El juez del 'caso Brugal' cita a declarar como imputadas a otras siete personas

El juez instructor de la pieza del caso Brugal que se centra en las supuestas irregularidades en la tramitaci¨®n del Plan General de Ordenaci¨®n Urbana (PGOU) de Alicante, ha citado a declarar como imputadas a otras siete personas que, a juicio del fiscal, son supuestamente responsables de delitos de aprovechamiento de informaci¨®n privilegiada y/o de participaci¨®n en cohecho.

A trav¨¦s de un auto, seg¨²n han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 5 de Alicante, Manrique Tejada, recuerda un informe de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n en el que se hace constar una serie de delitos investigados en relaci¨®n al PGOU y personas "supuestamente responsables" de los mismos. Entre estas, al margen de otras que ya han declarado, figuran siete personas, dos de ellas por supuestos delitos de participaci¨®n en cohecho y aprovechamiento de secreto o informaci¨®n privilegiada facilitada por autoridad o funcionario, y las restantes solo por este ¨²ltimo delito.

Las dos primeras son el empresario Aurelio Gonz¨¢lez (administrador mancomunado de Enrique Ortiz en algunas empresas) y el consejero de una mercantil de este ¨²ltimo, Vicente P¨¦rez, de quien el sumario Brugal recoge varias conversaciones telef¨®nicas con Ortiz. Las otras cinco son Jos¨¦ Gregorio Bernab¨¦, relacionado con la empresa Aligesti¨®n y empleado de Ortiz; el promotor Ram¨®n Salvador, los empresarios Juan Jos¨¦ Climent y Jos¨¦ Francisco Javier Le¨®n, y el exdirector general adjunto de Bancaja Juan Zurita. Los citados aparecen en las conversaciones recogidas por la Polic¨ªa e incorporadas al caso.

El juez ha acordado la citaci¨®n de Jos¨¦ Gregorio Bernab¨¦, Aurelio Gonz¨¢lez y Ram¨®n Salvador para el pr¨®ximo 14 de noviembre, y el resto declarar¨¢ siete d¨ªas despu¨¦s.

La del planeamiento urban¨ªstico de Alicante es una de la veintena de piezas separadas surgidas a ra¨ªz de la investigaci¨®n inicial, que se centr¨® en las supuestas irregularidades en la concesi¨®n del servicio de basuras de Orihuela y a partir de la que tambi¨¦n despu¨¦s se descubrieron supuestas ilegalidades en la adjudicaci¨®n del plan zonal de residuos de la comarca de la Vega Baja.

El fiscal Anticorrupci¨®n de Alicante cree que la alcaldesa de la capital, Sonia Castedo, del PP, debe ser imputada dentro de la operaci¨®n Brugal del PGOU por beneficiar al constructor Enrique Ortiz, aunque esta siempre ha negado las acusaciones de trato de favor. El escrito de la acusaci¨®n p¨²blica apunta a que Castedo facilit¨® "en gran cantidad de ocasiones" informaci¨®n privilegiada a Ortiz en relaci¨®n al nuevo PGOU, producto de lo cual el planeamiento se dise?¨® "a la medida" del empresario en "aspectos relevantes". Se refiere a "apa?os" en las zonas urban¨ªsticas "APA-9", "Lomas de Garbinet" y el estadio "Rico P¨¦rez", y tambi¨¦n a que la alcaldesa recibi¨® "d¨¢divas" del empresario, como el pago de unas vacaciones en Andorra, un viaje en yate a Ibiza, la compra de un coche Mini Cooper y la aceptaci¨®n de empleo a personas de confianza de Castedo.

En esta causa, el fiscal tambi¨¦n considera implicado a su antecesor en el cargo al frente del consistorio alicantino, Luis D¨ªaz Alperi, por supuestamente haber dado trato de favor a Ortiz. No obstante por su condici¨®n de diputados auton¨®micos en las Cortes Valencianas, Castedo y D¨ªaz Alperi, ambos del PP, est¨¢n aforados y, en principio, s¨®lo podr¨ªan ser citados por el Tribunal Superior de Justicia.

Ya han declarado en este juzgado como imputados Ortiz -a quien los investigadores consideran el principal beneficiado-; su esposa, Mar¨ªa Manuela Carratal¨¢; el arquitecto Jes¨²s Quesada, el empresario Bernardo Campos, los exdirectivos de Caja Mediterr¨¢neo y Bancaixa Daniel Gil y Jos¨¦ Cortina, respectivamente, y los abogados Jos¨¦ Luis Castedo -hermano de la alcaldesa-, Jorge Yacobi y Javier Guti¨¦rrez.