El PP cuestiona que la Justicia sea auton¨®mica
Murcia y Castilla-La Mancha rechazan asumir esta competencia y Madrid estudia devolverla
La crisis econ¨®mica y el cambio de color pol¨ªtico en la mayor¨ªa de las comunidades tras el 22-M -el PP ya gobierna en 14 de las 17 autonom¨ªas-, ha reabierto el debate sobre el Estado de las Autonom¨ªas. Tres comunidades del PP plantean que la Justicia, una competencia que absorbe muchos recursos y da escaso r¨¦dito electoral, no debe ser auton¨®mica: Murcia y Castilla-La Mancha rechazan asumir su gesti¨®n y Madrid se plantea devolverla.
Los populares dieron un primer paso en este sentido al se?alar la grave situaci¨®n de las cuentas auton¨®micas, de la que responsabilizan al PSOE, para justificar futuros recortes de servicios regionales. Ahora varias comunidades gobernadas por el PP piden rebajar las competencias auton¨®micas que m¨¢s merman sus arcas en plena crisis.
"No son tiempos de mudanza", justifica Cospedal para rechazar la gesti¨®n
Murcia y Castilla-La Mancha -dos comunidades se?aladas por el Gobierno central porque ya en marzo hab¨ªan utilizado el grueso del margen de d¨¦ficit fijado por el Ministerio de Hacienda para todo 2011- se han escudado en la crisis para no tener que asumir ahora las competencias en materia de Justicia, pese a que ¨¦stas van acompa?adas de m¨¢s dinero para las arcas regionales. E incluso la Comunidad de Madrid, una de las que mejor han cumplido los objetivos de d¨¦ficit en 2011, se plantea renunciar a esas competencias, que tiene desde hace ocho a?os.
La presidenta madrile?a, Esperanza Aguirre, ya lo sugiri¨® el 8 de julio, cuando en una conferencia en FAES pidi¨® un pacto de estado entre PP y PSOE para recortar competencias auton¨®micas. All¨ª se le uni¨® la nueva presidenta de Arag¨®n, Luisa Fernanda Rudi.
"Yo he multiplicado por cinco el presupuesto de Justicia durante estos a?os, sin que eso haya supuesto m¨¢s eficacia en la gesti¨®n", justific¨® Aguirre. Desde entonces, su Gobierno ha dado otros pasos en esa direcci¨®n. La nueva consejera de Presidencia y Justicia, Regina Pla?iol, ha creado una comisi¨®n mixta con el Tribunal Superior de Justicia, que debe elaborar una radiograf¨ªa de la situaci¨®n antes de octubre. El objetivo es "hacer una reflexi¨®n sobre porqu¨¦ la importante aportaci¨®n en recursos materiales, tecnol¨®gicos, humanos y presupuestarios realizados por el Gobierno auton¨®mico no han visto un reflejo en las expectativas de los ciudadanos respecto a la Justicia", explica la consejera. Esto permitir¨¢ al Gobierno madrile?o decidir este oto?o si puede solucionar la situaci¨®n o si debe plantear al Ejecutivo de Zapatero la devoluci¨®n de la gesti¨®n. En ese caso, deber¨¢, adem¨¢s de lograr un acuerdo con ¨¦l, reformar el Estatuto de Autonom¨ªa, donde est¨¢n establecidas las competencias y necesitar¨¢ de la oposici¨®n (ahora el PSOE) para alcanzar la mayor¨ªa necesaria.
Esta comunidad ya tuvo que paralizar el a?o pasado la Ciudad de la Justicia, un macroproyecto de 15 majestuosos edificios, que ten¨ªa previsto centralizar los juzgados de la capital en una misma sede, por falta de fondos para sufragar las obras.
Mientras, el presidente de la Regi¨®n de Murcia, Ram¨®n Luis Valc¨¢rcel (PP), ha decidido aparcar el traspaso de Justicia, que deb¨ªa sellarse el 31 de julio, hasta que amaine la crisis, seg¨²n revel¨® ayer el diario La Verdad. La situaci¨®n financiera auton¨®mica, con una deuda de 2.106 millones de euros (7,4% del PIB regional), explican el frenazo, seg¨²n el Gobierno murciano, pese a que estaba previsto el trasvase de 70 millones. Valc¨¢rcel no puede culpar al Gobierno anterior de la situaci¨®n econ¨®mica, como han hecho este ¨²ltimo mes algunas de las nuevas comunidades gobernadas por el PP, porque lleva 16 a?os al frente de la regi¨®n. Pero Murcia no est¨¢ nada boyante, aunque solo admite pagos pendientes a proveedores por valor de 1.000 millones, la mitad de lo que denuncia el PSOE, all¨ª en la oposici¨®n.
Tambi¨¦n la nueva presidenta de Castilla-La Mancha, Dolores de Cospedal, que adem¨¢s es la secretaria general del PP, anunci¨® ayer que no es el momento "m¨¢s apropiado" para consumar el traspaso de las competencias a su comunidad. "Teniendo en cuenta la situaci¨®n econ¨®mica del pa¨ªs y de Castilla-La Mancha, este proceso va a tener que ir en sus tiempos", afirm¨®. "No lo descartamos, pero no son tiempos de mudanza".
Castilla-La Mancha no gestiona a¨²n esta materia porque el expresidente socialista Jos¨¦ Mar¨ªa Barreda no logr¨® cerrar un acuerdo econ¨®mico con el Gobierno Central para asumirla. En el contexto de precariedad econ¨®mica que ha denunciado la nueva presidenta manchega tras el 22-M -m¨¢s de 7.455,7 millones de euros de deuda y 2.606,7 millones de euros en facturas y obligaciones pendientes-, aumentar las competencias, que van unidas al mantenimiento de sedes judiciales, funcionarios y otros cap¨ªtulos de gasto, supone reducir a¨²n m¨¢s el presupuesto regional. Adem¨¢s, cuando apenas quedan ocho meses para las elecciones generales, si es que no hay adelanto, Murcia y Castilla-La Mancha prefieren esperar para mejorar las condiciones del traspaso, ya que previsiblemente tendr¨ªan que negociar con un Gobierno de su propio partido.
La descentralizaci¨®n
- El proceso de descentralizaci¨®n de las competencias de Justicia se inici¨® en 1988 con el Pa¨ªs Vasco. Le siguieron Catalu?a (1990), Galicia (1995), Comunidad Valenciana (1996), Andaluc¨ªa (1997), Navarra (1999), Madrid (2003), Asturias (2006), Cantabria (2008), y La Rioja (2011)
- Baleares, Castilla y Le¨®n, Castilla- La Mancha, Extremadura, y Murcia no disponen de los traspasos.
- Murcia, que preve¨ªa asumir las transferencias de Justicia el pr¨®ximo 31 de julio, no lo har¨¢. El traspaso le supondr¨ªa a las arcas regionales un coste anual de 70 millones de euros, el pago inicial de 5,5 millones y la creaci¨®n de una oficina judicial.
- El mayor n¨²mero de litigios se dio en 2010 en Andaluc¨ªa (230 causas por juzgado al a?o), seguida de Madrid (223), Canarias (212), Murcia (207), Comunidad Valenciana (207), Baleares (205) y Cantabria (200). Los tribunales de La Rioja (136) y el Pa¨ªs Vasco (141) registraron el menor n¨²mero de pleitos.
- Los juzgados m¨¢s sobrecargados en 2010 fueron los de Castilla-La Mancha, Murcia, Comunidad Valenciana, Baleares y Canarias. Los menos, Pa¨ªs Vasco, Arag¨®n y Navarra.
- Los juzgados de lo Penal m¨¢s congestionados fueron los de Castilla-La Mancha, La Rioja, la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares.
- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) propone la creaci¨®n de 432 nuevas plazas para tratar de solucionar la saturaci¨®n de los juzgados espa?oles. 122 de ellas en Andaluc¨ªa, 59 en Catalu?a, 51 en Madrid y 63 en la Comunidad Valenciana.
- En 10 a?os, los asuntos en los Juzgados de Primera Instancia, Social, Mercantil y Contencioso-Administrativo se han incrementado en un 150%. Los jueces, en cambio, solo han crecido un 21%. Se ha pasado, de 3.917 en 1999, a 4.711 en 2010 para una entrada de millones de asuntos al a?o. Esta situaci¨®n de desequilibrio ha sido denunciada por las asociaciones de jueces.
- La Generalitat valenciana renunci¨® en junio a abrir 15 nuevos juzgados pese a tener transferidas las competencias y a ser la segunda comunidad con m¨¢s necesidades judiciales (cada juzgado registra una entrada de 1.500 asuntos, cuando el CGPJ recomienda 950, y asume una carga de trabajo que supera el 70% de lo recomendado). La comunidad necesita 63 juzgados, seg¨²n el m¨¢ximo ¨®rgano de gobierno de los jueces.
- En Espa?a hay 4.700 jueces y magistrados en activo, con una antig¨¹edad media de 17 a?os y una edad media de 50 a?os. El 51,65% son hombres y el 48,35% mujeres.
- En 2100 se dictaron 1.659.195 sentencias, un 2,2% m¨¢s que en 2009.
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