El plan de salvaci¨®n econ¨®mica de Gallard¨®n naufraga en las Cortes

Septiembre es un mes arduo para las calculadoras y para aquellos que, en las Administraciones p¨²blicas, las usan para meter en vereda n¨²meros ahora m¨¢s que nunca ariscos. Septiembre es el mes en el que los Presupuestos del Estado, las comunidades y los Ayuntamientos para el pr¨®ximo a?o comienzan a aterrizar sobre el papel, cartografiando la carest¨ªa de las arcas p¨²blicas y obligando a sus responsables a repartir el dinero y, sobre todo, su ausencia. Septiembre es el mes en el que empiezan a tomar forma los recortes que sufrir¨¢n los ciudadanos en 2012. Y septiembre no ha comenzado nada bien en Madrid.

El Ayuntamiento cerr¨® 2010 con un d¨¦ficit de 754 millones (un 0,6% del PIB), lo que le oblig¨® a presentar ante el Gobierno central un plan econ¨®mico-financiero y un plan de saneamiento en el que explicaba c¨®mo aspira a cuadrar sus cuentas. El concejal de Hacienda, Juan Bravo, elabor¨® entonces un escenario para toda la legislatura que preve¨ªa reducir la deuda un 30% y ponerse al d¨ªa en el pago a proveedores para 2015.

El PP intent¨® sacar adelante un cambio legal en el Senado y en el Congreso

Sin embargo, esas cuentas, presentadas a fines de junio, estaban supeditadas a que el Gobierno central diera su visto bueno a un cambio legislativo (para el que resultaba imprescindible el apoyo del PSOE), mediante el cual se permitiera a los Ayuntamientos refinanciar el pago de su deuda.

Fruto de inversiones como el soterramiento de la M-30, la construcci¨®n de Madrid R¨ªo o el traslado de la sede municipal al Palacio de Cibeles, Madrid acumulaba al cierre de 2010 una deuda de 6.453 millones, que debe amortizar anualmente. As¨ª, el a?o que viene tendr¨¢ que devolver 577 millones a los inversores que le prestaron el dinero para esas obras. En 2013 ser¨¢n 580 millones, en 2014 ser¨¢n 578, y as¨ª hasta 2022.

El plan del Ayuntamiento pasaba por refinanciar parte de ese dinero, de forma que, en 2012, pudiera contar con 300 millones adicionales. Pero para eso deb¨ªa sacar adelante el cambio legislativo.

Era tarea dif¨ªcil, pues deb¨ªa convencer a un Gobierno obsesionado no solo por reducir el d¨¦ficit p¨²blico, sino por transmitir a los mercados la sensaci¨®n de que lo hace a destajo y sin pausa. Parad¨®jicamente, solo el 6,3% de la deuda espa?ola es municipal, frente al 77% del Estado y el 13% de las Comunidades, que adem¨¢s s¨ª pueden ambos refinanciarla.

Adem¨¢s, se enfrentaba a un problema de tiempos, ante la disoluci¨®n anticipada de las Cortes. Primero lo intent¨® en el Senado, a trav¨¦s de una enmienda presentada en julio por el Grupo Popular al Proyecto de Ley de Medidas de Agilizaci¨®n Procesal. El PP esperaba contar adem¨¢s con el respaldo de CiU para sacar adelante la votaci¨®n, toda vez que el Ayuntamiento de Barcelona, en manos de los nacionalistas, atraviesa tambi¨¦n dificultades econ¨®micas. Sin embargo, la enmienda no fue aceptada a tr¨¢mite al considerarse su contenido -financiaci¨®n local- muy alejando del de la ley enmendada -de naturaleza judicial-. Perdida su mejor baza, el PP lo intent¨® a¨²n una vez m¨¢s, en el Congreso y como enmienda a una norma relativa al Mercado de Valores. En esta ocasi¨®n no prosper¨® por la oposici¨®n del PSOE a lo que entiende como un relajamiento en su cruzada contra el endeudamiento p¨²blico.

As¨ª las cosas, los planes presentados por el Ayuntamiento en junio son ahora papel mojado, y deber¨¢ remozarlos y presentarlos de nuevo al Gobierno antes de final de a?o. Sin la posibilidad de refinanciar los pagos de la deuda, las nuevas cuentas municipales -que configurar¨¢n adem¨¢s los presupuestos de 2012- deber¨¢n incluir un fuerte ajuste, que se pretende equilibrar a partes iguales con un aumento en los ingresos previstos y un recorte adicional de gastos.

A falta de conocer las entregas a cuenta para 2012 (el dinero que le corresponde a Madrid de los impuestos estatales), el Ayuntamiento ya hab¨ªa previsto un ajuste del gasto corriente del 7%. En caso de no poder refinanciar su deuda, como a la postre ha sucedido, ese recorte pod¨ªa ascender sobre el papel hasta un 15%, m¨¢s de 500 millones, una cifra tan elevada que obligar¨ªa a tocar todas las partidas, incluido el gasto social.

Para evitarlo, el Gobierno local se afana ahora, calculadora en mano, en encontrar nuevas v¨ªas de ingresos que amortig¨¹en al menos parcialmente el ajuste, con el objetivo declarado de que "el ciudadano no lo note".