Otra SGAE

Si hace tiempo que era evidente que la gesti¨®n de los derechos de autor deb¨ªa revisarse a fondo, el desmantelamiento de una presunta trama corrupta y la imputaci¨®n a altos directivos de la SGAE de delitos por apropiaci¨®n indebida y administraci¨®n fraudulenta imponen urgencia a esta revisi¨®n. Y no solo por higiene societaria. Tambi¨¦n porque los autores han de tener mecanismos para defender sus leg¨ªtimos derechos, unos mecanismos claros en su concepci¨®n y transparentes en su gesti¨®n. No tendr¨ªa ning¨²n sentido que se aprovechara la depuraci¨®n de responsabilidades para fragilizar la ya de por s¨ª dif¨ªcil gesti¨®n de los derechos de propiedad intelectual en el nuevo mundo tecnol¨®gico.

Los abusos y deficiencias del actual sistema hab¨ªan sido documentados por organismos p¨²blicos nada afectos a discursos l¨ªricos sobre la pirater¨ªa. Ahora los actuales gestores de la SGAE tienen ante s¨ª una tarea descomunal. Deben poner orden y transmitir confianza. Y una de sus urgencias deber¨ªa ser cambiar un sistema electoral que el propio juez que lleva el caso ve, como m¨ªnimo, oscuro, y que da derecho de voto apenas a 8.000 de los 100.000 socios.

Parece obvio que fallaron los controles por parte del Gobierno, que ha esgrimido excusas competenciales para eludir su responsabilidad respecto a lo ocurrido en la SGAE, la entidad de gesti¨®n de autores m¨¢s importante de Espa?a, y excusar la desidia de su gesti¨®n. Tiene, por ejemplo, dormida una imprescindible revisi¨®n de la Ley de Propiedad Intelectual, que requiere m¨¢s que una actualizaci¨®n. La mayor parte de los grupos parlamentarios pidi¨® ayer a la ministra de Cultura, ?ngeles Gonz¨¢lez-Sinde, una reforma profunda de dicha ley.

Y esa misma dejadez provoca situaciones como la de esta semana. En febrero, el PSOE obtuvo el apoyo del PP para proseguir con la llamada ley Sinde a cambio de una reforma del canon digital para adaptarlo a la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, que lo hab¨ªa rechazado por estimar que es abusivo obligar a pagar a Administraciones y empresas. La Audiencia Nacional, adem¨¢s, sentenci¨® que la orden ministerial que establec¨ªa las tarifas conten¨ªa un "vicio radical". A pesar de todo ello, el Gobierno no hizo a tiempo la enmienda y el PP ha presentado esta semana una proposici¨®n no de ley, que votaron el resto de grupos, incluido el socialista, por el que debe sustituirse el canon "por otras f¨®rmulas menos arbitrarias" de remuneraci¨®n.

Lo esperp¨¦ntico del asunto es que el PSOE interpreta esa proposici¨®n como la necesaria revisi¨®n del canon, mientras el PP considera que supone su supresi¨®n. A la incuria socialista se suma la demagogia del PP, que no detalla las alternativas. Uno de los temas que deber¨ªa aclarar el PP es qu¨¦ pasa con la copia privada si desaparece toda compensaci¨®n, algo que si sucede en el mundo anglosaj¨®n es precisamente porque no se permite la copia privada. Los cambios en los usos digitales provocan la r¨¢pida obsolescencia normativa y los partidos, sobre todo si est¨¢n en el Gobierno, deber¨ªan responder a ella.