El PSOE denuncia que el PP rechaza pactar 26 cargos institucionales pendientes

"No quiero dejar de lamentar la experiencia de la ¨²ltima renovaci¨®n tard¨ªa del Tribunal Constitucional en el Senado y que ese retraso se pueda repetir en esta C¨¢mara, un retraso ya excesivo, inadmisible (...) Espero que en los pr¨®ximos d¨ªas, o en pocas semanas, seamos capaces de asumir nuestra responsabilidad y alcancemos un consenso suficiente para la renovaci¨®n del Tribunal Constitucional", asegur¨® el presidente del Gobierno, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, en el discurso con el que abri¨® el debate sobre el estado de la naci¨®n el 18 de junio.

Poco despu¨¦s hubo solo una llamada del responsable de Justicia e Interior del PP, Federico Trillo, al vicepresidente primero, Alfredo P¨¦rez Rubalcaba. En la breve conversaci¨®n no se avanz¨® ni un mil¨ªmetro de los contactos que han mantenido Gobierno y PP para intentar renovar el Constitucional desde noviembre.

La candidatura de Enrique L¨®pez bloquea todos los dem¨¢s puestos

El PP se reserva para negociar en el futuro con CiU, PNV y CC

En este momento, la falta de acuerdo entre el PSOE y el PP mantiene bloqueadas cuatro instituciones constitucionales desde hace meses, y todo parece indicar que seguir¨¢n as¨ª hasta la siguiente legislatura. Al menos as¨ª lo creen fuentes del Gobierno y del PSOE, resignados a que dichas renovaciones, que afectan a 26 cargos, no se produzcan hasta despu¨¦s de las elecciones. Adem¨¢s de los cuatro magistrados del Constitucional que deb¨ªa haber nombrado el Congreso el pasado noviembre, quedan pendientes de renovaci¨®n la mitad del Consejo de RTVE, la totalidad del Tribunal de Cuentas y el titular del Defensor del Pueblo. La situaci¨®n se agrav¨® la semana pasada con la dimisi¨®n de Alberto Oliart como presidente de la corporaci¨®n de RTVE. Todos esos nombramientos requieren el acuerdo de los dos grandes partidos, porque precisan mayor¨ªas cualificadas de dos tercios. En esta legislatura solo ha sido posible renovar el Consejo General del Poder Judicial -aunque con dos a?os de retraso-, a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional en el Senado y al presidente de RTVE.

El caso m¨¢s evidente es el del Constitucional, que est¨¢ pendiente del nombramiento de cuatro magistrados por parte del Congreso de los Diputados. El acuerdo se ha entorpecido hasta ahora por el inter¨¦s del PP en mantener las actuales mayor¨ªas en la resoluci¨®n de recursos contra leyes clave de la anterior legislatura. Por ejemplo, el Estatuto de Catalu?a en su momento, y ahora la ley del aborto y la de matrimonios entre personas del mismo sexo, entre otros textos legales.

El PSOE sospecha que adem¨¢s el PP pretende retrasar ahora todas las renovaciones para despu¨¦s de las elecciones generales, ya que las expectativas muestran que tendr¨¢ mayor¨ªa suficiente para imponer un reparto favorable a sus intereses. Y, adem¨¢s, reservarse la posibilidad de utilizar en las negociaciones de posibles acuerdos de Gobierno con CiU, PNV y CC la presencia de estos partidos en esas instituciones.

Para ello, los populares han utilizado como clave de b¨®veda el nombre de Enrique L¨®pez como candidato al Tribunal Constitucional, sabiendo que el PSOE no puede aceptarle, y como f¨®rmula para bloquear todos los dem¨¢s nombramientos. Por ejemplo, el del Defensor del Pueblo, vacante desde hace un a?o, qued¨® pendiente de una conversaci¨®n entre Zapatero y Rajoy de la que nadie en el entorno del presidente y el l¨ªder de la oposici¨®n tiene constancia. Fuentes del PP, por ejemplo, niegan que el Gobierno les hubiera sondeado sobre el nombre de Francisco V¨¢zquez, aunque el exalcalde de A Coru?a y antiguo embajador en el Vaticano dijo p¨²blicamente que fue vetado por sectores del PSOE.

Fuentes del Gobierno aseguran que siguen rechazando a L¨®pez y que para el Constitucional ha estado sobre la mesa el nombre del fiscal general del Estado, C¨¢ndido Conde-Pumpido, pero se inclinan por no proponerlo ya que tendr¨ªa que abstenerse en asuntos en los que ha participado, como los relacionados con la Ley de Partidos. Adem¨¢s, el Gobierno no quiere abrir en este momento el mel¨®n de la fiscal¨ªa, a pocos meses de las elecciones, aunque el nombre de Conde-Pumpido se ha barajado tambi¨¦n para la Secretar¨ªa General de la Red Iberoamericana de Cooperaci¨®n Jur¨ªdica Internacional, IberRed.