"El copago es un obst¨¢culo para el derecho del ciudadano a la justicia"

Gabriela Bravo, nacida en 1963 en El R¨¤fol de Salem, comarca de La Vall d'Albaida, es desde hace tres a?os la portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el ¨®rgano de gobierno de los jueces. Fiscal "vocacional" y expresidenta de la Uni¨®n Progresista de Fiscales, afirma sentirse decepcionada por el resultado de la legislatura en materia de justicia. Como ejemplo se?ala que la reforma del proceso penal, que aglutina el 71% de los procedimientos, no ha sido aprobada. Bravo, vocal territorial de la Comunidad Valenciana, tambi¨¦n es cr¨ªtica con la Generalitat, que ha renunciado a abrir los juzgados previstos y no ha dado ni un paso hacia la nueva oficina judicial, aprobada hace m¨¢s de un a?o.

"El conflicto con el turno de oficio necesita una pronta soluci¨®n"

"La justicia valenciana adolece de medios materiales"

"Los jueces siempre actuar¨¢n conforme a legalidad tras la declaraci¨®n de ETA"

"Estamos buscando soluciones para optimizar los recursos"

Pregunta. ?Qu¨¦ papel debe jugar la justicia ante lo que todo apunta que es el fin de ETA?

Respuesta. La justicia debe aplicar la ley. La sociedad espa?ola tiene que saber que los jueces, en este y en cualquier otro contexto, siempre actuar¨¢n conforme al principio de legalidad, no har¨¢n nunca dejaci¨®n de sus funciones y trabajar¨¢n para que todos aquellos que hayan cometido delitos sean juzgados. Es importante expresar nuestro apoyo y reconocimiento a las 829 v¨ªctimas mortales y a sus familiares, que a lo largo de todos estos a?os tanto han sufrido. Y quiero destacar el sacrificio y esfuerzo de las fuerzas de seguridad del Estado, y de jueces y fiscales, sobre todo de la Audiencia Nacional y del Pa¨ªs Vasco. Espa?a debe dejar de ser una anomal¨ªa en la Uni¨®n Europea y sacarse esta lacra de encima. Como ciudadana me parece una buena noticia. Comparto la satisfacci¨®n y al mismo tiempo la cautela con que la sociedad la ha recibido.

P. Los ciudadanos tienen la impresi¨®n de que la justicia es tan lenta que no es de esta ¨¦poca. ?Qu¨¦ les dir¨ªa?

R. Es cierto que no actuamos con la inmediatez que los ciudadanos nos exigen. Pero la sociedad tiene que entender que en un proceso judicial, para cumplir con las garant¨ªas que la ley exige, es necesario respetar unos plazos. Pero eso no debe impedir que la justicia resuelva los asuntos en un tiempo razonable. El CGPJ ha impulsado reformas para agilizar los procedimientos, como la ley de medidas de agilizaci¨®n procesal que acaba de ser aprobada por las Cortes, y vamos a seguir haciendo propuestas que nos permitan optimizar los recursos en una coyuntura econ¨®mica tan dif¨ªcil, para que nuestro sistema judicial sea m¨¢s eficaz y eficiente.

P. Representantes del mundo de la justicia y tambi¨¦n pol¨ªticos, como el consejero de Justicia valenciano, Jorge Cabr¨¦, insisten en abrir el debate sobre la introducci¨®n del copago en la justicia. ?Qu¨¦ opina?

R. El problema fundamental de nuestra justicia no se resuelve con m¨¢s tasas, sino con una reforma profunda, porque el modelo est¨¢ agotado No vamos a acabar con el atasco judicial exigi¨¦ndole al ciudadano que pague. Estamos desenfocando el problema y, desde mi punto de vista, constituir¨ªa un obst¨¢culo para garantizar la tutela judicial efectiva que reconoce la Constituci¨®n como derecho fundamental.

P. ?Qu¨¦ alternativas plantea?

R. Insisto en que es necesario abordar reformas estructurales, algunas ya est¨¢n en marcha, que nos permitan implementar un nuevo modelo organizativo, una nueva planta y demarcaci¨®n judicial, y un nuevo proceso penal. Invertir en justicia es rentable. Un sistema judicial fuerte impulsar¨¢ la actividad econ¨®mica. El corredor mediterr¨¢neo es importante para los valencianos, pero tambi¨¦n lo es que los empresarios que piensen invertir aqu¨ª sepan que hay un sistema judicial eficiente, eficaz, que dictar¨¢ resoluciones previsibles en un tiempo razonable. Para ello necesitamos a todos, al Parlamento, al Gobierno central y a los auton¨®micos. Por eso el CGPJ reclama desde hace tiempo un pacto de Estado.

P. Tambi¨¦n desde Valencia se ha planteado, como m¨¦todo de eficacia y ahorro, concentrar los partidos judiciales. ?C¨®mo recibe esta propuesta el Consejo?

R. El Consejo est¨¢ trabajando en un borrador sobre reagrupaci¨®n de partidos judiciales, pues en un momento como el actual hay que explorar formulas que nos permitan disponer de recursos con menos costes. En el a?o 1989, cuando se modific¨® la planta y demarcaci¨®n judicial, Espa?a ten¨ªa 39 millones de habitantes. Hoy superamos los 45 millones. Hay partidos judiciales que ya no responden a las necesidades actuales y otros que est¨¢n mucho m¨¢s necesitados por la evoluci¨®n del ¨¢rea que atienden. Si queremos una justicia m¨¢s eficaz y eficiente no podemos seguir invirtiendo en un sistema obsoleto.

P. Los abogados del turno de oficio de Valencia amenazan con dejar de prestar el servicio porque llevan meses sin cobrar. ?C¨®mo reaccionar¨ªa el Poder Judicial en ese escenario?

R. Veo con preocupaci¨®n cualquier situaci¨®n que afecte a un derecho tan b¨¢sico como el derecho de defensa. Es importante que los responsables pol¨ªticos y el Colegio de Abogados lleguen a un acuerdo que permita garantizar que los letrados puedan percibir sus retribuciones. Es un conflicto que exige una necesaria y pronta soluci¨®n.

P. El Consejo ya expres¨® su preocupaci¨®n cuando la Generalitat anunci¨® que renunciar¨ªa a crear 15 juzgados que hab¨ªan sido acordados. Y no rectific¨®.

R. Comparto el diagn¨®stico de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Pilar de la Oliva, que dijo que la situaci¨®n de la justicia valenciana es "grave con pron¨®stico reservado". El ¨²ltimo informe del Consejo evidencia que la Comunidad Valenciana es la cuarta con mayor incremento de litigiosidad y la segunda con mayor tasa de pendencia de asuntos. Sin embargo, la tasa de resoluci¨®n se ha incrementado y la de confirmaci¨®n de las resoluciones judiciales est¨¢ en un 94%. Es decir, los jueces, a pesar de tener gran carga de trabajo, trabajan mucho y bien. Es muy preocupante que, a pesar de estos datos, el Gobierno valenciano haya suspendido la puesta en funcionamiento de esos 15 juzgados. Son plazas previstas para 2010 para partidos judiciales que soportan una elevad¨ªsima carga de trabajo. El coste medio por juzgado es de unos 300.000 euros, dif¨ªcil de asumir en la coyuntura econ¨®mica actual, por lo que buscamos otras f¨®rmulas como refuerzos, juzgados bises o aumentar el n¨²mero de jueces sin crear nuevas oficinas judiciales.

P. El problema no parece ser solo de falta de jueces.

R. La justicia valenciana adolece de otros problemas, como falta de medios materiales y personales, escasez de funcionarios y deficiente formaci¨®n de los interinos, cuyo n¨²mero aumenta cada a?o. Los sistemas inform¨¢ticos son obsoletos, y algunos edificios est¨¢n en un estado lamentable. Si aumentamos el n¨²mero de los jueces, pero no les dotamos de medios adecuados para desempe?ar sus funciones, seguiremos financiando la ineficiencia.