La Audiencia Nacional investigar¨¢ el bloqueo al Parlament

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco acept¨® ayer investigar "los hechos ocurridos el 15 de junio de 2011 frente al Parlamento catal¨¢n" tras una protesta convocada por el movimiento 15-M, algunos de cuyos integrantes trataron de impedir el acceso de los diputados a la C¨¢mara auton¨®mica, al considerar que podr¨ªan constituir un delito contra Altos Organismos de la Naci¨®n.

Velasco sigue el criterio de la fiscal¨ªa, que el lunes le pidi¨® que asumiera la competencia por estos hechos, denunciados en una querella presentada por el sindicato ultra Manos Limpias, pero que rechazara investigar el resto de los incidentes ocurridos en Barcelona y otras poblaciones con ocasi¨®n de las protestas del 15-M.

Velasco admite la querella de Manos Limpias solo en lo que se refiere "al delito contra las Instituciones del Estado, sin extenderse al resto de incidentes que afecten al orden p¨²blico que no vayan contra la Alta Instituci¨®n del Estado [el Parlamento de Catalu?a]".

El juez fija una fianza de 3.000 euros para que el sindicato Manos Limpias, que no tiene representaci¨®n en ning¨²n centro de trabajo, pueda personarse como acusaci¨®n popular, "dado el inter¨¦s ciudadano (...) en la persecuci¨®n de delitos que afectan a sus instituciones esenciales". Esta cantidad es sensiblemente inferior a la sugerida por el fiscal, que pidi¨® 50.000 euros de fianza tras acusar a Manos Limpias de querer abrir una causa general contra el 15-M, y asegur¨® que la querella presentada ten¨ªa "cierto car¨¢cter fraudulento" y constitu¨ªa "un cierto abuso de derecho".

Posible delito

Los incidentes del 15 de junio tuvieron lugar tras la convocatoria por parte del movimiento 15-M de una protesta frente al Parlament, donde se iba a celebrar el debate sobre los Presupuestos de la Generalitat, contra los recortes econ¨®micos y sociales.

Varios diputados fueron rodeados, insultados e incluso algunos manchados con pintura, pese al cord¨®n policial, mientras que otros como el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y la presidenta del Parlament, N¨²ria de Gispert, tuvieron que acceder al edificio en helic¨®ptero.

El delito que puede imputarse a los autores de esos hechos es el recogido en el art¨ªculo 498 del C¨®digo Penal, que fija penas de tres a cinco a?os de c¨¢rcel para los que "emplearen fuerza, violencia, intimidaci¨®n o amenaza grave para impedir" a cualquier cargo electo "asistir a sus reuniones".