El 46,5% de los dependientes est¨¢ desatendido

Lo que la Ley de Dependencia establec¨ªa como un recurso extraordinario, las prestaciones econ¨®micas, se ha generalizado hasta el punto de "desvirtuar" el esp¨ªritu de la norma, que apostaba por los servicios, como la teleasistencia, los centros de d¨ªa o las residencias frente a los subsidios directos a los dependientes. As¨ª lo diagnostica el Consello de Contas, que en su ¨²ltimo informe ha evaluado la aplicaci¨®n en Galicia del llamado cuarto pilar del Estado de bienestar entre los a?os 2007 y 2009.

Sin embargo, el an¨¢lisis sigue siendo v¨¢lido a d¨ªa de hoy, aunque se ha atenuado el peso de las prestaciones econ¨®micas. De este modo, si en 2009, las pagas al cuidador alcanzaban el 59,1%, ese porcentaje se ha reducido al 45%, seg¨²n los datos actualizados aportados por la Conseller¨ªa de Traballo e Benestar. No obstante, este porcentaje contin¨²a muy lejos del car¨¢cter "excepcional" que dicta la ley. El departamento que dirige Beatriz Mato se escuda en que esta tendencia es com¨²n en la mayor¨ªa de comunidades aut¨®nomas, algo que tambi¨¦n refleja el ¨®rgano fiscalizador en su evaluaci¨®n.

Benestar tarda una media de siete meses en resolver cada expediente

As¨ª, justifica este desfase entre la proyecci¨®n normativa y su puesta en pr¨¢ctica en "las preferencias de los ciudadanos", y lo explica por la "tradici¨®n cultural" y por el contexto de crisis, "que incita a que las preferencias se encaminen a obtener un recurso econ¨®mico", aunque en 2007, cuando empez¨® a funcionar la norma, a¨²n no se hab¨ªan desatado las turbulencias financieras. Con todo, remarca que una de sus prioridades es garantizar unos cuidados de calidad a los dependientes, para lo que est¨¢ haciendo "una importante apuesta por fomentar los servicios sobre las prestaciones econ¨®micas". Contas censura los "importantes e injustificados desfases" entre los beneficiarios con derecho a prestaci¨®n reconocido y los que la est¨¢n recibiendo. En 2007 el porcentaje estaba en el 94%, al a?o siguiente se redujo al 66% y en 2009, el primero de la Xunta de Alberto N¨²?ez Feij¨®o, cay¨® al 51,7% (el 48,3%, seg¨²n la conseller¨ªa). No obstante, la incorporaci¨®n de m¨¢s personas al sistema ha paralizado esta tendencia. A 1 de agosto de este a?o, son el 46,5% los beneficiarios desatendidos, un total de 27.826 personas.

Si le hiciesen caso al N¨²?ez Feij¨®o de la campa?a electoral que le aup¨® al poder, esas casi 28.000 personas deber¨ªan llevar al Ejecutivo gallego ante los tribunales para reclamar sus derechos. "A la sociedad solo le queda una posibilidad: demandar al Gobierno pidiendo exclusivamente que se cumpla la ley", proclam¨® en un mitin de febrero de 2009 sobre las 42.000 personas que estaban en esta situaci¨®n. Luego a?adi¨® que, si llegase a gobernar, intentar¨ªa "que a la Xunta no se la denuncie".

Ahora los argumentos de Benestar son otros. Fuentes del departamento recalcan que si el Gobierno central aportase el 50% que le corresponde "estar¨ªan atendidos todos los dependientes gallegos". La ley impone que la financiaci¨®n del nivel m¨ªnimo, el grueso del presupuesto, sea al 50%, mientras que existe un segundo nivel en el que las comunidades deben poner, al menos, tanto dinero como el Estado. El informe de Contas certifica que en los tres a?os analizados Galicia soport¨® un 58,4% de la inversi¨®n, porcentaje que ascendi¨® hasta el 63,6% en 2009. Tambi¨¦n da cuenta de una desviaci¨®n de casi 800 millones de euros en los primeros cuatro a?os sobre el coste inicialmente previsto de implantar el sistema de dependencia.

Otra de las cr¨ªticas del ¨®rgano fiscalizador se refiere a la lentitud "inaceptable" con la que se tramitaban los expedientes, una media de 658 d¨ªas (20 meses) en 2008, cuando gobernaba el bipartito. El informe valora el trabajo de la actual Conseller¨ªa para rebajar esos plazos, gracias a un decreto de 2010 que los reduce a la mitad, de doce a seis meses. El tiempo medio para resolver cada solicitud ese a?o fue algo superior a los siete meses, y un poco inferior en los casos m¨¢s graves.

Contas se?ala que la participaci¨®n de los beneficiarios en la financiaci¨®n del sistema es inferior a la prevista. La Xunta vuelve a imputar la responsabilidad al Gobierno por haber errado sus estimaciones en la memoria financiera de la ley, lo que perjudica "enormemente" a Galicia. Argumenta que no se tuvo en cuenta que las pensiones de los gallegos son de las m¨¢s bajas del Estado, y la colaboraci¨®n al sostenimiento de las prestaciones se basa, precisamente, en la renta. La Conseller¨ªa achaca "dificultades" al sistema del Estado, y puntualiza que otras comunidades tuvieron que poner tambi¨¦n en marcha sus propios mecanismos para gestionar los datos.