Pol¨ªtica y derecho

Las reformas de los estatutos de autonom¨ªa en general y, sobre todo, las de los estatutos del art¨ªculo 151 de la Constituci¨®n nunca debieron ser sometidas a revisi¨®n por parte del Tribunal Constitucional. La Constituci¨®n concibi¨® los estatutos de autonom¨ªa del art¨ªculo 151 y su reforma como el resultado de un pacto entre el Parlamento de la comunidad aut¨®noma y las Cortes Generales, refrendado por el cuerpo electoral de la nacionalidad o regi¨®n afectada. La Constituci¨®n no contempl¨® la intervenci¨®n del Tribunal Constitucional en esta operaci¨®n. Las Cortes Generales son el guardi¨¢n del principio de unidad pol¨ªtica del Estado que es presupuesto y l¨ªmite para el ejercicio del derecho a la autonom¨ªa de las nacionalidades y regiones que integran Espa?a. Ellas son las encargadas de hacer el control de constitucionalidad ante la propuesta que hace el Parlamento de la comunidad aut¨®noma. Y es el texto resultante de dicho control el que se somete a refer¨¦ndum. Una norma resultante de esta combinaci¨®n de tres manifestaciones distintas del principio de legitimaci¨®n democr¨¢tica no puede ser, por su propia naturaleza, sometida a control jurisdiccional. As¨ª es como est¨¢ en la Constituci¨®n.

El pacto de inserci¨®n de las partes en el todo, de las nacionalidades y regiones en el Estado, que es lo que hacen los estatutos de autonom¨ªa, es un pacto de naturaleza pol¨ªtica, del que ¨²nicamente pueden ser protagonistas ¨®rganos legitimados democr¨¢ticamente de manera directa. Y lo que ellos acuerden no puede ser sometido a revisi¨®n. Cuando esta visi¨®n del constituyente es desatendida y el Tribunal Constitucional acaba dictando sentencia sobre las reformas estatutarias, entramos en un terreno en el que se generan conflictos a los que es dif¨ªcil encontrar respuesta.

Lo estamos comprobando en Catalu?a y en Andaluc¨ªa. En Catalu?a a prop¨®sito de la lengua. En Andaluc¨ªa a prop¨®sito del Guadalquivir. En ambas comunidades las decisiones en ambas materias se hab¨ªan adoptado por unanimidad. Desde 1984 se ha venido desarrollando un modelo educativo regulado por leyes aprobadas por unanimidad nunca recurridas ante el Tribunal Constitucional. Despu¨¦s de la sentencia del Tribunal Constitucional del a?o pasado se ha puesto en marcha una operaci¨®n que pone en cuesti¨®n dicho modelo educativo, que sabemos como ha empezado, pero no como puede terminar.

En Andaluc¨ªa el problema es de menos calado, pero no menos enojoso. Se hizo un esfuerzo enorme en la redacci¨®n del art¨ªculo 51 del nuevo estatuto, a fin de encontrarle un encaje en la Constituci¨®n y se consigui¨® la unanimidad en las Cortes Generales. Nadie vio en ese ejercicio del derecho a la autonom¨ªa la m¨¢s m¨ªnima amenaza al principio de unidad pol¨ªtica del Estado, que es el l¨ªmite que figura en la Constituci¨®n y cuya salvaguardia atribuye a las Cortes Generales.

La pol¨ªtica no puede ser reducida a norma jur¨ªdica y a la interpretaci¨®n de esta ¨²ltima por un ¨®rgano jurisdiccional. Si as¨ª fuera, Andaluc¨ªa no hubiera podido constituirse en comunidad aut¨®noma por la v¨ªa del art¨ªculo 151 CE. Una vez que fracas¨® el refer¨¦ndum del 28-F en la provincia de Almer¨ªa, no era constitucionalmente posible seguir la v¨ªa del art¨ªculo 151 CE. Y sin embargo, se lleg¨® a un acuerdo de naturaleza pol¨ªtica que permiti¨® no s¨®lo encontrar una salida para Andaluc¨ªa, sino para todo el Estado.

En el momento de inicial puesta en marcha de la Constituci¨®n hubo una voluntad pol¨ªtica de encontrar respuestas consensuadas a los problemas de estructura del Estado, que desgraciadamente se ha perdido. La estructura del Estado se construye mediante acuerdos de naturaleza pol¨ªtica, que en su n¨²cleo esencial no pueden ser judicializados.