La Fiscal¨ªa de Per¨² reabre el caso de las esterilizaciones bajo Fujimori
La campa?a forzosa ser¨¢ investigada como un delito de lesa humanidad
Durante la segunda mitad de la d¨¦cada de los noventa se realizaron en Per¨² unas 300.000 esterilizaciones como parte de un programa gubernamental que recibi¨® financiaci¨®n de la cooperaci¨®n internacional. El pasado 21 de octubre la Fiscal¨ªa peruana reabri¨® la investigaci¨®n sobre estos hechos, seg¨²n inform¨® hace d¨ªas el Estado ante la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La denuncia de una supuesta pol¨ªtica de esterilizaciones forzosas durante el Gobierno de Alberto Fujimori fue utilizada durante la pasada campa?a electoral por Ollanta Humala contra su adversaria, Keiko Fujimori, hija del expresidente.
A diferencia de anteriores procesos que terminaron archivados, en esta ocasi¨®n el presunto crimen se tratar¨¢ como un delito de lesa humanidad. En concreto, la investigaci¨®n en curso se centra en el caso de Mar¨ªa Mam¨¦rita Mestanza Ch¨¢vez, una campesina de 33 a?os, madre de siete hijos, que en 1998 muri¨® tras ser sometida a una operaci¨®n de ligadura de trompas en el distrito de la Enca?ada, una zona rural del Departamento de Cajamarca (norte).
En varias regiones se ofrec¨ªa comida a las mujeres para que se ligaran las trompas
Las ONG creen que hubo una pol¨ªtica del Gobierno y no hechos aislados
Seg¨²n testimonios recogidos posteriormente, funcionarios de salud estatales presionaron y llegaron a amenazar con multas y prisi¨®n a la familia de la mujer para que se sometiera a la esterilizaci¨®n. La denuncia fue inicialmente desestimada por los tribunales y lleg¨® a la CIDH. El Estado finalmente lleg¨® a un arreglo para indemnizar a los familiares y procesar a los responsables.
Las organizaciones defensoras de los derechos humanos en Per¨² aseguran que hay miles de casos como el de Mar¨ªa Mam¨¦rita Mestanza y se han dedicado a buscar nuevas evidencias de que se trat¨® de una pol¨ªtica gubernamental y no de delitos aislados. De acuerdo con el Movimiento Amplio de Mujeres, solamente en la provincia de Anta, en la regi¨®n de Cuzco, se habr¨ªan realizado unas 2.000 esterilizaciones forzadas, incluso con participaci¨®n de militares y polic¨ªas. En varias regiones se ofrec¨ªan alimentos a cambio de someterse a las esterilizaciones.
El fujimorismo niega los hechos y asegura que las denuncias de coacci¨®n fueron apenas 200 o 300. "Definitivamente, esto es una situaci¨®n pol¨ªtica, una cortina de humo para tapar grav¨ªsimos casos de corrupci¨®n que se han presentado en este Gobierno", se?ala Alejandro Aguinaga, parlamentario fujimorista, que fue ministro de Salud en la ¨¦poca.
"Hubo fallas, pero se hicieron los correctivos necesarios. No fue un programa de esterilizaciones forzadas", afirma Aguinaga, quien asegura que el tema ya fue investigado durante 10 a?os sin que se encontrara responsabilidad en altos funcionarios del Gobierno. Tambi¨¦n afirma que en 2002 la Defensor¨ªa del Pueblo concluy¨® que no hab¨ªa evidencias para afirmar que el expresidente Fujimori y sus ministros tuvieran responsabilidad penal.
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