El Gobierno desoye las cr¨ªticas de la oposici¨®n y endurece el acceso a la RMI

El Gobierno catal¨¢n arranc¨® ayer el curso pol¨ªtico tap¨¢ndose los o¨ªdos e ignorando las quejas de la oposici¨®n, los asistentes y entidades sociales por la gesti¨®n de la renta m¨ªnima de inserci¨®n (RMI). El Ejecutivo archiv¨® todas las quejas y sigui¨® con el guion previsto: a partir de ma?ana los beneficiarios volver¨¢n a cobrar los 420 euros a trav¨¦s de una transferencia bancaria, pero el acceso a la misma ser¨¢ m¨¢s dif¨ªcil. El Gobierno aprob¨® un decreto que endurece las condiciones para obtener la ayuda con requisitos como un m¨ªnimo de dos a?os viviendo en Catalu?a (antes era uno) o aceptar solo la solicitud de parados si llevan seis meses sin prestaci¨®n y tienen "dificultad social a?adida".

Homs: "Quien piense que esta ayuda es una extensi¨®n del paro se equivoca"

No es f¨¢cil saber qu¨¦ quiere decir exactamente esa descripci¨®n, pero Francesc Homs, el portavoz del Gobierno, resumi¨® la filosof¨ªa del decreto: recuperar el esp¨ªritu original de la RMI, que es, dijo, amparar exclusivamente a las personas en grave riesgo de exclusi¨®n social. "Si alguien pensaba que esta ayuda es una extensi¨®n del paro, se equivoca", avis¨®. Su estrategia fue traspasar ese tipo de responsabilidad al Gobierno central al alegar que es el Estado el que posee ese tipo de competencias. "Ya nos gustar¨ªa que nos traspasaran la Seguridad Social entera. No nos dar¨ªa miedo asumir esa responsabilidad. Si el problema es ese, es el Estado el que tiene que hacer frente", dijo.

Lejos de asumir cualquier autocr¨ªtica por el cambio en la forma de pago que dej¨® a miles de beneficiarios desamparados, Homs cerr¨® filas y arrop¨® a los dos consejeros implicados en la reforma de la RMI: el de Empresa y Empleo, Francesc Xavier Mena, y el de Bienestar Social, Josep Lluis Cleries. Ambos consejeros comparecieron el viernes en el Parlament y recibieron un varapalo de la oposici¨®n. "La valoraci¨®n que hacemos de la comparecencia es positiva", juzg¨® Homs.

El Gobierno querr¨¢ cerrar r¨¢pido el cap¨ªtulo de la RMI, pero no lo tendr¨¢ f¨¢cil porque la oposici¨®n denunci¨® el alcance de la reforma. El Partit dels Socialistes (PSC) anunci¨® que pedir¨¢ la reprobaci¨®n de Mena. Eva Granados, diputada socialista, apunt¨® incluso que la reforma "puede ser ilegal". Esquerra Republicana (ERC), que alerta de que el Gobierno pone en "riesgo la cohesi¨®n social", tampoco se quedar¨¢ atr¨¢s. La portavoz Anna Sim¨® registrar¨¢ hoy en el Parlament una cuarentena de preguntas a Mena y Cleries entre las que figuran dos que tienen por respuesta de momento un gran interrogante: cu¨¢ntas personas dejar¨¢n de recibir la prestaci¨®n y a cu¨¢nto asciende el supuesto fraude. La mesa del Tercer Sector, que representa a las entidades sin ¨¢nimo de lucro, reclam¨® al Gobierno m¨¢s consenso, ya que los actuales cambios "pueden provocar que personas vulnerables se queden sin ninguna ayuda".

El Gobierno ha ofrecido razones variopintas para los cambios en la RMI: desde motivos presupuestarios a la actualizaci¨®n de la base de datos e incluso ofrecer cursos m¨¢s adecuados a los parados. No casa todo ello con la declaraci¨®n de Homs de querer limitar la RMI a las personas excluidas socialmente. "Todo ha sido para mejorar el control", aleg¨® Homs, que, con habilidad, evit¨® responder a un periodista si no le parec¨ªa cruel la descripci¨®n que hizo Mena de los receptores de la ayuda, a los que acus¨® de usar la ayuda para pagar facturas de veterinarios, peajes, ONG o televisi¨®n por cable. "No entraremos en eso. Ser¨ªa un error", dijo.