La Polit¨¦cnica reconoce irregularidades tras un informe de la C¨¢mara de Cuentas

La Universidad Polit¨¦cnica de Madrid (UPM), una de las seis p¨²blicas madrile?as, ha suspendido uno de sus ex¨¢menes m¨¢s complicados. La C¨¢mara de Cuentas de la Comunidad de Madrid acaba de fiscalizar su presupuesto de 2008, que ascend¨ªa a 425 millones. El organismo denuncia irregularidades en las contrataciones de investigadores, posibles adjudicaciones a dedo, y se?ala que un investigador pudo hacer uso privado de fondos p¨²blicos. El informe, de 114 p¨¢ginas, fue respondido por la Polit¨¦cnica con un estudio de similar dimensi¨®n que admite errores y anuncia correcciones sin despejar todas las dudas sobre lo denunciado.

La C¨¢mara advierte de que existe una partida de 186.000 euros para un proyecto de investigaci¨®n que se gast¨® fuera de plazo. Denuncia una "dudosa o incluso imposible" vinculaci¨®n de ese dinero con el trabajo realizado. Es m¨¢s, hubo 22.000 euros sobre los que existen "fundados indicios de que pudieran ser gastos de naturaleza privada del investigador". La UPM, que contest¨® en su informe que desconoc¨ªa la documentaci¨®n que el responsable del proyecto, aport¨® a la C¨¢mara, no aclara en el documento ni a las preguntas de EL PA?S si ha abierto una investigaci¨®n sobre este asunto o ha aplicado alg¨²n tipo de sanci¨®n al posible implicado.

Otro ejemplo. Un contrato relacionado con la organizaci¨®n de unos cursos de iniciaci¨®n a la inform¨¢tica presupuestado en 491.260 euros se gestion¨® como concurso negociado sin publicidad -el contratante elige tras consultar a diversos candidatos y ver las condiciones con uno o varios de ellos, seg¨²n la Ley de Contratos del Sector P¨²blico-, pero solo llam¨® a una empresa, con sede en Almer¨ªa de "un grupo dedicado al sector inmobiliario", seg¨²n la C¨¢mara.La UPM aleg¨® que era "la ¨²nica empresa en el mercado con total experiencia" para impartir cursos de iniciaci¨®n a la inform¨¢tica sin aclarar m¨¢s aspectos sobre este particular ni a la C¨¢mara ni a este peri¨®dico. En el apartado de recomendaciones, el organismo aut¨®nomo le sugiere "acudir con mayor frecuencia a los procedimientos abiertos" para evitar la discriminaci¨®n y garantizar un buen uso del dinero p¨²blico.

Entre las malas pr¨¢cticas, prosigue el informe, est¨¢ la justificaci¨®n de gastos de hasta 300 euros mediante tiques en establecimientos que pueden emitir factura. La universidad responde que "no siempre es posible" conseguir una justificaci¨®n de los pagos a su nombre. Y la C¨¢mara le insiste en que exija estos documentos e impida "salvo solicitud y justificaci¨®n expresa" que paguen directamente trabajadores que no pertenezcan a las ¨¢reas de administraci¨®n o tesorer¨ªa. Tambi¨¦n llama la atenci¨®n sobre el pago de gastos fuera de plazo, el abono de compras que no tienen que ver con el proyecto al que se asignan o que ni siquiera est¨¢n relacionadas con las actividades de la universidad.

La contrataci¨®n de investigadores, seg¨²n el organismo, se realiz¨® sin un procedimiento p¨²blico y sin dejar constancia. La Polit¨¦cnica se justifica por "los plazos tan limitados" de algunas investigaciones y alega que contrata dentro de sus propios centros "donde existe poblaci¨®n preparada t¨¦cnica y cient¨ªficamente para el desarrollo de los proyectos".

En lo que no est¨¢ de acuerdo la universidad, que replica algunos puntos en sus alegaciones, es en el supuesto uso de tarjetas de cr¨¦dito "que quedan sin justificar al final del ejercicio y que, en alg¨²n caso, incluyen importes indebidamente cargados a la Universidad". La Polit¨¦cnica replica que se habilitaron solo tarjetas de d¨¦bito, "por considerarse m¨¢s ¨¢giles en las tareas de investigaci¨®n" y que estos medios de pago se recargan solo cuando sus titulares han justificado los gastos. Si no se documentan bien estos pagos "a veces se requiere al investigador para que devuelva el importe", prosigue la UPM que, al mismo tiempo, acepta "la sugerencia de incrementar estos controles y de concienciar al que realice el gasto del rigor que se debe aplicar" con los fondos p¨²blicos.

Respecto a la observaci¨®n de que en el ¨²ltimo semestre la universidad multiplic¨® por tres el plazo de pago a proveedores (llegando a 70 d¨ªas) sin pagar intereses por ello, la UPM echa la culpa de ello a la Comunidad de Madrid. El Gobierno regional incumpli¨® en 2008 el plan de inversiones firmado con las universidades p¨²blicas hasta 2011 y les recort¨® las partidas sin previo aviso, dej¨¢ndoles sin liquidez.