Una socia de la denunciante confirma el intento de extorsi¨®n

B. V., actual socia de Ainhoa Alberdi, la abogada que destap¨® con su denuncia la presunta trama de corrupci¨®n denominada caso De Miguel, confirm¨® ayer que dos exdirigentes del PNV, Alfredo de Miguel y Aitor Teller¨ªa, extorsionaron a su socia para que pagara una comisi¨®n de 100.000 euros tras conseguir esta un contrato vinculado al parque tecnol¨®gico de Mi?ano. En su comparecencia ante la comisi¨®n del Parlamento vasco que investiga los hechos para depurar responsabilidades pol¨ªticas, B.V. respald¨® lo afirmado por la letrada tanto en su denuncia inicial en diciembre de 2009 como en su comparecencia ante los parlamentarios en marzo.

Los hechos se remontan a 2006, cuando De Miguel propici¨® la elecci¨®n de Urbanorma Consulting, una empresa constituida poco antes por la denunciante junto a Jon I?aki Echaburu, tambi¨¦n imputado, para asesorar en el proceso de ampliaci¨®n del parque tecnol¨®gico. La firma consigui¨®, sin pasar por ning¨²n proceso de adjudicaci¨®n, un contrato por el que cobrar¨ªa un total de 441.000 euros. Alberdi asegura en su denuncia que fue De Miguel, entonces n¨²mero dos del PNV alav¨¦s, quien negoci¨® los t¨¦rminos del contrato que suscribir¨ªa en noviembre de 2006.

La abogada que destap¨® el caso se?al¨® a dos exdirigentes del PNV

El director financiero de Sprilur da detalles de la 'operaci¨®n Santurtzi

Echaburu tuvo problemas econ¨®micos que le obligaron a dejar Urbanorma, por lo que la denunciante qued¨® sola al frente de la empresa a principios de 2008. Es entonces cuando, seg¨²n su testimonio, respaldado por varias grabaciones de sus conversaciones con los implicados, De Miguel, ya nombrado diputado foral y miembro del consejo de administraci¨®n del parque tecnol¨®gico, y Teller¨ªa, entonces responsable del semillero de empresas de Mi?ano y miembro del Araba Buru Batzar, le exigieron "pasar por caja" y que pagase una comisi¨®n supuestamente pactada antes con Echaburu.

La letrada se neg¨®, lo que propici¨® que la trama llegara incluso a presionar a trav¨¦s de su padre. Tambi¨¦n afirma haber sido marginada por ello de un contrato para asesorar la segunda fase de la ampliaci¨®n del parque. En su comparecencia ante los parlamentarios en marzo, Alberdi, que hab¨ªa trabajado en el pasado para De Miguel, reconoci¨® que, de no haber denunciado los hechos, ella tambi¨¦n podr¨ªa estar imputada ahora.

En diciembre de 2009, Alberdi acudi¨® al despacho del fiscal jefe de ?lava, Josu Izaguirre, respaldando su versi¨®n con 24 archivos de audio acumulados en los meses previos. A partir de ah¨ª, los responsables de las pesquisas, dirigidos por el juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero cuatro de Vitoria, fueron tirando del hilo hasta encontrar una nutrida red empresarial que particip¨® en operaciones sospechosas que superan un volumen de 13 millones, inclu¨ªdas las cuant¨ªas detectadas en el ¨²ltimo informe policial sobre el caso. Tambi¨¦n compareci¨® A.P.S., abogado vinculado al parque tecnol¨®gico alav¨¦s.

Por otro lado, la C¨¢mara abund¨® en su investigaci¨®n sobre las presuntas irregularidades cometidas en la sociedad p¨²blica Sprilur en una operaci¨®n en Santurtzi, que no guarda relaci¨®n con el caso De Miguel. Los parlamentarios escucharon el testimonio de Patxi M¨¢rquez, director financiero de Sprilur. El entonces responsable de la entidad p¨²blica, Antton Zubiaurre, est¨¢ imputado por malversaci¨®n de caudales p¨²blicos.