25.000 firmas piden que se sonde de nuevo a la anciana de Huelva

Derecho a Vivir no se rinde. La organizaci¨®n conservadora ha promovido una campa?a por Internet que ha conseguido enviar 25.000 firmas al Fiscal General del Estado para que obligue a poner de nuevo la sonda que alimentaba a Ramona Est¨¦vez. La mujer tiene 90 a?os, y el 26 de julio sufri¨® un derrame cerebral masivo que la tiene "como una m¨¢quina de bombear sangre", seg¨²n explic¨® su hijo, Ram¨®n P¨¦rez. Est¨¢ en estado vegetal y los m¨¦dicos coinciden en que no va a recuperarse. La Junta de Andaluc¨ªa orden¨® la retirada de la v¨ªa a petici¨®n de la familia.

Estas circunstancias y el hecho de que la mujer no quer¨ªa que el final de su agon¨ªa se prolongara innecesariamente no arredran a la organizaci¨®n. Esta ya intent¨® que un juez ordenara que se le volviera a poner la sonda nasog¨¢strica que le retiraron el 24 de agosto. No lo consigui¨®. Tambi¨¦n pidi¨® la tutela de la mujer. El juez tampoco les hizo caso. Les queda un proceso pendiente: una denuncia contra la consejera de Salud de la Junta, Mar¨ªa Jes¨²s Montero, por una presunta vulneraci¨®n del derecho a la objeci¨®n de conciencia y un posible delito de omisi¨®n de auxilio. A esta iniciativa se a?adi¨® ayer la recogida de firmas.

Hambre y sed

Los firmantes argumentan que se est¨¢ dejando morir a la mujer "de hambre y sed, contra el criterio m¨¦dico b¨¢sico". Y que con ello se le "causar¨¢ una agon¨ªa lenta y cruel por inanici¨®n". Afirman tambi¨¦n, en palabras de la presidenta de la asociaci¨®n, G¨¢dor Joya, que "si la sonda fuera una forma de mantenerla artificialmente con vida, al retir¨¢rsela habr¨ªa muerto de forma inmediata".

Este criterio es rechazado por la mayor¨ªa de las sociedades cient¨ªficas. La de Cuidados Paliativos y la de Nutrici¨®n Enteral y Parenteral afirman que la sonda nasog¨¢strica es "equivalente a un tratamiento m¨¦dico", y que, por tanto, el enfermo o sus representantes legales tienen derecho a renunciar a ello. Esta pr¨¢ctica est¨¢ avalada por la ley de autonom¨ªa del paciente, que, en este caso, se ve reforzada por la ley de muerte digna andaluza, que establece claramente que existe el derecho de renunciar a un tratamiento aunque ello suponga acelerar la muerte. Para el hijo de la mujer la decisi¨®n es clara: "Ella no quer¨ªa estar amarrada a unos tubos. Quer¨ªa morir tranquila, porque hab¨ªa tenido una vida muy feliz".