El Consejo rebelde exige a sus hombres que cesen las represalias

La ofensiva final de las tropas rebeldes hacia Tr¨ªpoli se ha visto ensombrecida por las denuncias de asesinatos y represalias contra los civiles y los militares leales a Muamar el Gadafi. Que Musa Ibrahim, portavoz del r¨¦gimen, denunciara el s¨¢bado la ejecuci¨®n sumaria de 34 civiles, entre ellos varias mujeres, en la poblaci¨®n de Gharian no llam¨® la atenci¨®n de los medios. Pero que el propio jefe del Gobierno rebelde amenace con dimitir en protesta por "los actos de venganza" que cometen sus combatientes es una se?al inequ¨ªvoca de que, en efecto, se est¨¢n produciendo desmanes.

"Me congratulo de la acci¨®n de los mandos revolucionarios, conf¨ªo en su palabra, pero determinadas acciones de algunos de sus hombres me inquietan", declar¨® ayer Mustaf¨¢ Abdel Yalil, jefe del Consejo Nacional de Transici¨®n (CNT). "Esta podr¨ªa ser la raz¨®n o la causa de mi dimisi¨®n".

Yalil, ministro de Justicia que desert¨® cuando Gadafi decidi¨® responder con armas a las protestas populares de febrero, es un hombre piadoso y ecu¨¢nime, respetado por todas las facciones rebeldes. Quiz¨¢s por eso no ha tenido empacho en lanzar esa advertencia p¨²blica. Hasta ahora, las denuncias de violaciones a los derechos humanos sol¨ªan ser desmentidas por los l¨ªderes del Consejo. Y es que no es la primera vez que la sombra de los cr¨ªmenes de guerra planea sobre las tropas insurgentes. Tanto la Comisi¨®n de Derechos Humanos de la ONU como Amnist¨ªa Internacional y Human Rights Watch han documentado abusos contra la poblaci¨®n civil, torturas, asesinatos y saqueos.

La supuesta presencia de miles de "mercenarios" extranjeros en las filas gadafistas, desmentida por los observadores, puso en el punto de mira a la poblaci¨®n subsahariana, sobre todo al principio de la revuelta. Las ejecuciones extrajudiciales y los malos tratos a prisioneros tambi¨¦n engrosan el expediente. Ahora bien, los casos, dicen los activistas humanitarios, son muchos menos que los registrados en las filas gadafistas.

Y eso que las acusaciones contra las milicias del r¨¦gimen, reconocen las organizaciones humanitarias, han sido infladas. Por ejemplo, ni Amnist¨ªa Internacional ni Human Rights Watch han encontrado pruebas de la supuesta campa?a de violaciones que ha denunciado Luis Moreno Ocampo, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional. En cambio, de la suerte terrible de algunos prisioneros insurgentes ha quedado constancia en fotograf¨ªas y v¨ªdeos que los propios gadafistas grabaron con tel¨¦fonos m¨®viles que, despu¨¦s de alguna batalla, han acabado en poder de los rebeldes.

Pero las diferencias entre ambos bandos no son solo cuantitativas. Los abusos cometidos en las filas insurgentes contravienen las ¨®rdenes de sus autoridades, preocupadas por presentar una imagen internacional respetable. Simon Brooks, hasta hace poco jefe de la misi¨®n de la Cruz Roja Internacional en Bengasi, asegura que "los rebeldes est¨¢n haciendo un esfuerzo". "Nos permiten visitar a los prisioneros, nos atienden y nos consultan", a?ade, si bien se reserva las conclusiones, porque los informes del organismo son confidenciales.

El problema, como declaraba a EL PA?S Donatella Rovera, investigadora de AI, es que el Consejo de Transici¨®n no tiene control sobre sus milicias: "Saben que los abusos est¨¢n pasando, pero no tienen capacidad para pararlo, o la voluntad pol¨ªtica".

Joe Stork, subdirector regional de Human Rights Watch, inst¨® ayer a los rebeldes a evitar "las represalias contra quienes lucharon a favor de Gadafi", y a tratar "de acuerdo a las leyes internacionales" a todos los detenidos.

Con los ojos del mundo sobre ellos, el Consejo hizo ayer el mismo llamamiento. Si se quiere construir una nueva Libia, record¨® Mustaf¨¢ Abdel Yalil, hay que "respetar vidas y propiedades" y nadie "debe tomarse la justicia por su mano".