Batalla insensata

El auto del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a que insta a la Generalitat a revisar el modelo de inmersi¨®n ling¨¹¨ªstica en la ense?anza, en ejecuci¨®n de una sentencia del Tribunal Supremo, est¨¢ abriendo una indeseable guerra pol¨ªtica. A escasos d¨ªas del 11 de septiembre, Diada de Catalu?a, y a dos meses de las elecciones del 20-N, los partidos han hallado un buen arsenal propagand¨ªstico con el que cargar sus bater¨ªas dial¨¦cticas. El PP y Ciutadans, por un lado, y el resto de partidos, por otro. Se trata de una batalla que en nada beneficia a una sociedad que convive desde hace casi 30 a?os en armon¨ªa con un modelo de inmersi¨®n ling¨¹¨ªstica ampliamente aceptado, aunque con algunas dificultades para dar satisfacci¨®n a las demandas minoritarias de ciudadanos que desean una ense?anza en castellano para sus hijos.

La inmersi¨®n ling¨¹¨ªstica parte de la Ley de Normalizaci¨®n de 1983, que el Parlamento catal¨¢n aprob¨® sin un solo voto en contra. El Supremo dio luz verde a la ley en 1988 y el Constitucional la aval¨® en 1994. Pero en 2010 la sentencia sobre el nuevo Estatuto introdujo de manera expl¨ªcita un matiz que hasta entonces solo se daba por supuesto: el car¨¢cter del castellano tambi¨¦n como lengua vehicular de la ense?anza, aunque sin cuestionar el lugar central que la ley y los propios tribunales atribuyen al catal¨¢n en su condici¨®n de lengua vehicular y de aprendizaje en el sistema educativo. En una reciente sentencia, el Tribunal Supremo admite la demanda de una familia a favor de la escolarizaci¨®n en castellano para sus hijos, pero, por primera vez, vincula este derecho subjetivo a su dimensi¨®n tambi¨¦n como lengua vehicular, adem¨¢s del catal¨¢n. A este reconocimiento expl¨ªcito se debe el revuelo creado por la sentencia del Supremo que el Tribunal Superior de Catalu?a ha ordenado ejecutar a la Generalitat en el plazo de dos meses.

Al contrario que en otras comunidades que cuentan con varias l¨ªneas escolares en raz¨®n de la lengua, Catalu?a opt¨® desde el tardofranquismo por una sola para evitar, tras el aluvi¨®n de inmigraci¨®n del resto de Espa?a en los a?os sesenta, que nadie se sintiera discriminado por su lugar de nacimiento. Y el tiempo ha avalado un modelo al que, poco a poco, se fueron sumando todas las fuerzas pol¨ªticas parlamentarias. El informe PISA y los estudios de los expertos constatan que los alumnos catalanes, al concluir la ense?anza obligatoria, tienen un grado de conocimiento del castellano igual al que tienen los de otras comunidades aut¨®nomas monoling¨¹es.

El Gobierno catal¨¢n ha anunciado un recurso contra el auto, pero, entretanto, deber¨¢ cumplirlo en los t¨¦rminos que considere m¨¢s ajustados a la sentencia del Supremo. Reforzar en alguna medida el castellano en la ense?anza no cuestiona el modelo de inmersi¨®n ling¨¹¨ªstica vigente desde hace 30 a?os, como tampoco lo hace el Supremo. En determinadas zonas y sectores educativos catalanes ya se hace mediante una aplicaci¨®n inteligente de la ley. Es lo que el Gobierno catal¨¢n debe hacer en cualquiera de los casos.