Un agujero fiscal de 850.000 euros al a?o

El Ayuntamiento de Madrid ha dicho basta. Todos los grupos municipales acordaron la semana pasada pedirle al Gobierno central una compensaci¨®n por lo que la hacienda local deja de ingresar en virtud de los Acuerdos con la Santa Sede de 1979. El argumento es sencillo: si el Estado le perdona el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a la Iglesia cat¨®lica, que no tributa ni por los templos ni por las oficinas y seminarios ni por las viviendas de sacerdotes y conventos, que se equilibre de alguna manera esa balanza fiscal con cargo al presupuesto de todos. En total, estiman que cada a?o se les escapan 4,86 millones de euros.

La iniciativa de Izquierda Unida acababa en el IBI. Con especial hincapi¨¦ en el patrimonio eclesi¨¢stico, s¨ª, pero sin olvidar que hay otros inmuebles libres de pagar esa tasa, y que todos juntos privan a las arcas madrile?as de 94 millones al a?o: las ONG, la Cruz Roja, las sedes diplom¨¢ticas, las estaciones de ferrocarril, los edificios catalogados como patrimonio hist¨®rico y los inmuebles p¨²blicos de seguridad ciudadana, servicios educativos y penitenciarios y de defensa nacional. El gobierno de Alberto Ruiz Gallard¨®n la enmend¨® para llegar m¨¢s lejos. Quiere que se compense al Ayuntamiento por todas las pol¨ªticas fiscales que lesionan su econom¨ªa. Unos 120 millones.

Santiago pierde lo suyo, y al gobierno municipal tambi¨¦n le preocupa. Seg¨²n sus propias estimaciones, la Iglesia deja de tributar por una base imponible de 37,4 millones de euros -el resultado de aplicarle al valor catastral de sus propiedades exentas de IBI las correcciones que establece la normativa local-, pero prefiere plantear la cuesti¨®n de manera m¨¢s amplia. Si a esa cantidad se le suma el patrimonio hist¨®rico catalogado, argumenta, al Ayuntamiento se le estar¨ªan colando unos 142 millones de euros. Con el tipo vigente para el impuesto, un 0,6%, el producto ser¨ªa un agujero fiscal de 850.000 euros anuales. Casi un 0,9% de su presupuesto.

"Se espera una nueva ley de financiaci¨®n local", aclara Cecilia Sierra, concejala de Hacienda en Santiago. "Esperemos que el Gobierno sea comprensivo con la situaci¨®n que atraviesan los ayuntamientos". La pregunta era si el gobierno de Conde Roa suscribir¨ªa una propuesta como la de Madrid, apoyada por su propio partido, el PP, con el resto de los grupos con representaci¨®n municipal, tanto PSM como Izquierda Unida y UPyD. La respuesta es ambigua.

Las estimaciones de la edil y los datos oficiales son contradictorios. Tanto como los usos que declara el catastro y los que en realidad tienen las parcelas de la Iglesia cat¨®lica en Santiago, una superficie de 1,1 millones de metros cuadrados repartida por todo el t¨¦rmino municipal. El exconcejal y ahora diputado socialista en el Parlamento gallego Xaqu¨ªn Fern¨¢ndez Leiceaga reconoce que cuando intent¨® poner orden hace diez a?os en todo ese patrimonio para ajustar la recaudaci¨®n municipal, tambi¨¦n fracas¨®.

"Habr¨ªa que revisar los Acuerdos con la Santa Sede, pero veo poco entusiasmo en este momento", argumenta Leiceaga. "Convendr¨ªa establecer alguna diferencia entre los bienes religiosos que cumplen alguna funci¨®n social y el resto. En todo caso, la Iglesia no puede tener su patrimonio al margen de la tributaci¨®n y al mismo tiempo reclamar a los poderes p¨²blicos que se hagan cargo de su conservaci¨®n con fondos que pagamos todos. Desde una perspectiva local, lo que podr¨ªa hacer Santiago es reclamarle al Estado una compensaci¨®n por lo que deja de ingresar".

La desaparici¨®n del C¨®dice Calixtino de la catedral de Santiago el pasado mes de julio ha vuelto a evidenciar lo pantanoso que es el marco legal y administrativo que rodea a la conservaci¨®n del patrimonio hist¨®rico y art¨ªstico de la Iglesia, el 80% de todo el que existe en Galicia.

El supuesto hurto ha generado una investigaci¨®n policial y ha puesto en marcha un operativo conjunto de la Consellar¨ªa de Cultura, la Fiscal¨ªa Superior de Galicia y el Arzobispado de Santiago. La oposici¨®n, a trav¨¦s de la diputada nacionalista Ana Pont¨®n, ha pedido en vano que el Gobierno gallego asuma su responsabilidad pol¨ªtica. Que dimita alguien. A quien custodiaba la joya, es decir, la Iglesia, no hay donde pedirle cuentas.