El principal imputado del 'caso Troya' niega los sobornos

El juicio del caso Troya contra la corrupci¨®n urban¨ªstica en Alhaur¨ªn el Grande (M¨¢laga, 22.000 habitantes) continu¨® ayer en la Ciudad de la Justicia de M¨¢laga con la declaraci¨®n del m¨¢ximo imputado, el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra (PP). El edil sigui¨® la senda de su compa?ero de partido y alcalde de Alhaur¨ªn, Juan Mart¨ªn Ser¨®n, tambi¨¦n procesado, y neg¨® al tribunal haber recibido dinero de empresarios "ni de nadie" a cambio de licencias urban¨ªsticas.

Sin embargo, Guerra eludi¨® responder sobre anotaciones que, seg¨²n el fiscal, le incriminan en el cobro de comisiones ilegales a cambio de otorgar licencias de obra contrarias al planeamiento urban¨ªstico. "Son muchas las anotaciones que uno tiene en su despacho o en su ordenador y no voy a entrar en detalles de ninguna anotaci¨®n en concreto", respondi¨® al representante del Ministerio P¨²blico, Juan Calvo-Rubio.

El fiscal le mostr¨® diversos documentos con anotaciones para que las reconociera. El edil asegur¨® que tiene "miles" de estas anotaciones y cuando el presidente del tribunal le pregunt¨® si reconoc¨ªa su letra, dijo no recordar el apunte, ni reconocerlo como suyo.

Guerra, considerado cerebro de la trama, se enfrenta a una petici¨®n fiscal de siete a?os y medio de prisi¨®n por cohecho y delito continuado contra la ordenaci¨®n del territorio. Las anotaciones de las que no quiso hablar, unidas a los archivos inform¨¢ticos intervenidos por la Polic¨ªa en su despacho, han servido para que se le atribuya el cobro de 304.545 euros en sobornos por la concesi¨®n de 14 licencias de obra. Seg¨²n la Fiscal¨ªa, Guerra hab¨ªa fijado una especie de tasa sobre los aumentos ilegales de edificabilidad. Cada metro cuadrado construido de m¨¢s se cobraba supuestamente a 80 euros y cada vivienda levantada en exceso a 6000.

Durante su declaraci¨®n de ayer, tambi¨¦n neg¨® unas conversaciones telef¨®nicas sobre dinero con un empresario y asegur¨® que sus gastos y los de su esposa no corresponden con el "tren de vida" descrito por los investigadores.

El fiscal se extra?¨® por el hecho de que algunos meses, como enero de 2005, el edil de Urbanismo ¨²nicamente cargara en sus cuentas bancarias 64 euros, un dato que Guerra tampoco explic¨® si realmente coincide con la realidad.

El concejal, con firma delegada en Urbanismo desde 2001, explic¨® el procedimiento que segu¨ªan para la concesi¨®n de licencias: Si todo era correcto, se redactaba un decreto que ¨¦l firmaba como responsable del ¨¢rea. "Se sab¨ªa que era correcta porque en el propio decreto se dice que se da de acuerdo", especific¨®.

El fiscal le mostr¨® varios expedientes con anotaciones como "cumplimiento no" y sobre los que se emitieron informes favorables. Guerra lo justific¨® diciendo que podr¨ªa haber un error. "Si una persona que redacta un decreto se equivoca, se ha equivocado", dijo.

En esta causa, por la que se sientan en el banquillo 20 acusados, tambi¨¦n declar¨® como implicado el asesor jur¨ªdico Juan Burgos. El funcionario neg¨® haber recibido directriz alguna para realizar su trabajo. Habl¨® de algunos casos en los que hubo discrepancias entre informes t¨¦cnicos y jur¨ªdicos y se mostr¨® de acuerdo en que se podr¨ªan mejorar.