El TSJ absuelve a Bellver del delito de prevaricaci¨®n por el 'caso Monforte'

El Tribunal Superior de Justicia absolvi¨® ayer a Jorge Bellver, concejal de Urbanismo de Valencia y diputado auton¨®mico, del delito de prevaricaci¨®n urban¨ªstica. Bellver estaba acusado junto a cuatro funcionarios municipales de autorizar la construcci¨®n de un aparcamiento al lado de los Jardines de Monforte, un bien protegido, omitiendo conscientemente el informe del servicio de Patrimonio de la Generalitat para evitar trabas al proyecto. El fiscal tambi¨¦n se?alaba que para tal fin hab¨ªa existido concertaci¨®n entre los cinco imputados, que intervinieron en la tramitaci¨®n de la obra.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Jos¨¦ Flors, recuerda que el delito de prevaricaci¨®n no castiga "la equivocaci¨®n, ni el error, pero tampoco la mera ilegalidad, por grave que pudiera parecer", sino "el dictado de una resoluci¨®n de manera injusta, torcida o arbitraria, con intenci¨®n deliberada y plena conciencia del acto injusto que se realiza". Y el elemento subjetivo, violar la ley a prop¨®sito, no fue probado en el juicio. Tampoco apreciaron los jueces "el m¨¢s m¨ªnimo indicio" de "que existiera connivencia alguna entre los acusados para llevar a cabo ninguna conducta irregular".

El tribunal se?ala que una "interpretaci¨®n acentuadamente rigurosa" de las leyes que protegen el patrimonio conducir¨ªa a concluir que el informe del servicio de la Generalitat era necesario. La sentencia matiza, sin embargo, que el enrevesado conjunto de normas aplicables al caso no permite afirmar que la posibilidad contraria "sea manifiestamente il¨®gica o irracional, o fruto de la arbitrariedad", como exige la jurisprudencia del Tribunal Supremo para el delito de prevaricaci¨®n.Contra la sentencia del TSJ cabe recurso precisamente ante el Tribunal Supremo.

Ning¨²n testigo, la mayor¨ªa subordinados del concejal, cuestion¨® la versi¨®n de los acusados en lo esencial (conocimiento de que infring¨ªan la ley y confabulaci¨®n) para sostener la acusaci¨®n por prevaricaci¨®n, recuerda el fallo. El ministerio p¨²blico intent¨® demostrarlo por la v¨ªa de los casos comparados. En otros expedientes Bellver y el resto de imputados s¨ª pidieron el informe de Patrimonio. El m¨¢s llamativo fue el de la autorizaci¨®n de obras en la cl¨ªnica Quir¨®n, porque se produjo en la misma ¨¦poca, afectaba al mismo entorno protegido de Monforte y se encontraba, de hecho, m¨¢s lejos de los jardines que la obra del aparcamiento. Uno de los empleados del Grupo Enrique Ortiz, que ejecut¨® el aparcamiento, se?al¨® que la enorme excavaci¨®n se realiz¨® a apenas de 20 cent¨ªmetros del muro que rodea el jard¨ªn.

La sentencia se?ala probada esa diferente actuaci¨®n en casos similares, pero lo considera insuficiente para desvirtuar las presunciones de inocencia de Bellver; del secretario municipal, Pedro Garc¨ªa Rabasa; del jefe de servicio de Circulaci¨®n, Juan Casa?; del jefe del servicio de Planeamiento, Juan Antonio Alt¨¦s, y de la aparejadora del Ayuntamiento Mar¨ªa Jos¨¦ Gasull. El fiscal ped¨ªa para ellos ocho a?os de inhabilitaci¨®n.

Los cuatro funcionarios afirmaron en el juicio que no sab¨ªan que el entorno de los Jardines de Monforte estuviese protegido, a pesar de que lo estaba desde 1992 y de que en el caso de las obras en la cl¨ªnica Quir¨®n s¨ª solicitaron el informe a Patrimonio justamente porque el entorno de Monforte gozaba de protecci¨®n.

Bellver, que trabaja en el Ayuntamiento desde los a?os ochenta, fue m¨¢s lejos y neg¨® directamente que supiera que los Jardines de Monforte estuvieran protegidos, a pesar de que lo est¨¢n desde el a?o 1941, y de que tal circunstancia figura en temarios de oposici¨®n para entrar a trabajar en el Consistorio. Dicha estrategia quiz¨¢ no lo dej¨® en el mejor lugar, pero contribuy¨® a alejar a¨²n m¨¢s la posibilidad de condena.

Tres acusados, aunque no el concejal y diputado, hab¨ªan solicitado que el fiscal fuese condenado a pagar las costas del proceso. Los jueces rechazan la petici¨®n porque no est¨¢ previsto en la ley: "El legislador no ha podido representarse como posible que, atendidos los principios que deben regir la actuaci¨®n del Ministerio Fiscal, ¨¦ste pudiera actuar temerariamente".