El Gobierno impulsa leyes para un nuevo proceso penal con m¨¢s garant¨ªas

El Consejo de Ministros dar¨¢ hoy el primer paso para aprobar el nuevo procedimiento penal y asegurar la protecci¨®n de las garant¨ªas constitucionales. Para eso, estudiar¨¢ dos anteproyectos de ley que se tramitar¨ªan en paralelo: la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal y una Ley Org¨¢nica de Desarrollo de los Derechos Fundamentales Vinculados al Proceso Penal, a la que ha tenido acceso EL PA?S.

El primero prev¨¦, por ejemplo, que la instrucci¨®n recaiga sobre los fiscales y crea la figura del juez de garant¨ªas, sustituyendo la ley, que con modificaciones parciales, est¨¢ en vigor desde el siglo XIX. El segundo supone garantizar en una sola ley org¨¢nica derechos fundamentales que, en algunos casos estaban en la Constituci¨®n o en principios gen¨¦ricos y dispersos. Por ejemplo, las intervenciones telef¨®nicas, la interceptaci¨®n de comunicaciones de abogados con sus clientes, las pruebas de ADN, el derecho a la doble instancia penal o los registros en domicilios, entre otros.

El fiscal asume la investigaci¨®n y se prev¨¦n equipos para causas complejas

Adem¨¢s, en este momento, la parcheada Ley de Enjuiciamiento ha acumulado en sus reformas parciales apartados con car¨¢cter de ley org¨¢nica y ahora se agrupan por primera vez en una ley espec¨ªfica, que requiere mayor¨ªa absoluta para su aprobaci¨®n. El anteproyecto de la ley org¨¢nica tiene 15 art¨ªculos y la de Enjuiciamiento 800. La aprobaci¨®n hoy en Consejo de Ministros es solo un primer paso de una larga tramitaci¨®n que incluye la petici¨®n de informes no vinculantes al Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal y, por primera vez, el Colegio de Abogados. De hecho, es poco probable que la norma pueda salir de las Cortes en esta legislatura, incluso aunque las elecciones fueran en marzo. En el Ministerio de Justicia, que dirige Francisco Caama?o, sostienen que si logran el consenso pol¨ªtico necesario s¨ª podr¨ªa aprobarse antes de final de a?o.

En todo caso, es la primera vez en la historia constitucional que un Gobierno llega a estudiar un anteproyecto de ley de Enjuiciamiento Criminal, que siempre ha estado en la agenda de los sucesivos Ejecutivos, pero nunca se ha concluido un texto completo. Ahora, durante los ¨²ltimos a?os, se ha finalizado uno que busca agilizar la Justicia, por ejemplo, implantando el principio de oportunidad o liberando de la investigaci¨®n a muchos jueces que pasar¨ªan a ejercer funciones de garantes del proceso. El principio de oportunidad puede aplicarse por razones de utilidad, para favorecer la reparaci¨®n a la v¨ªctima o para la rehabilitaci¨®n del delincuente, frente al de legalidad que obliga a iniciar y finalizar el procedimiento penal en todo caso.

El papel de los fiscales es lo que, precisamente, ha frenado en otros momentos la elaboraci¨®n de la ley, porque no hab¨ªa consenso sobre la posibilidad de que asuman la investigaci¨®n. Justicia alega que la ley establece la inamovilidad de los fiscales una vez que inician la investigaci¨®n, todas sus decisiones las garantiza el juez, la decisi¨®n de sentar en el banquillo ya no estar¨¢ en manos del juez que instruye y se prev¨¦ la posibilidad de crear equipos de fiscales para investigar causas complejas.