

Con los nuevos criterios de reparto, recogidos en el Bolet¨ªn Oficial del Estado, la Comunidad Valenciana es la que m¨¢s ha perdido: recibir¨¢ 4,5 millones menos que en 2010; despu¨¦s Galicia y Madrid, que pierden 2,5 y 2,3 millones respectivamente; y despu¨¦s Canarias, Catalu?a y Asturias. Ganan Andaluc¨ªa (m¨¢s de nueve millones), Murcia (1,3), Castilla-La Mancha (1) y Cantabria (633.000 euros).

El criterio con m¨¢s peso es el n¨²mero de personas con ayuda ya concedida

El reparto ya no prima la poblaci¨®n "potencialmente" dependiente

En los primeros a?os de la ley este dinero se repart¨ªa siguiendo unos criterios provisionales, que primaban la "poblaci¨®n potencialmente dependiente". Ese factor ten¨ªa un peso de un 55% y ahora solo de un 20%. Para hallar la poblaci¨®n potencialmente dependiente se tiene en cuenta sobre todo el envejecimiento de la poblaci¨®n. Esa es la raz¨®n por la cual Castilla y Le¨®n, que presenta unos buenos resultados de gesti¨®n de la ley, haya salido un poco perjudicada con el nuevo reparto, porque tiene una poblaci¨®n muy envejecida.

El otro cambio significativo es el de los programas individuales de atenci¨®n, que antes pesaban un 18,9% y ahora un 53,9%. Decir programas individuales de atenci¨®n es lo mismo que decir personas con la ayuda concedida. Este es ahora el criterio que m¨¢s pesa de todos.

Las comunidades son las que aprobaron estos nuevos criterios de reparto, y ellas son las que remiten al Gobierno cada mes sus propios datos de gesti¨®n. En todo caso, este an¨¢lisis de la gesti¨®n de la ley en las autonom¨ªas coincide con otros estudios, como el recientemente publicado por la Asociaci¨®n Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Estos 283 millones se dividen en tres apartados, el fondo general (que se lleva el 80% del total), el fondo de compensaci¨®n (10%) y el fondo de cumplimiento de acuerdos (10%). Es en el fondo general donde se tienen en cuenta los criterios antes se?alados y otros, como la superficie de la comunidad, la dispersi¨®n de los habitantes (donde Galicia se lleva la palma) o la insularidad. Pero el peso de estos factores es muy peque?o.

El fondo de compensaci¨®n tiene en cuenta la renta per c¨¢pita y la media de las pensiones que se cobran (Asturias gana en este apartado), as¨ª como el n¨²mero de emigrantes retornados o el coste de los servicios en cada comunidad. Y el fondo de cumplimiento de acuerdos, como su nombre indica, pretende compensar lo que cada Administraci¨®n dedica a, por ejemplo, la formaci¨®n de los cuidadores de personas dependientes o la redacci¨®n de normativa regional donde recoger los acuerdos suscritos.

Calcular la poblaci¨®n potencialmente dependiente no es f¨¢cil, por eso se toma la edad como indicador aproximado. Pero se entend¨ªa que, pasado un rodaje, la ley ir¨ªa arrojando cifras incontestables de personas con dependencia, de la edad que fuera. Y por eso el criterio de poblaci¨®n "potencialmente" dependiente ha perdido peso en favor de la poblaci¨®n realmente dependiente, la que figura en las listas oficiales.