La fiscal¨ªa pide a la juez de los ERE que exija fianza a todos los intrusos

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n persigue que el dinero percibido ilegalmente por los intrusos (personas prejubiladas que nunca trabajaron en las empresas beneficiadas) regrese a las arcas p¨²blicas. Para asegurarse de que estos fondos (unos 10 millones de euros, seg¨²n cifr¨® la Junta) son devueltos al Gobierno andaluz, el ministerio p¨²blico ha pedido a la juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, que imponga una fianza o embargue los bienes de los intrusos. En un escrito, la fiscal¨ªa pide a la magistrada "la inmediata adopci¨®n de medidas cautelares de aseguramiento de las posibles responsabilidades civiles y pecuniarias de las personas imputadas".

Hasta ahora, en la causa solo hay una veintena de imputados, pero la Junta ya ha identificado 72 intrusos y 111 personas con irregularidades administrativas en los cobros de las p¨®lizas. Probablemente, el n¨²mero de intrusos crecer¨¢. La procelosa investigaci¨®n a¨²n tiene por delante un largo recorrido, ya que la Guardia Civil examina ahora con lupa cada listado de prejubilados de las empresas subvencionadas.

La fiscal¨ªa reclama a la Consejer¨ªa de Empleo que para determinar el importe exacto defraudado, le informe sobre si alg¨²n intruso ha devuelto el dinero. Hasta ahora, hay solo dos ejemplos: el exalcalde de El Pedroso (Sevilla) Rafael Rosendo, que ha consignado ante notario los 110.000 euros que percibi¨® ilegalmente, y Antonio Garrido Santoyo, exresponsable de pol¨ªtica local del PSOE de Baeza (Ja¨¦n).

Adem¨¢s, Anticorrupci¨®n quiere saber si a la Junta le constan reclamaciones judiciales por los compromisos de pago, para determinar si adem¨¢s del delito de fraude de subvenciones, los intrusos podr¨ªan haber cometido estafa. Por ¨²ltimo, el ministerio p¨²blico solicita a Empleo las ¨®rdenes que emiti¨® a las aseguradoras paralizando el pago de las prejubilaciones una vez que salt¨® el esc¨¢ndalo.

P¨®liza a Ruiz-Mateos

La fiscal¨ªa aclara que la petici¨®n de fianzas o embargos preventivos afecta tambi¨¦n la familia Ruiz-Mateos a trav¨¦s de una deuda relacionada con su empresa Dhul, para lo que Empleo gener¨® una p¨®liza de 2,4 millones cuyo asegurado fue ?lvaro Ruiz-Mateos. En este caso y otros dos, el exdirector general de Trabajo Javier Guerrero firm¨® dos p¨®lizas para sus amigos Alejandro Mill¨¢n y Rafael Ruiz para pagar deudas y solucionar conflictos laborales en las empresas FCC Medio Ambiente y Cespa. Tanto Mill¨¢n como Ruiz est¨¢n imputados por tr¨¢fico de influencias, malversaci¨®n y prevaricaci¨®n en su condici¨®n de extraneus al no ser funcionarios.

Al margen de los intrusos, la fiscal¨ªa ha puesto el acento en los numerosos empresarios que recibieron ayudas directas "que no re¨²nen ninguno de los requisitos exigibles" para las subvenciones que otorg¨® Empleo desde 2001 gracias al fondo para empresas en crisis. Anticorrupci¨®n avisa de que los empresarios, pero tambi¨¦n Ayuntamientos, asociaciones y fundaciones que recibieron subvenciones, ser¨¢n investigadas.