Aguirre pone en manos privadas el control de los nuevos hospitales
Sanidad pagar¨¢ 2,4 millones a una empresa para que supervise a las contratas
Esperanza Aguirre puso en marcha en 2008 siete hospitales nuevos a la vez con un sistema, in¨¦dito en Madrid, que le permit¨ªa desentenderse de todo lo que no fuera asistencia sanitaria. Mediante una concesi¨®n administrativa, encomend¨® a varias empresas la construcci¨®n de los edificios y la gesti¨®n de todo menos lo estrictamente sanitario: administraci¨®n, limpieza, restauraci¨®n, mantenimiento, esterilizaci¨®n... Las empresas eran propietarias de los edificios y gestionaban todos los servicios. Si lo hacen bien o mal, si cumplen las condiciones o si subsanan a tiempo los errores, est¨¢ tambi¨¦n en manos privadas. La Comunidad de Madrid se gasta 1,2 millones de euros al a?o en contratar a una empresa para que supervise a las concesionarias de los hospitales.
La empresa que gane el concurso para "monitorizar los contratos de concesi¨®n de obra p¨²blica" de siete de los nuevos hospitales deber¨¢ prestar apoyo a la Administraci¨®n para "la supervisi¨®n en cuanto al correcto y continuo funcionamiento de los servicios no sanitarios que deben prestar las sociedades concesionarias", asegura el pliego de condiciones t¨¦cnicas. El trabajo consiste en controlar "la disponibilidad y calidad" de los servicios privatizados y dar apoyo a la Unidad T¨¦cnica de Control. Los siete hospitales p¨²blicos de gesti¨®n mixta p¨²blico-privada son Puerta de Hierro (Majadahonda), Infanta Cristina (Parla), Henares (Coslada), Infanta Leonor (Vallecas), Infanta Sof¨ªa (San Sebasti¨¢n de los Reyes), Sureste (Arganda) y Tajo (Aranjuez). La vigencia del contrato, que actualiza otro ya existente, empieza el 21 de diciembre pr¨®ximo y se ejecutar¨¢ durante dos a?os. La Comunidad pagar¨¢ 2,4 millones de euros en total en estos dos a?os.
El nuevo modelo de gesti¨®n hospitalaria consiste en que la Comunidad paga un alquiler anual a las empresas constructoras, de forma que se convierte en inquilina de sus propios hospitales durante 30 a?os. Las UTE que construyeron los edificios gestionan todos los servicios no sanitarios: seguridad, residuos, conservaci¨®n de viales y jardines, lavander¨ªa, transporte interno, etc¨¦tera. Y explotan la parte comercial: tiendas, m¨¢quinas expendedoras, cafeter¨ªa y comedor, aparcamiento, tel¨¦fono y televisi¨®n en las habitaciones. El coste del alquiler, el canon anual que paga la Comunidad, es de 138 millones de euros en 2011.
La C¨¢mara de Cuentas llam¨® la atenci¨®n al Servicio Madrile?o de Salud el a?o pasado por no controlar suficientemente la calidad de los servicios que prestan las entidades privadas o fundaciones a las que deriva a los pacientes mediante convenios o conciertos. El informe, referido al a?o 2007, dec¨ªa sobre los nuevos hospitales que se iban a poner en marcha que "en ejercicios futuros ser¨¢ necesario que Sanidad refuerce sus unidades de control" para garantizar que la asistencia sanitaria "sea prestada en condiciones de equidad e igualdad a todos los ciudadanos".Pese a que el concurso se public¨® el pasado 28 de julio en el bolet¨ªn oficial, los pliegos de condiciones est¨¢n fechados el 6 de junio, apenas un mes despu¨¦s de que el entonces candidato socialista a la presidencia de la Comunidad, Tom¨¢s G¨®mez, mostrara durante un debate televisivo con la presidenta de la misma, Esperanza Aguirre, una carta de las constructoras de los nuevos hospitales al consejero de Sanidad, Javier Fern¨¢ndez-Lasquetty. En la misiva, la Asociaci¨®n Nacional de Empresas Constructoras de ?mbito Nacional de Espa?a (Seopan) alertaba del "colapso" de las concesiones si la Comunidad no les pagaba 80 millones de euros que consideraba que les deb¨ªa y aumentaba el canon anual en otros 9,2 millones de euros. Seopan aseguraba que hab¨ªa puesto una veintena de recursos contencioso-administrativos por lo que consideraba "incumplimientos".
Las constructoras se quejaban, por ejemplo, de que sirven m¨¢s comidas a los enfermos de las que deber¨ªan, o que el servicio de esterilizaci¨®n trabaja m¨¢s de lo que luego se les paga. Tambi¨¦n criticaban que los accionistas de sus empresas est¨¢n recibiendo menos dinero despu¨¦s de que el pasado 1 de enero se modificara el plan general contable y disminuyera la rentabilidad del negocio. Sobre uno de los puntos m¨¢s importantes, el IVA que facturan a la Comunidad, las empresas argumentan que debe ser con el tipo general y no con el reducido. Sin embargo, una sentencia del pasado 4 de abril dio la raz¨®n a la Comunidad frente a la concesionaria del hospital del Sureste.
La carta que divulg¨® el PSM en campa?a electoral sac¨® a la luz las tensas relaciones entre las concesionarias de los hospitales y la Comunidad de Madrid. Oposici¨®n y sindicatos tacharon de "chantaje" la presi¨®n de las constructoras y se preguntaron si la Comunidad acabar¨ªa cediendo. De momento, los servicios jur¨ªdicos est¨¢n examinando algunas de las reclamaciones, asegura un portavoz de Sanidad. "Las constructoras siguen prestando sus servicios en los hospitales y nosotros les pagamos puntualmente", a?ade. La Comunidad contin¨²a pagando el IVA al tipo general, pero las facturas est¨¢n recurridas. "Estamos pendientes de una posici¨®n definitiva de la Direcci¨®n General de Tributos estatal", se?ala el portavoz.
"El objeto de este contrato son labores administrativas y de control que pueden ser realizadas por personal del Servicio Madrile?o de Salud, y que se encargan a una empresa privada con coste para el presupuesto sanitario", afirman desde la Asociaci¨®n para la Defensa de la Sanidad P¨²blica de Madrid, que critica el "despilfarro". "?Es que durante este tiempo nadie control¨® el funcionamiento de las concesiones?", se pregunta.
Sanidad asegura que la Unidad T¨¦cnica de Control supervisa los nuevos hospitales desde el inicio. La Comunidad ha desarrollado una aplicaci¨®n inform¨¢tica llamada SIGI (Sistema de Informaci¨®n de Gesti¨®n de Incidencias) que, a partir de casi 300 indicadores, permite calcular cu¨¢nto descontar del canon por deficiencias en limpieza, lavander¨ªa... Estos fallos son informaci¨®n que la Comunidad no considera p¨²blica y que no se pueden consultar. Sanidad asegura que la calidad del servicio en 2010 fue "elevada" y que apenas rest¨® dinero del canon.
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