Los pacientes exigen a Sanidad que garantice la atenci¨®n a desplazados

Decepcionados e indignados. Las asociaciones de pacientes exigen al Ministerio de Sanidad que garantice la atenci¨®n m¨¦dica a los desplazados; es decir, a los ciudadanos que requieran una cita m¨¦dica o una receta fuera de su comunidad de origen. Algunas autonom¨ªas, como la valenciana o Catalu?a, est¨¢n denegando estos servicios y vulnerando as¨ª la Ley General de Sanidad, que obliga a las regiones a atender en igualdad de condiciones a los enfermos, est¨¦n o no empadronados, y a sufragar sus gastos m¨¦dicos. El departamento de Leire Paj¨ªn, sin embargo, mantiene que no puede actuar sin una denuncia directa de los afectados. Y asegura que no tienen ninguna. De oficio, dicen, no pueden investigarlo.

La ley no impide que la alta inspecci¨®n pueda actuar de oficio

La respuesta no ha satisfecho ni a los pacientes, ni a los sindicatos ni a las asociaciones de consumidores. Todos critican la "inacci¨®n" del ministerio. "Se est¨¢ produciendo una situaci¨®n clara de desamparo de los enfermos que hay que corregir. Y ese deber¨ªa ser el papel de Sanidad, pero no tiene voluntad pol¨ªtica para hacerlo, un s¨ªntoma m¨¢s de que es un ministerio vac¨ªo de contenido", esgrime Albert Jovell, presidente del Foro Espa?ol de Pacientes, organizaci¨®n que aglutina a numerosas asociaciones de enfermos.

Tampoco las autonom¨ªas que m¨¢s desplazados reciben est¨¢n conformes con la actuaci¨®n de Sanidad. Valencia, Murcia y Madrid pedir¨¢n en el pr¨®ximo Consejo Interterritorial que se establezca un mecanismo de compensaci¨®n del gasto que producen los enfermos desplazados. Algo a lo que el ministerio es contrario. Y no es la primera vez que esas autonom¨ªas llevan el tema a la reuni¨®n. Adem¨¢s, Mar¨ªa ?ngeles Palacios, la consejera de Murcia -una regi¨®n que en los dos meses del verano pasado atendi¨® a 130.000 desplazados- planea dialogar con el resto de comunidades afectadas para tratar de establecer un frente com¨²n en esa cita. "Somos sensibles a los problemas de otras autonom¨ªas, pero este es serio y se repite cada a?o", explic¨® un portavoz de esa consejer¨ªa.

Madrid, que atendi¨® a 280.000 desplazados el a?o pasado, asegura que ha llevado la cuesti¨®n "en varias ocasiones" al Consejo Interterritorial. El consejero madrile?o, Javier Fern¨¢ndez-Lasquetty, pidi¨® en la ¨²ltima reuni¨®n entre el ministerio y las autonom¨ªas un sistema de compensaci¨®n basado en la facturaci¨®n entre comunidades. En la pr¨®xima cita volver¨¢ a hacerlo, asegura una portavoz. Y as¨ª, "en cada ocasi¨®n que se nos presente", a?ade.

Tambi¨¦n desde la Federaci¨®n de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad P¨²blica critican que el ministerio no investigue los casos de desatenci¨®n a los enfermos desplazados. Su portavoz, Marciano S¨¢nchez-Bayle, se reuni¨® ayer con la ministra Paj¨ªn y le traslad¨® su preocupaci¨®n por esa vulneraci¨®n de la ley. Sanidad, sin embargo, insiste en que no puede actuar de oficio, sino a partir de denuncias concretas. Asegura no tener pruebas fehacientes de lo que sucede, pese a que existen fotos de carteles en los que se informa de que no se derivar¨¢ a los especialistas a los desplazados (en un ambulatorio de Cullera, Valencia), o circulares que instan a los m¨¦dicos catalanes a no dar recetas a turistas con dolencias cr¨®nicas.

Hay multitud de casos. Abuelos que viven unos meses al a?o repartidos entre sus hijos que residen en distintas comunidades aut¨®nomas y que necesitan ir al m¨¦dico. Enfermos cr¨®nicos que van de vacaciones y precisan recetas. Como Juan Carlos S¨¢nchez, un aragon¨¦s enfermo cr¨®nico que necesit¨® medicaci¨®n en Catalu?a, donde estaba pasando un mes, y le denegaron la prescripci¨®n. Un hecho que le llev¨® a poner una reclamaci¨®n en el ambulatorio en el que le atendieron.

A pesar de casos como el suyo, Sanidad insiste en que solo puede activar a alta inspecci¨®n, que vela para que no haya desigualdades entre regiones, con una denuncia directa. La Ley de Cohesi¨®n y Calidad del Sistema Nacional de Salud, sin embargo, no recoge que ese ¨®rgano no pueda actuar de oficio. Su funci¨®n es supervisar, evaluar y comprobar que las leyes de sanidad se cumplan. Y m¨¢s concretamente, "verificar la inexistencia de cualquier tipo de discriminaci¨®n" en la prestaci¨®n de servicios sanitarios.

"Claro que el ministerio tiene capacidad para impedir estas actuaciones de algunas comunidades. La ley es muy clara", afirma el secretario de Sanidad de CC OO, Antonio Cabrera. A su sindicato han llegado denuncias de los propios trabajadores sanitarios. "Sabemos que hay comunidades que act¨²an de manera ilegal", a?ade. Puntualiza que la crisis y la necesidad de recortar gasto est¨¢ fomentando estas pr¨¢cticas.