Educaci¨®n sanciona a cuatro docentes que se significaron en la 'marea verde'
El conflicto, estancado en el plano pol¨ªtico, da pasos hacia la judicializaci¨®n con una querella, expedientes sancionadores y recursos de los profesores
El conflicto educativo est¨¢ a un paso de judicializarse. A tres d¨ªas de la octava jornada de huelga por los recortes en la ense?anza secundaria p¨²blica madrile?a sin que haya habido una sola reuni¨®n, tanto la Consejer¨ªa de Educaci¨®n y Empleo como los sindicatos y docentes han dado una vuelta de tuerca a la pelea por las instrucciones de inicio de curso con el cruce de denuncias y sanciones. Las hay de todos los tipos. Educaci¨®n ha abierto expediente a cuatro docentes que se significaron en la marea verde en sus centros. Se enfrentan hasta a tres a?os de inhabilitaci¨®n (suspendidos de empleo y sueldo) por permitir actos contra los recortes en sus centros o enviar correos a responsables municipales explicando c¨®mo les afectaban.
La Consejer¨ªa suma esta acci¨®n a la denuncia que present¨® la Comunidad de Madrid en la Agencia Tributaria contra tres asociaciones por la venta de las camisetas de la marea verde "sin factura". La prenda se ha convertido en un s¨ªmbolo con el que docentes y familias reclaman escuela p¨²blica de tod@s para tod@s. La Comunidad solicita "la inhabilitaci¨®n para pedir subvenciones p¨²blicas" a una asociaci¨®n de padres, un colectivo docente y otro de vecinos, por "un delito de fraude fiscal".
Pero el Gobierno regional no es el ¨²nico que ha lanzado una ofensiva. CC OO se querellar¨¢ hoy por un supuesto caso de prevaricaci¨®n de dos directores de ¨¢rea territorial que han trasladado a docentes despu¨¦s de que denunciaran en los medios que impart¨ªan asignaturas afines para las que no est¨¢n habilitados. Un millar de profesores, seg¨²n las estimaciones de Educaci¨®n, han rellenado adem¨¢s un recurso de alzada tipo impulsado por sindicatos y plataformas educativas en las que denuncian sus horarios. La educaci¨®n p¨²blica madrile?a entra en su und¨¦cima semana de conflicto, con una huelga en plena campa?a electoral y decenas de actos reivindicativos a los que se suman las universidades p¨²blicas.
Educaci¨®n ha abierto expediente sancionador a dos directores y un profesor y ha apercibido a un tercero. Todos apoyaron de forma expl¨ªcita la marea verde y se han pronunciado contra las instrucciones de inicio de curso, lo que puede acarrear hasta tres a?os de inhabilitaci¨®n.
Al director del IES Maestro Mat¨ªas Bravo (Valdemoro) le comunicaron la posible sanci¨®n el 3 de noviembre. Educaci¨®n considera que ha incurrido en "abuso de autoridad en el ejercicio del cargo". Coloc¨® en la valla de su instituto un escrito "a la opini¨®n p¨²blica" con su firma, seg¨²n el pliego de cargos que le envi¨® la Consejer¨ªa, en el que explicaba las consecuencias de las "instrucciones y recortes". "Creemos que la tijera aplicada a la educaci¨®n p¨²blica ha sido desmesurada y desproporcionada", seg¨²n el docente. Educaci¨®n recurre para sancionar al c¨®digo de conducta del Estatuto B¨¢sico del Empleado P¨²blico, que establece los "principios de objetividad, neutralidad e imparcialidad" de los funcionarios y su "lealtad y buena fe" con la Administraci¨®n. Tambi¨¦n tiene expediente por la "autorizaci¨®n t¨¢cita" que hizo para colocar en el patio de su centro una composici¨®n "formada por 10 inodoros" con caballetes y "rollos de papel" con carteles en los que se denunciaban los efectos de las instrucciones. Un portavoz de la Consejer¨ªa a?ade que el director "arranc¨® y coloc¨®" esos inodoros, aspecto que no aparece recogido en el pliego de cargos.
El responsable de un instituto de Velilla de San Antonio, que convoc¨® un claustro para rechazar las instrucciones, est¨¢ expedientado por celebrar esa reuni¨®n "en horario lectivo impidiendo durante dos d¨ªas las clases de los alumnos", seg¨²n el citado portavoz. Al director del IES Grande Covi¨¢n (Arganda del Rey) se le apercibi¨® "por falta leve" por "descuido o negligencia" tras convocar una reuni¨®n extraordinaria sobre el apoyo a las movilizaciones con una Noche en Verde. El inspector educativo que firma el expediente se?ala que se convoc¨® el Consejo Escolar fuera de "tiempo y forma" y sin atender al procedimiento. El director us¨® el correo electr¨®nico "sin firma digital" y sin que quede "claro que obedezca a un motivo de urgente necesidad". La denominaci¨®n de Noche en Verde, seg¨²n el escrito, "manifiesta la voluntad expl¨ªcita de sumarse a los actos de protesta" con "instalaciones y recursos" de la Consejer¨ªa. Por ¨²ltimo, un profesor de un instituto de Morata de Taju?a (el IES Anselmo Lorenzo) se enfrenta a un expediente "por la utilizaci¨®n y remisi¨®n a trav¨¦s de medios p¨²blicos de comunicados con contenido pol¨ªtico", seg¨²n el portavoz de la Consejer¨ªa. Envi¨® desde su correo electr¨®nico "informaci¨®n acerca de los recortes y sus consecuencias en la ense?anza p¨²blica", seg¨²n el acta de comparecencia del profesor ante la Direcci¨®n de ?rea Territorial Este. El docente neg¨® que hubiera elaborado y mandado esos documentos a la edil de Educaci¨®n del municipio, del PP. La abogada de CC OO Carmen Perona ha asumido tres de los cuatro casos. "Nunca hab¨ªa gestionado expedientes contra directores antes de este conflicto", asegura. El portavoz de la Consejer¨ªa se?ala que se tramitaron "casi 30" el curso pasado.
Cerca de un millar de profesores de los 21.400 docentes de secundaria, seg¨²n cifras de Educaci¨®n, han presentado recursos de alzada individuales contra los horarios lectivos, siguiendo modelos tipo elaborados por sindicatos y plataformas. Se basan en que sus horas de clase no se ajustan a la normativa vigente porque se ampl¨ªan a 20 semanales en todos los casos y no como excepci¨®n. Una orden ministerial de 1994 establece que los profesores impartir¨¢n 18 periodos lectivos semanales, "pudiendo llegar excepcionalmente a 21 cuando la distribuci¨®n horaria del departamento lo exija". Tambi¨¦n piden que se anulen las instrucciones de inicio de curso y que se les abonen las horas "por encima de la jornada legalmente establecida". Educaci¨®n, que tiene tres meses para responder antes de que acudan a los tribunales, asegura que estos recursos no tendr¨¢n efectos en el d¨ªa a d¨ªa de las clases y cree que persiguen disminuir las horas complementarias de los docentes "en las que hacen guardias, se atienden bibliotecas o a las familias".
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