Seis sueldos en un tribunal que no hace nada

Un caso que ilustra el crecimiento anormal del aparato administrativo al servicio de la Generalitat fue la constituci¨®n, hace tres a?os, del denominado Tribunal de Defensa de la Competencia, una entidad que preside Fernando Castell¨®, que fuera en su d¨ªa consejero de Industria en el ¨²ltimo Gobierno auton¨®mico de Eduardo Zaplana. El tribunal est¨¢ atendido por un jefe de servicio y una secretaria que ocupan su plaza por libre designaci¨®n. Y un jefe de secci¨®n, un t¨¦cnico jur¨ªdico y un subalterno, que ocupan la plaza por concurso. En sus tres a?os de existencia, el Tribunal de Defensa de la Competencia no ha tramitado un solo expediente. Ni uno. Todo un modelo de profesionalidad y vocaci¨®n de servicio a los intereses de lo p¨²blico.

El aparato administrativo al servicio del Consell de la Generalitat ha crecido de forma desmedida durante los ¨²ltimos 16 a?os de mandato del PP al frente de la Administraci¨®n auton¨®mica, pero no es m¨¢s profesional que antes. Al contrario.

El primer Gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar hizo en 1997 la Ley de Ordenaci¨®n y Funcionamiento de la Administraci¨®n General del Estado (LOFAGE), una norma aprobada por consenso de los dos grandes partidos. La LOFAGE establece que para ocupar un cargo de director general, un puesto de designaci¨®n pol¨ªtica, es imprescindible ser funcionario de carrera, ocupa una plaza ganada por concurso de m¨¦ritos tras acreditar la necesaria capacidad para asumir la responsabilidad correspondiente.

Pero la normativa auton¨®mica no recoge ese precepto. Cualquiera puede ocupar una plaza de director general. Y, una vez en el cargo, cualquiera puede elegir a los jefes de ¨¢rea y jefes de servicio que ser¨¢n sus m¨¢s directos colaboradores a trav¨¦s del procedimiento de libre designaci¨®n, el m¨¢s habitual para cubrir plazas de jefes.

Como resultado, los criterios pol¨ªticos de selecci¨®n priman sobre cualquier otro de m¨¦rito y capacidad para gestionar la cosa p¨²blica y para manejar los dineros de todos los contribuyentes.

M¨¢s a¨²n, la falta de profesionalidad redunda en la ausencia de control de las decisiones pol¨ªticas por parte de servidores p¨²blicos dispuestos a preservar el bien com¨²n.