Para la crisis, derechos asistenciales, no caridad
Los servicios sociales est¨¢n adelgazando cuando m¨¢s ciudadanos los necesitan - Cientos de casos se derivan hacia organizaciones ben¨¦ficas - Los expertos alertan de que as¨ª se rompe el pacto social
Los profesionales de los servicios sociales p¨²blicos se lamentan con frecuencia de que este pilar del Estado de bienestar es la cenicienta entre los cuatro existentes -con las pensiones, la educaci¨®n y la sanidad-. La crisis les est¨¢ dando la raz¨®n con abundancia, porque justo en estos a?os en que se redoblan las carencias, los que tem¨ªan pasan a ser pobres y los que ya lo eran cruzan la raya de la exclusi¨®n; en momentos en que el desempleo vac¨ªa la nevera y muestra su cara m¨¢s amarga a los j¨®venes que no completaron estudios; cuando las aguas se vuelven turbulentas en aquellos hogares reunidos de nuevo por el impago de hipotecas... Justo ahora, los servicios sociales est¨¢n pasando m¨¢s hambre que nadie.
"Estas asociaciones no tienen recursos ni infraestructuras", dice un catedr¨¢tico
Un experto: "Obligar a la gente a ir a un comedor social afecta a su dignidad"
"Sent¨ªa que estaba pidiendo limosna", dice una mujer que percibe renta b¨¢sica
El gasto p¨²blico social es m¨¢s bajo que en la Europa de los quince
"Se puede decir que los est¨¢n dejando en los huesos, en su estructura m¨¢s b¨¢sica, y encima hay una tendencia a devolverlos al asistencialismo, m¨¢s propio de la antigua beneficencia que de un derecho p¨²blico consagrado", critica Ana Lima, presidenta del Consejo de Trabajadores Sociales.
Se refiere, por un lado a la escasez de presupuestos, los que destina el Gobierno han disminuido en nueve millones y los convenios que manten¨ªan las comunidades y los Ayuntamientos con empresas para la atenci¨®n de las muchas necesidades sociales "est¨¢n reduci¨¦ndose o, directamente, no se renuevan", afirma Lima. "Es f¨¢cil que todo eso ocurra porque no hay una ley estatal, ni comunitarias, que los garantice: son solo convenios que se firman en ¨¦pocas de vacas gordas, pero que se echan abajo en situaci¨®n deficitaria", dice. En paralelo, asistimos a "una visi¨®n asistencialista, paliativa, un parcheo aqu¨ª y all¨¢, donde surge la necesidad. Eso es m¨¢s propio de la labor, encomiable, que desarrollan las organizaciones ben¨¦ficas privadas, pero los servicios sociales son mucho m¨¢s que eso", afirma Lima.
Para empezar, son un derecho, no una simple ayuda caritativa, por tanto, tratan de alejar el estigma de aquellos que solicitan este apoyo en momentos de carencias. Cuando Nuria (no quiere apellidos) decidi¨® que la familia no deb¨ªa seguir sosteniendo su precaria situaci¨®n econ¨®mica acudi¨® a la asistente social en busca de una renta b¨¢sica de inserci¨®n. "Al principio no me hac¨ªa mucha gracia, la verdad, me daba la impresi¨®n de que estaba pidiendo limosna, mendigando, pero pens¨¦, -y mis hermanos me convencieron-, que si exist¨ªan estos organismos, y si estaban para eso... Aunque bueno, sigue sin hacerme gracia, yo lo que quiero es trabajar y decir, 'esto me lo he ganado'. Lo otro, quieras que no, me lo dan. Ya s¨¦ que tambi¨¦n es con mis impuestos, pero...".
Los servicios sociales, adem¨¢s, abordan cada caso de una manera integral, o tratan de hacerlo. Conseguir una renta de inserci¨®n, que ronda entre 400 o 500 euros, seg¨²n los casos y las comunidades aut¨®nomas, requiere algo m¨¢s que pasar por una d¨¦bil situaci¨®n econ¨®mica. "Mi hija y yo nos hemos comprometido a acudir a las oficinas de empleo siempre que nos llamen. Aunque ella est¨¢ en la universidad, gracias a las becas, siempre puede trabajar en fines de semana o en vacaciones, algo que sea compatible con los estudios", dice esta zaragozana. Los servicios sociales le ayudan tambi¨¦n a redactar curr¨ªculos, preparar entrevistas de trabajo... "Y ahora, en septiembre, empezar¨¢n los cursillos formativos: puedo elegir, pero tengo que hacer alguno de ellos", se?ala.
Todas esas funciones de acompa?amiento, an¨¢lisis de la situaci¨®n, relaciones con otros servicios, como el educativo, el de la vivienda, el sanitario, son parte de las tareas que desempe?an los trabajadores sociales. Dar soluci¨®n completa a situaciones complicadas.
Est¨¢n para ayudar a encontrar empleo, insistir en que los hijos deben estar escolarizados, negociar cambios de vida, buscar la mejor soluci¨®n formativa, resolver convivencias conflictivas. "Eso no se puede despachar con una simple ayuda econ¨®mica, ni montando un comedor social", dice Lima, por m¨¢s que la situaci¨®n de crisis requiera medidas de urgencia, que tambi¨¦n hay que atender, incluso de forma prioritaria.
Las cifras indican, desde luego, que las necesidades, algunas primarias, est¨¢n multiplic¨¢ndose: la petici¨®n de una renta b¨¢sica, como la que pidi¨® Nuria a sus 54 a?os, separada, sin trabajo, se han incrementado m¨¢s de un 30% y hay colas para solicitarlas. Tambi¨¦n las ayudas de emergencia, que se reciben de forma casi inmediata, se han elevado un 80% o m¨¢s en algunos lugares. Prueba de todo ello es que el n¨²mero de personas que se acercan a la ventanilla de los servicios sociales p¨²blicos en busca de apoyo, econ¨®mico o de otra clase, creci¨® un 36% en 2009, hasta alcanzar casi ocho millones de usuarios.
Que cientos de esos casos se est¨¦n derivando hacia ONG y organizaciones ben¨¦ficas indica en qu¨¦ condiciones est¨¢n los servicios sociales, justo cuando m¨¢s se necesitan. "La reducci¨®n del gasto p¨²blico social est¨¢ afectando negativamente al bienestar y la calidad de vida de grandes sectores de la ciudadan¨ªa. Estos recortes no pueden ser sustituidos por acciones ben¨¦ficas de car¨¢cter caritativo. Estas organizaciones no tienen ni los recursos ni las infraestructuras para suplir los servicios p¨²blicos que est¨¢n siendo eliminados. Es volver al siglo XIX, cuando ya estamos en el siglo XXI", critica Vicen? Navarro, catedr¨¢tico de Pol¨ªticas P¨²blicas de la Universidad Pompeu Fabra.
"Lo que es indignante es que se diga que Espa?a no tiene los fondos para mantener o incluso expandir el gasto p¨²blico social cuando los datos muestran que el gasto p¨²blico social es mucho m¨¢s bajo que el que le corresponde por su nivel de riqueza econ¨®mica. El PIB per c¨¢pita de Espa?a es el 94% del promedio de la UE de los 15. Y en cambio, el gasto p¨²blico social por habitante es solo el 74% del promedio de esos pa¨ªses. Si fuera el 94% nos gastar¨ªamos 66.000 millones de euros m¨¢s de lo que nos gastamos en nuestro Estado de bienestar", explica Navarro. Cree que los recursos existen "pero el Estado no los recoge porque teme enfrentarse con los grupos financieros, econ¨®micos y clases sociales adineradas que no contribuyen a las arcas del Estado como lo hacen sus hom¨®logos en la UE de los 15", critica.
"Desde luego, volver al asistencialismo no es la soluci¨®n", comienza Miguel Laparra, profesor del departamento de Trabajo Social de la Universidad P¨²blica de Navarra. Tampoco cree, a pesar de los negros datos que revelan los estudios que ha efectuado, que "la m¨¢xima prioridad sea todav¨ªa la comida". "Lo que s¨ª est¨¢ poniendo de manifiesto la crisis es la debilidad del sistema de garant¨ªa de ingresos. No hay garant¨ªas para esa gente que ya no cobra nada. Eso es lo que se tendr¨ªa que hacer seriamente. Revisar las rentas de protecci¨®n por desempleo, las no contributivas, y las rentas de garant¨ªas de inserci¨®n. Un sistema que cubra las necesidades por completo", afirma. Las comunidades aut¨®nomas, dice, han aumentado esas rentas, "pero part¨ªan de niveles de desprotecci¨®n, que apenas cubr¨ªan nada. Si la gente tuviera esos m¨ªnimos garantizados, los servicios sociales podr¨ªan trabajar con m¨¢s eficacia y tranquilidad. Adem¨¢s, encontrar v¨ªas para financiarlo no es dif¨ªcil y es barato", asegura. Para Laparra, la forma m¨¢s digna, de m¨¢s calidad y menos estigmatizante es salvaguardar el capital humano. "Obligar a la gente a ir a un comedor social, sea de qui¨¦n sea, siempre es un proceso de destrucci¨®n de la dignidad que pasa factura", dice.
As¨ª lo cree la presidenta del Consejo de Trabajadores Sociales, Ana Lima, por eso lamenta que algunos Ayuntamientos crean que haciendo un comedor social pueden suplir la labor de los servicios sociales. "Pretender que un servicio p¨²blico sea el que reparta comida es equivocarse. Nosotros damos bonos para que la compren en el supermercado, no se debe mandar a toda una familia, con hijos, a comer al comedor social. Colgarles la etiqueta de pobres, gratuitamente, solo porque hayan perdido el trabajo. Hay pobres, claro, en realidad hay varios perfiles, los comedores sociales tienen sus usuarios y los tendr¨¢n siempre".
Los que trabajan en las redes sociales tampoco creen que desmantelar los servicios sociales p¨²blicos conduci¨¦ndolos hacia tareas asistencialistas sea la soluci¨®n. "El papel del tercer sector debe ser complementario, pero la responsabilidad p¨²blica es fundamental", dice el responsable de Estudios de C¨¢ritas Espa?a, Francisco Lorenzo. "El objetivo de unos y de otros debe estar relacionado con la promoci¨®n, la conquista de la participaci¨®n y el empoderamiento de estas personas, no solo con la subsistencia", asegura. Pero lo cierto es que tanto unos como otros est¨¢n m¨¢s dedicados a lo ¨²ltimo, los primeros porque no dan abasto y por falta de presupuesto para otras tareas m¨¢s de fondo, y los segundos porque est¨¢n viendo como una avalancha de gente acaba en las organizaciones sociales derivadas de los servicios sociales p¨²blicos.
?Justifica una situaci¨®n de crisis, por m¨¢s feroz que esta sea, el adelgazamiento de los servicios sociales o m¨¢s bien deber¨ªa ser al contrario?
"Para volver a la beneficencia, por m¨¢s que alguien lo pretendiera, se necesitar¨ªa cambiar la Constituci¨®n. El art¨ªculo 1, el 10 y el 41 consagran la dignidad personal y la protecci¨®n social de la ciudadan¨ªa como derecho fundamental. La beneficencia p¨²blica entra en contradicci¨®n con un Estado social de Derecho", dice Patrocinio de las Heras, que fue en los ochenta responsable de Acci¨®n Social, del Instituto Nacional de Acci¨®n Social y del Inserso. "En la crisis de 1973, la del petr¨®leo, los trabajadores que se quedaban en paro adquir¨ªan su cartilla de beneficencia. Esas familias pasaban a ser pobres, si necesitaban sanidad iban a hospitales de caridad, los hijos a escuelas especiales, hab¨ªa orfanatos, los gitanos ten¨ªan sus escuelas en los poblados... Todo un sistema de caridad organizado para los menesterosos. Esa poblaci¨®n quedaba en la marginaci¨®n institucional. Hab¨ªa una cobertura social para los que trabajaban y ten¨ªan ingresos y la beneficencia p¨²blica para los pobres", recuerda De las Heras.
Para financiar toda aquella caridad del Estado no serv¨ªan los impuestos, se recurr¨ªa a las t¨®mbolas, casas de juego, espect¨¢culos variados, circo, toros, teatro, quinielas. Aquello se acab¨®. "El pacto social es sencillo, el ciudadano sostiene al Estado con sus impuestos, y el Estado prioriza y sostiene al ciudadano cuando tiene necesidad de educaci¨®n, sanidad o de una renta b¨¢sica. Si eso no se respeta se deslegitima el Estado, nos cargamos la democracia y el pacto social que la sustenta. El ciudadano debe saber que est¨¢ protegido, que pag¨® impuestos para eso. Si se hunden las pensiones, para qu¨¦ hemos pagado, se preguntar¨¢n. Y hay que pagar impuestos, si no con alegr¨ªa, al menos con conciencia", afirma De las Heras.
A pesar de todo, los ciudadanos no tienen claro todav¨ªa que se puede acudir a los servicios sociales en caso de necesidad. "Muchos no los conocen tanto como debieran, el primer apoyo lo buscan en la familia", reconoce Ana Lima. Y aunque sepan de ellos, a muchos, como a Nuria, todav¨ªa les da verg¨¹enza reclamar lo que les corresponde.
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