La justicia avala la ley que obliga a separar parejas en caso de maltrato

Un juez puede obligar a una mujer a dejar de vivir con su pareja si esta le ha denunciado por malos tratos, incluso verbales, pese a que la v¨ªctima decida mantener la convivencia. As¨ª lo avala el Tribunal de Justicia de la UE en una sentencia emitida ayer en relaci¨®n con dos causas similares de la justicia espa?ola: se trata de dos condenados por agresi¨®n que volvieron a instalarse en el domicilio de su pareja a petici¨®n de las v¨ªctimas. Estas reclamaron despu¨¦s al juez derogar la orden de alejamiento. "Somos v¨ªctimas del sistema penal, ?por qu¨¦ no puedo vivir con quien me agredi¨®?", recrimin¨® en 2009 a la Audiencia Provincial de Tarragona E. C., una de esas v¨ªctimas. Tras escucharla, la Audiencia consider¨® que este tipo de casos "cuestionan" ciertos aspectos de la ley espa?ola, que puede atentar contra "el respeto de la vida privada y familiar" incluido en el derecho comunitario. Por ello elev¨® la cuesti¨®n al tribunal de la UE, que ha determinado que las v¨ªctimas tienen derecho a ser escuchadas pese a que el criterio del juez debe primar en cualquier caso.

"La orden de alejamiento, por si sola, no es eficaz", advierte un jurista

La v¨ªctima que abri¨® la cuesti¨®n puede ser condenada por vivir con su agresor

"La protecci¨®n penal no solo tiene por objeto la protecci¨®n de los intereses de la v¨ªctima, sino tambi¨¦n la protecci¨®n de otros intereses m¨¢s generales de la sociedad", justifica el fallo del organismo comunitario. La sentencia no es vinculante para la justicia espa?ola pero apuntala la reforma del C¨®digo Penal que el Ejecutivo espa?ol -gobernado entonces por el PP- realiz¨® en 2003 y que pr¨¢cticamente automatiza la imposici¨®n de ¨®rdenes de alejamiento: los magistrados deben imponerla cautelarmente tras admitir a tr¨¢mite una denuncia de malos tratos, incluso verbales, es decir, por insultos o amenazas; y tras una sentencia condenatoria esa orden pasa a ser definitiva y puede imponerse con una duraci¨®n de hasta 10 a?os. Esta disposici¨®n ha provocado varias decenas de cuestiones de constitucionalidad de parejas que reclamaban volver a convivir. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado por ahora a favor de la reforma legal, pero esta sigue levantando controversia en el ¨¢mbito judicial.

"El sistema espa?ol es excesivamente r¨ªgido", defiende el catedr¨¢tico de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona, Joan Josep Queralt. "El modelo ideal es un m¨¦todo mixto, con penas de alejamiento revisables cada cierto periodo de tiempo", se?ala. "Por s¨ª sola, adem¨¢s, la orden de alejamiento no sirve como protecci¨®n efectiva, hay muchos otros factores sociales", advierte. En cualquier caso, la cuesti¨®n es compleja porque en algunos casos, las parejas que han accedido a convivir con su agresor han acabado asesinadas por su pareja. "Jur¨ªdicamente es dif¨ªcil consentirlo, porque uegan con fuego. Es como tener c¨¢ncer de pulm¨®n y seguir fumando", subraya. El a?o pasado, el 9,4% de las 120.000 v¨ªctimas de maltratos reanud¨® despu¨¦s la convivencia con su agresor; porcentaje que ascendi¨® al 15,2% en 2009, seg¨²n la Fiscal¨ªa General del Estado.

El endurecimiento del C¨®digo Penal respondi¨® a una necesidad de frenar la sangr¨ªa de asesinatos pero la generalizaci¨®n de las ¨®rdenes de alejamiento no ha logrado revertir las cifras de mujeres fallecidas. Hasta 74 v¨ªctimas fallecieron a manos de sus parejas o exparejas el a?o pasado, 19 m¨¢s que el a?o anterior. A?o tras a?o, con ligeros aumentos o descensos, el n¨²mero de parejas asesinadas se mantiene elevado. En los ¨²ltimos cinco a?os, supera las 350 mujeres y se ha consolidado como la primera causa de muerte dolosa en Espa?a. "Este desconcertante aumento no se debe a un mal funcionamiento de la ley sino a la dificultad de reeducar la ciudadan¨ªa", opin¨® ayer el Fiscal General del Estado, C¨¢ndido Conde-Pumpido, que asumi¨® la necesidad de mejorar la protecci¨®n de las v¨ªctimas.

Una cuesti¨®n en la que el nuevo C¨®digo Penal puede ser contraproducente. "La reforma generaliz¨® las ¨®rdenes de alejamiento porque los jueces aplicaban medidas de protecci¨®n con cierta ligereza", detalla el jurista experto en derecho penal, Javier Ruiz. "Ahora son demasiado severos y en algunos casos puede resultar perjudicial". "Incluso se condena a las mujeres que deciden convivir con sus agresores por colaboraci¨®n en el quebrantamiento de la orden de alejamiento, lo cual resulta cuestionable", a?ade Queralt. Estas penas, de 6 a 12 meses de c¨¢rcel, pueden suponer el ingreso en prisi¨®n de la v¨ªctima si esta tiene antecedentes penales.

Se trata del tipo de condena que afronta posiblemente a E. C., cuya defensa de la convivencia con su pareja origin¨® el pronunciamiento del Tribunal de la UE. Tras la sentencia de este organismo, la v¨ªctima se ha quedado abocada a un proceso penal pese a que su pareja la agredi¨® en la cara y en el cuerpo y la amenaz¨® de muerte con un cuchillo que iba clavando en la cama y alrededor de la mujer, relata la sentencia condenatoria. Pero ella le solicit¨® expresamente que volvieran a convivir, declar¨® a la Audiencia de Tarragona en 2009. "Es una agresi¨®n superada, hemos asistido a terapias... No lo dejar¨¦ si lo dice un juez porque nos queremos", declar¨® la mujer a este diario hace dos a?os. La Audiencia, que entonces suspendi¨® las actuaciones en espera de la respuesta del tribunal comunitario, considerar¨¢ ahora si la v¨ªctima ha incumplido la ley, por lo que esta rechaz¨® realizar declaraciones sobre el asunto. "Re¨²ne todos los n¨²meros para que sea declarada culpable", lament¨® Ruiz.