Fraternales enemigos

Declaraba Rajoy en la entrevista publicada aqu¨ª el domingo pasado que su relaci¨®n personal con Zapatero es buena. El propio Zapatero ha dicho varias veces lo mismo de la suya con el l¨ªder del PP. Y en los ¨²ltimos d¨ªas, el tono con el que le han despedido sus contrincantes m¨¢s habituales ha sido bastante amable.

Sin embargo, hay una peculiaridad de la pol¨ªtica espa?ola que desmiente la compatibilidad entre rivalidad pol¨ªtica y buena sinton¨ªa personal: la inclinaci¨®n de los dos principales partidos a personarse como acusaci¨®n en querellas y otros procedimientos judiciales contra la otra formaci¨®n. No solo en asuntos de corrupci¨®n, sino tambi¨¦n en temas eminentemente pol¨ªticos, como ahora mismo el del bar Fais¨¢n.

El recurso a la v¨ªa penal contra el partido rival envenena las relaciones entre los pol¨ªticos

La victoria del PP quedar¨ªa ensombrecida si lograra neutralizar a Rubalcaba por el Fais¨¢n

No hay duda de que hubo un chivatazo, y pocas (aunque se desconozcan algunos detalles) de que su motivo fue evitar la ruptura del intento de final dialogado de la violencia iniciado semanas antes. Considerar esa iniciativa un delito es llevar las cosas demasiado lejos; y roza el absurdo catalogarlo como de colaboraci¨®n con banda armada.

En la negociaci¨®n de Argel hab¨ªa la orden de no detener etarras sin permiso expreso de Interior; en la de Lizarra se detuvo a Bel¨¦n Gonz¨¢lez Pe?alba, que hab¨ªa participado en el encuentro con enviados del Gobierno. En la de 2006 hubo el chivatazo para evitar o retrasar la detenci¨®n de personas relacionadas con la extorsi¨®n, en un momento en que ETA hab¨ªa amenazado con romper la tregua si no se iniciaba la negociaci¨®n pol¨ªtica.

Hoy, pocas dudas quedan de que fue un error: porque se pon¨ªa en manos de la banda una informaci¨®n muy comprometedora; y porque se le transmit¨ªa el mensaje de que el Gobierno estaba dispuesto a ceder si se le presionaba con la ruptura. Ese error condujo a otros posteriores, como el de dar por verificado el alto el fuego pese a la persistencia de la extorsi¨®n, o el de presentar, en los contactos cara a cara posteriores, como prueba de buena voluntad del Gobierno el propio chivatazo (seg¨²n las actas de ETA).

Si la negociaci¨®n implicaba la necesidad o probabilidad de tener que hacer tales cosas, que bordeaban la ilegalidad, el proceso no deber¨ªa haberse iniciado sin un m¨ªnimo compromiso de lealtad pactado con al menos el primer partido de la oposici¨®n. No hacerlo as¨ª fue seguramente una imprudencia de Zapatero. Pero una cosa es cometer un error pol¨ªtico y otra un delito de colaboraci¨®n con ETA. Al acusar de esto a Rubalcaba y sumarse a la querella interpuesta en el ejercicio de la acci¨®n popular contra dos polic¨ªas y su director general, el PP tambi¨¦n eligi¨® un camino equivocado.

Entre otras razones, porque llevar el asunto al terreno penal permite esquivar el debate pol¨ªtico: no es posible debatir sobre lo acertado o desacertado de la pol¨ªtica antiterrorista del Gobierno si se plantea en t¨¦rminos de criminalidad (y con la posibilidad de fuertes condenas de prisi¨®n). No solo es absurdo, sino antijur¨ªdico, seg¨²n se deduce de un auto del Tribunal Supremo de diciembre de 2006 en el que se considera un "fraude constitucional" la utilizaci¨®n de la acci¨®n popular como mecanismo de control del Gobierno, que la Constituci¨®n atribuye de manera espec¨ªfica al Parlamento.

El auto parte de otra resoluci¨®n anterior (de abril de 2006) en la que se argumentaba que los equilibrios y contrapesos del sistema constitucional se ver¨ªan alterados si cualquiera pudiera, vali¨¦ndose de la acci¨®n popular, corregir la direcci¨®n de la pol¨ªtica interior o exterior, que es competencia del Gobierno.

Aunque el problema de la judicializaci¨®n de la pol¨ªtica es en Espa?a m¨¢s intenso que en otros pa¨ªses, no es el ¨²nico en que se ha planteado. Cuando el poder pol¨ªtico "pide a un juez que zanje en su lugar en un debate de naturaleza pol¨ªtica, est¨¢ reconociendo en p¨²blico que la credibilidad de la justicia es mayor que la suya", escribi¨® en los a?os 90 Alain Minc (La borrachera democr¨¢tica. 1995). Y advirti¨® contra el "poder omn¨ªmodo" del juez de instrucci¨®n que "utiliza la prensa como caja de resonancia".

Hay antecedentes de eso, pero en el asunto del bar Fais¨¢n m¨¢s bien ha sido la actuaci¨®n judicial la que ha actuado como caja de resonancia de la campa?a emprendida por El Mundo contra Rubalcaba, acentuada desde que se supo que iba a ser candidato. Y como tambi¨¦n escribi¨® Minc, "qu¨¦ mejor criterio de eficacia para el periodismo de investigaci¨®n que ser capaz de poner en marcha el aparato judicial".

Sin embargo, lo m¨¢s grave es que el partido que seguramente gobernar¨¢ en los pr¨®ximos a?os, y que se encontrar¨¢ sobre la mesa el problema de gestionar el fin definitivo de ETA, para lo que necesitar¨¢ la colaboraci¨®n de los socialistas, se haya sumado a esa actuaci¨®n con el objetivo de deslegitimar a Rubalcaba como candidato. El PP se ha pasado meses interpel¨¢ndole sobre la base de titulares de peri¨®dico y ha pedido su dimisi¨®n como ministro del Interior tras la publicaci¨®n de las actas redactadas por el etarra Javier L¨®pez Pe?a, Thierry. Y exigido al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) la entrega de esos papeles al Parlamento.

La revocaci¨®n por la Sala de lo penal de la Audiencia Nacional del auto de procesamiento contra los tres imputados puede aligerar la presi¨®n sobre Rubalcaba, pero tambi¨¦n es un favor para Rajoy; pues si hubieran prosperado los intentos de su partido de eliminar de la competici¨®n al candidato socialista, su victoria (probable) podr¨ªa verse ensombrecida.

Algunas personas atribuyen esta inclinaci¨®n del PP a la judicializaci¨®n de la pol¨ªtica a la influencia de Federico Trillo. Alguien que responde al modelo contra el que advirti¨® Henry Kissinger: nunca hay que dejar la pol¨ªtica en manos de un abogado porque tender¨¢ a considerarla "como uno de los asuntos que defiende".