El juez observa indicios de delito en la trama del Plan General de Alicante

Manrique Tejada, titular del Juzgado n¨²mero 5 de Alicante, instructor de la rama del caso Brugal sobre un presunto trato de favor del Ayuntamiento al promotor Enrique Ortiz en el tr¨¢mite del Plan General de Ordenaci¨®n Urbana (PGOU), considera que hay indicios de delito en los hechos investigados.

El magistrado hace este razonamiento en el auto, dictado el pasado viernes, mediante el que valida las escuchas telef¨®nicas que dieron pie al inicio del caso. Aunque todav¨ªa no han sido calificados provisionalmente, los hechos investigados "revisten indicios de ser delictivos y han provocado una gran alarma social debido al quebranto que suponen en la confianza de la actuaci¨®n de las Administraciones", razona el juez.

En el auto, Tejada rechaza los recursos de las partes a las escuchas, que comenzaron con el pinchazo del tel¨¦fono de Ortiz el pasado 9 de mayo de 2008. El magistrado valida las intervenciones porque, en su opini¨®n, no es el momento procesal para dilucidar esos recursos. El juez cree que este tipo de cuestiones debe dirimirlas el magistrado que juzgue los hechos, si hubiera vista oral.

En este sumario el fiscal Anticorrupci¨®n, Felipe Briones, acusa a 21 personas, entre ellas, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, y su antecesor y actual diputado auton¨®mico Luis D¨ªaz Alperi. Briones atribuye a ambos los delitos de cohecho, tr¨¢fico de influencias y uso privilegiado de informaci¨®n. Del total de acusados, el juez ya ha imputado a nueve. Los m¨¢s destacados son Ortiz y su mujer y los abogados urbanistas Jos¨¦ Luis Castedo (hermano de la alcaldesa) y el exedil socialista Javier Guti¨¦rrez.El magistrado Manrique Tejada esgrime la "alarma social" como uno de los argumentos a la hora de validar las escuchas telef¨®nicas que propiciaron la investigaci¨®n sobre un supuesto ama?o del Plan General de Ordenaci¨®n Urbana (PGOU) de Alicante. El juez considera que el delito de tr¨¢fico de influencias que se persegu¨ªa con la autorizaci¨®n de las intervenciones genera "alarma social" al cuestionar los procedimientos de licitaci¨®n de las Administraciones p¨²blicas.

El juez tambi¨¦n rechaza los argumentos de las defensas sobre una supuesta vulneraci¨®n de los derechos fundamentales (privacidad de las comunicaciones) y considera que en este caso debe prevalecer el inter¨¦s general, y m¨¢xime cuando tambi¨¦n "se intuye la posibilidad de que alg¨²n cargo p¨²blico pudiera estar informando a un empresario con car¨¢cter previo a que ¨¦ste realice una compra de terreno". "Las intervenciones telef¨®nicas decretadas y prorrogadas eran el medio id¨®neo para conseguir el fin investigador propuesto, eran necesarias por no existir otro medio m¨¢s moderado para averiguar la posible influencia, ingerencia delictiva en la redacci¨®n de instrumentos de planeamiento territorial p¨²blico [PGOU de Alicante], y era una medida que proporcionaba m¨¢s ventajas para el inter¨¦s general que perjuicios para el derecho a la intimidad en conflicto. Tambi¨¦n m¨¢s beneficios para el Estado de derecho", argumenta Tejada en su auto.

La resoluci¨®n del magistrado Manrique Tejada difiere de la dictada el pasado 14 de junio por el instructor general del sumario de caso Brugal, Carlos Sanmart¨ªn, titular del Juzgado n¨²mero 3 de Orihuela, que anul¨® parcialmente las intervenciones telef¨®nicas. El auto de San Mart¨ªn ha sido apelado por todas las partes, incluido el fiscal Anticorrupci¨®n, a la Audiencia de Alicante, en concreto la secci¨®n 7? con sede en Elche.

Las defensas de los imputados en el caso del PGOU declinaron ayer pronunciarse sobre el auto del Juzgado n¨²mero 5 de Alicante. No obstante, el letrado que representa a los abogados Jos¨¦ Luis Castedo y Javier Guti¨¦rrez, propietarios del bufete Salvetti, se?al¨® que con toda probabilidad presentar¨¢ un recurso de apelaci¨®n. De materializar el anuncio, este recurso tendr¨ªa que ser visto, por motivos de territorialidad, por otra secci¨®n de la Audiencia con sede en la ciudad de Alicante. Ello conllevar¨¢ que dos salas distintas del m¨¢ximo ¨®rgano de la judicatura de Alicante tendr¨ªan que pronunciarse sobre las escuchas.

Las reacciones al auto del juez Tejada solo provinieron del bando de la oposici¨®n municipal, PSPV y EU, personados en el sumario. El juez igualmente ha desestimado sendos recursos de estas partes que cuestionaban la legitimidad de los recursos de las defensas.

Elena Mart¨ªn portavoz, del grupo municipal del PSPV, se?al¨® que "el presunto tr¨¢fico de influencias de Castedo queda m¨¢s que patente en las escuchas que ahora son consideradas por el juez como medio id¨®neo, y necesarias". "Ya no le queda m¨¢s salida [a la alcaldesa] que explicarse y confesar lo que pudieron hacer", a?adi¨®. Mientras, Miguel ?ngel Pav¨®n, portavoz del grupo de EU, destac¨® el hecho de que "el auto anteponga la defensa del inter¨¦s general a los posibles perjuicios que las escuchas pudieran haber causado a los implicados".

La alcaldesa de Alicante declin¨® hacer comentarios, porque no le afecta la resoluci¨®n al no ser todav¨ªa parte en el proceso. Ortiz dijo escuetamente: "No tengo nada que decir. Todo est¨¢ en manos de mis abogados".