De ayer a hoy

Ayer, pr¨¢cticamente, se aprob¨® a velocidad de v¨¦rtigo una reforma constitucional en Espa?a, con la finalidad de garantizar por encima de los vaivenes electorales el principio de estabilidad presupuestaria. La decisi¨®n fue adoptada casi sin debate parlamentario y con el acuerdo entre los dos grandes partidos de gobierno espa?oles de que no se convocar¨ªa un refer¨¦ndum para su ratificaci¨®n.

Aunque la raz¨®n ¨²ltima de esta decisi¨®n no se hizo p¨²blica, porque nunca las razones ¨²ltimas de decisiones de esta naturaleza se hacen p¨²blicas, es un secreto a voces que tal reforma no fue una decisi¨®n aut¨®noma espa?ola, sino que vino impuesta por unas expectativas de presi¨®n sobre la deuda soberana espa?ola en el oto?o que se avecinaba. Fueron circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad, que son las que contempla la Constituci¨®n en el art¨ªculo 86 para habilitar al Gobierno a dictar decretos-leyes, las que convencieron al presidente del Gobierno de que hab¨ªa que tomar la decisi¨®n y, dado que la decisi¨®n ten¨ªa que instrumentarse como reforma de la Constituci¨®n, fue preciso llegar a un acuerdo con el PP. Materialmente la reforma de la Constituci¨®n fue un decreto-ley, aunque formalmente fuera una ley de reforma constitucional.

Visto lo visto desde el d¨ªa de la aprobaci¨®n de la reforma, no parece que el presidente del Gobierno y el presidente del PP pecaran por exceso. Hicieron lo que era razonable que hicieran tanto en el fondo como en la forma. En el fondo, porque la reforma de la Constituci¨®n es la m¨¢xima garant¨ªa que el Estado, no el Gobierno de turno sino el Estado espa?ol, puede dar de que va a hacer frente al pago de su deuda y es, en consecuencia, el mejor instrumento de que dispone para dar seguridad a los inversores en un momento en que la seguridad se valora m¨¢s que nunca. En la forma, porque la rapidez en la toma de decisi¨®n es indispensable en este tipo de operaciones. De ah¨ª que la convocatoria de un refer¨¦ndum fuera contradictoria con la finalidad que se persegu¨ªa.

No creo que sea necesario recordarle a los lectores la avalancha de cr¨ªticas que se dirigieron al presidente del Gobierno por la decisi¨®n adoptada y por la no convocatoria del refer¨¦ndum. Me imagino que la convocatoria del refer¨¦ndum por Papandreu para que los ciudadanos griegos aprueben o rechacen el plan de rescate acordado recientemente por los pa¨ªses europeos que comparten el euro como moneda, habr¨¢ hecho reflexionar a muchos de los cr¨ªticos de nuestra reforma constitucional.

En pol¨ªtica lo normal no es optar entre lo bueno y lo mejor sino entre lo malo y lo menos malo. Casi siempre nos encontramos ante la segunda disyuntiva y no ante la primera. En momentos de turbulencia econ¨®mica, mucho m¨¢s. Y en esos momentos es una temeridad que el gobernante intente descargar la propia responsabilidad sobre las espaldas de los ciudadanos. La convocatoria de un refer¨¦ndum puede ser un ejercicio de democracia, pero puede ser tambi¨¦n una manera de escurrir el bulto por parte del gobernante que lo convoca.

A la fuerza ahorcan, dice el refr¨¢n. Y en esas estamos. Tambi¨¦n los ciudadanos, que peri¨®dicamente tenemos que decidir a quien confiamos la direcci¨®n pol¨ªtica de la sociedad y la acci¨®n del Estado. Ese es el momento de aut¨¦ntica responsabilidad para el ciudadano. Vivimos en una democracia representativa y es en el momento de la designaci¨®n de nuestros representantes cuando realmente nos la jugamos. Nadie debe tomarse el ejercicio del derecho de sufragio a la ligera. No hay f¨®rmula de democracia directa que pueda despu¨¦s enmendar el entuerto. La evidencia emp¨ªrica de que disponemos al respecto es abrumadora.