Carrusel de facturas en Astapa
El juez examina los pagos de seis empresarios tras la firma de convenios
La instrucci¨®n del caso Astapa contra la corrupci¨®n en el Ayuntamiento de Estepona (M¨¢laga) se ha centrado en los ¨²ltimos meses en los cohechos. Los investigadores de esta gran causa que suma 99 implicados tratan de descifrar un complejo engranaje por el que empresarios con intereses en el municipio pagaban las facturas que el Consistorio esteponero adeudaba a terceras empresas o contrataban los servicios de negocios vinculados a ediles, supuestamente para obtener trato de favor.
Entre los 21 nuevos imputados hay seis personas -entre empresarios y representantes de promotoras- investigados por pagar facturas o hacer aportaciones para eventos para beneficiarse en la negociaci¨®n de convenios.
Las 21 personas que declararon en julio est¨¢n implicadas por cohecho
La polic¨ªa tambi¨¦n cree que algunas de las facturas asumidas en nombre del Ayuntamiento estaban falsedadas. Se investiga si los empresarios que las emitieron acordaron repartir beneficios con miembros de los equipos de gobierno del exalcalde Antonio Barrientos (PSOE).
Todos los nuevos implicados est¨¢n acusados de cohecho, entre otros delitos como malversaci¨®n, falsedad documental o fraude. Adem¨¢s de los empresarios, en la lista hay tres empleados municipales que, seg¨²n el fiscal, se encargaban de "recaudar" o "presionar" a los promotores para que financiaran los gastos del Ayuntamiento o la exedil de la formaci¨®n posgilista Partido de Estepona (PES) Marta Sol¨ªs, entre otros.
El empresario Jaime Rico, uno de los testigos, ha declarado que el gerente del ?rea de Servicios del Consistorio, Alfonso Servia, tambi¨¦n imputado en esta ¨²ltima fase, le pidi¨® que entregara 150.000 euros a Marta Sol¨ªs -entonces edil de Turismo- tras realizar unas obras de mejora del Palacio de Congresos de Estepona. Seg¨²n Rico, due?o de la empresa Rimasa 2003, Servia le dijo que ese dinero tendr¨ªa que salir "de sus beneficios" y lo reclam¨® cuando solo quedaba pendiente el pago de la ¨²ltima certificaci¨®n de obra. La exedil Sol¨ªs, implicada por malversaci¨®n y cohecho, est¨¢ retirada de la pol¨ªtica desde 2005.
En esta supuesta red de sobornos tambi¨¦n se estudia el papel de la empresa Proyectos Maribel 1950. Se trata de una gestor¨ªa administrada por el cu?ado del exedil del PES, Manuel Reina, que multiplic¨® por 18 sus ingresos en los dos primeros a?os en los que Reina ocup¨® la concejal¨ªa de Hacienda. Seg¨²n datos de la Agencia Tributaria, pas¨® de facturar 16.870 euros en 2003, a 291.831 euros en 2005.
El cu?ado de Reina, Celestino del Pino, declar¨® como implicado en junio. Figura como administrador de la asesor¨ªa, pero los investigadores defienden que quien controlaba el negocio era el exedil. El testigo Jaime Rico asegur¨® que Reina ofrec¨ªa "un trato de favor" a todos los proveedores municipales que llevaban all¨ª sus cuentas. Rico, adjudicatario del dep¨®sito de veh¨ªculos, contrat¨® a la gestor¨ªa en 2003.
Seg¨²n los informes policiales, hasta seis empresas con intereses urban¨ªticos o proveedoras de servicios trabajaron con la asesor¨ªa en fechas cercanas a la firma de convenios o mientras manten¨ªan relaciones comerciales con el Consistorio. Ocurri¨®, por ejemplo, con Estesur, SL, a la que la gestor¨ªa realiz¨® una venta de 232.742 euros en 2005. Ese mismo a?o la familia Baz¨¢n Ramos, propietaria de la empresa, firm¨® con el Ayuntamiento el convenio Cortijo Casare?o.
En 2008, cuando Reina ya hab¨ªa salido del gobierno, ces¨® la relaci¨®n comercial con cinco de estas empresas. Durante el registro de la casa del exedil, la polic¨ªa encontr¨® el libro de socios, el de actas y el libro diario de la gestor¨ªa, todo en blanco.
?ltimos imputados
- Los empleados municipales Jos¨¦ Antonio Mac¨ªas y Mar¨ªa Paz Andrades est¨¢n imputados por formar parte del mecanismo para presionar a empresarios a financiar gastos del Ayuntamiento, seg¨²n el fiscal del caso. La polic¨ªa considera que Mariano Crespo, tambi¨¦n trabajador municipal, constitu¨ªa una "pieza clave" del engranaje de intereses creados en Estepona, "donde se confund¨ªa lo p¨²blico con lo privado". Est¨¢ implicado por utilizar su empresa, Crestasub, para financiar gastos de campa?a del PSOE "por el procedimiento de simular y facturar servicios inexistentes a empresas del grupo Valle Romano".
- A la empresaria Mar¨ªa T¨¢bata Gonz¨¢lez se le atribuye un trato de favor a partidos pol¨ªticos desde un medio de comunicaci¨®n para conseguir la adjudicaci¨®n de obras municipales para la sociedad Nagore, de la que es responsable su hermano, David Gonz¨¢lez Florent¨ªn, tambi¨¦n imputado. La empresa Nagore tambi¨¦n se investiga por "reconocimiento irregular de deudas". Seg¨²n el fiscal, "pudieron pagar comisiones a pol¨ªticos locales a trav¨¦s de sociedades".
- Los hermanos Jos¨¦ Mar¨ªa y Juan Antonio P¨¦rez Torrecillas, due?os de una empresa de excavaciones, est¨¢n implicados por el "supuesto pago de eventos municipales o comisiones a funcionarios por adjudicaciones de obras o reconocimiento de deudas".
A REPRESENTANTES DE EMPRESAS CON INTERESES URBAN¨ªSTICOS COMO JOS¨¦ ANDR¨¦S S¨¢NCHEZ GARC¨ªA SE LES ATRIBUYEN PAGOS IRREGULARES DE FACTURAS ENTRE 2006 Y 2007 POR LOS QUE LA EMPRESA QUE LOS RECIBI¨® GENER¨® FACTURAS FALSAS. TODO ELLO RELACIONADO, SEG¨²N EL FISCAL, CON UN CONVENIO DE 2006 SOBRE LA EDIFICABILIDAD DE UN CAMPO DE GOLF. A FRANCISCO V¨¢ZQUEZ Y PEDRO YENES, TAMBI¨¦N REPRESENTANTES DE PROMOTORAS, SE LES RELACIONA CON UN POSIBLE PAGO DE COMISIONES por la firma del convenio Cortijo La Teja a trav¨¦s del bufete S&B Abogados, para el que trabajaba Juan Sim¨®n, primo del jefe de gabinete de alcald¨ªa, Jos¨¦ Flores
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