El Estado reclama investigar el delito fiscal en actos electorales del PP

La Abogac¨ªa del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, ha pedido al juez Antonio Pedreira, que instruye el caso G¨¹rtel en Madrid, que se investiguen los delitos contra la Hacienda P¨²blica cometidos por empresas privadas en la Comunidad Valenciana al financiar actos electorales del PP.

Esas sociedades (constructoras, promotoras inmobiliarias y prestadoras de distintos servicios) financiaron a trav¨¦s de la red G¨¹rtel m¨ªtines de dirigentes populares, entre ellos algunos en los que intervino el propio Mariano Rajoy.

La Abogac¨ªa del Estado se queja en su escrito de que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia aceptara el pasado junio investigar numerosos delitos (electoral, cohecho, prevaricaci¨®n, falsedad documental...) pero no el de fraude fiscal en relaci¨®n con la actuaci¨®n de distintas empresas en sus tratos con la Comunidad que presid¨ªa Francisco Camps y con el PP valenciano durante las campa?as de 2007 (municipales y auton¨®micas) y 2008 (generales).

Justicia vincula los delitos de la red G¨¹rtel con el fraude fiscal por m¨ªtines

Los jueces valencianos aceptaron asumir este caso, que les remiti¨® desde Madrid el juez Pedreira al estar implicados en el mismo varios diputados auton¨®micos del PP, pero rechazaron aceptar la parte correspondiente a los delitos contra la Hacienda P¨²blica. Los jueces valencianos entend¨ªan que esos supuestos delitos los habr¨ªan cometido empresarios al no declarar a Hacienda su actividad econ¨®mica pero al no ser parlamentarios y por tanto, no estar aforados, el Tribunal Superior carec¨ªa de competencias para investigar ese aspecto.

La Abogac¨ªa del Estado teme que esta decisi¨®n impida a la Agencia Tributaria reclamar lo que le corresponde por el delito que, de momento, nadie parece querer investigar.

El Abogado del Estado que firma el escrito, Edmundo Bal Franc¨¦s, sostiene: "Parece probable que las mismas conductas que han constituido los primeros delitos [electoral, cohecho, prevaricaci¨®n, falsedad documental...], hayan, en su consumaci¨®n, provocado los hechos imponibles, la generaci¨®n de riqueza que han constituido por su no declaraci¨®n a la Agencia Tributaria, las defraudaciones en que consisten los segundos". En la Comunidad Valenciana, seg¨²n la investigaci¨®n judicial, al menos cinco empresas a las que el Gobierno de Francisco Camps adjudicaba contratos, pagaron actos electorales del PP. Para hacerlo buscaron un mecanismo opaco consistente en ingresar el dinero en las cuentas de Orange Market (filial valenciana de la red G¨¹rtel) como si se tratara del pago de unos servicios a esa sociedad que en realidad nunca se hicieron, seg¨²n la investigaci¨®n. Orange Market, a su vez, se encargaba de montar el acto del PP, que esta formaci¨®n pol¨ªtica no le pagaba pues el dinero llegaba de las empresas contratistas de la Comunidad Valenciana. En otros casos, los pagos a Orange Market se hac¨ªan en b, seg¨²n la investigaci¨®n ha descubierto a trav¨¦s de los documentos incautados a las empresas de la trama y las grabaciones de las conversaciones telef¨®nicas mantenidas entre los directivos de la red G¨¹rtel y algunos dirigentes del PP valenciano.

El Abogado del Estado est¨¢ convencido de que las diligencias de investigaci¨®n que acuerde el Tribunal de Valencia "arrojar¨¢n luz respecto a la posible perpetraci¨®n de los delitos contra la Hacienda P¨²blica, y viceversa, la investigaci¨®n patrimonial que se lleva a cabo en ¨¦stos podr¨¢ llevar consigo la existencia de indicios en relaci¨®n con aqu¨¦llos".

La Abogac¨ªa del Estado insiste en su escrito que entre los delitos electoral, de cohecho, falsedad en documento p¨²blico o prevaricaci¨®n y el fraude fiscal existe una m¨¢s que evidente conexi¨®n por lo que deber¨ªa investigarse. La Abogac¨ªa pide al juez Pedreira que plantee ante la Sala Segunda del Supremo un conflicto negativo de competencia frente al Tribunal Superior de Valencia y sugiere que se remitan al m¨¢ximo ¨®rgano judicial dos decenas de informes de la Agencia Tributaria y de la Polic¨ªa sobre distintos negocios ilegales en los que tuvo una participaci¨®n activa la red G¨¹rtel. Entre ellos, el contrato de la visita del Papa a Valencia, que report¨® m¨¢s de tres millones de euros de beneficios a una constructora leonesa sin experiencia en ese tipo de trabajos.