La juez de los ERE atiende la petici¨®n del PP e indaga la gesti¨®n de Gri?¨¢n

A solo tres d¨ªas del cierre de la campa?a electoral, la juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, dispar¨® ayer su dinamita procesal para situar el foco del esc¨¢ndalo que investiga sobre el presidente de la Junta andaluza, Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n. Despu¨¦s de que la semana pasada el candidato socialista al Congreso Alfonso Guerra arremetiera contra la magistrada y tras protagonizar un sonado enfrentamiento con la Junta por las actas de los Consejos de Gobierno que dilucid¨® el Supremo a su favor, ayer Alaya fue de nuevo el centro de la pol¨¦mica pol¨ªtica, no judicial.

El PP, personado en la causa, hab¨ªa pedido numerosas diligencias en un escrito. Y el pasado jueves, al d¨ªa siguiente de las cr¨ªticas de Guerra, Alaya dio respuesta a las peticiones del PP con un auto, conocido ayer, que analiza "la concesi¨®n il¨ªcita de ayudas p¨²blicas durante m¨¢s de una d¨¦cada". La juez exige a la Junta andaluza que le informe de las operaciones de endeudamiento de m¨¢s de 1,2 millones autorizadas por "el titular de la Consejer¨ªa de Econom¨ªa", cargo que ostent¨® Gri?¨¢n, tal y como subraya Alaya.

Alaya pide datos sobre la empresa Matsa, que ya investig¨® el Supremo

La instructora extiende las pesquisas a los fondos europeos

Esta era una petici¨®n expresa del PP, que ha situado a Gri?¨¢n en el centro del caso, pese a que el epicentro del esc¨¢ndalo estaba en la Consejer¨ªa de Empleo. La cercan¨ªa de las elecciones auton¨®micas andaluzas, que se celebrar¨¢n en marzo de 2012, ha intensificado la estrategia del PP de cercar al rival de Javier Arenas en las urnas.

Sin embargo, en el auto de ayer, la magistrada cometi¨® un error "de bulto", seg¨²n fuentes jur¨ªdicas, ya que la supuesta autorizaci¨®n que reclamaba el PP y que la juez ha ordenado investigar, no existe. En un comunicado de respuesta al auto de Alaya, el Gobierno aut¨®nomo asegura que Econom¨ªa y Hacienda no daba el visto bueno "a la concesi¨®n de subvenciones" superiores a 1,2 millones de euros. A partir de esa cantidad, la aprobaci¨®n corresponde al Consejo de Gobierno. Lo que s¨ª debe autorizar la consejer¨ªa que dirig¨ªa Gri?¨¢n eran las operaciones de endeudamiento (obtenci¨®n de ingresos) de la Agencia IDEA. Fuentes del Gobierno indicaron que durante la etapa de Gri?¨¢n no hubo autorizaci¨®n de endeudamiento.

"La prescripci¨®n legal que se menciona no afecta a los casos investigados, no afecta a la concesi¨®n de subvenciones sino a operaciones de endeudamiento de la Agencia IDEA (...) El Gobierno deplora la confusi¨®n deliberada, provocada por el PP, al remitirse a obligaciones legales inexistentes", subray¨® el Ejecutivo en un comunicado. Adem¨¢s, la Junta record¨® a la magistrada que "puede comprobar en las actas" de los Consejos de Gobierno que le entreg¨® por orden del Supremo, c¨®mo "no existe ratificaci¨®n por parte del Consejo de Gobierno de los acuerdos del IFA o IDEA".

No es la primera vez que Alaya vincula a Gri?¨¢n con el esc¨¢ndalo de los ERE. En un auto de la pasada primavera, la magistrada expres¨® su convencimiento de que Gri?¨¢n, en su etapa como consejero de Econom¨ªa, conoci¨® los informes de la Intervenci¨®n General, que consideraron inadecuado el procedimiento administrativo empleado para el fondo con el que se han pagado los ERE y ayudado a empresas en crisis, dotado con 647 millones.

Mientras, en el auto de ayer llama la atenci¨®n una petici¨®n concreta: "Procede reclamar la vida laboral de la empresa Matsa" y las subvenciones que recibi¨® de la Junta andaluza. Con este requerimiento, la magistrada reabre el caso Matsa, que tiene su origen en una subvenci¨®n de 10 millones que el Ejecutivo andaluz concedi¨® a la empresa Minas de Aguas Te?idas (Matsa), donde trabaja como apoderada Paula Chaves, hija del vicepresidente del Gobierno y expresidente del Ejecutivo andaluz Manuel Chaves. Este particip¨® en la aprobaci¨®n de la subvenci¨®n, pero el Supremo y el TSJA han dado por cerrado este caso, tanto en la v¨ªa penal como en la contencioso-administrativa.

Adem¨¢s, Alaya reclama en su auto informaci¨®n del ERE en las minas de la Faja Pir¨ªtica de Huelva que afect¨® a 796 trabajadores. La juez sospecha que numerosas p¨®lizas fueron cobradas ilegalmente. Para averiguarlo, solicita copia del Plan ?nico que dise?¨® el Gobierno central para la reconversi¨®n de la Faja Pir¨ªtica en 2002. Pero en lugar de ped¨ªrselo al Ejecutivo central, la juez se dirige al PP por el simple hecho de que los populares est¨¢n personados en la causa y entonces est¨¢n al frente del Gobierno central. El PP pidi¨® a la juez que corrija el "error" en que ha incurrido. Alaya tambi¨¦n le solicita el plan a la Junta para contar con este "a la mayor brevedad".

La instructora imputa en la causa al exdelegado de Trabajo y Asuntos Sociales de la Junta en Sevilla, Juan Rodr¨ªguez Cordob¨¦s y extiende sus sospechas de un "presunto uso abusivo de fondos p¨²blicos" a la Direcci¨®n General de Fondos Europeos de la Consejer¨ªa de Econom¨ªa.

Mientras, hace tres semanas la Junta present¨® a la juez un extenso informe en el que denuncia la existencia de una trama integrada por 18 empresas que habr¨ªan percibido de manera irregular unos 20 millones. En el informe enviado a la instructora se cita a siete personas -entre las que figura el exconcejal socialista y empresario Jos¨¦ Enrique Rosendo R¨ªos- que ostentaban u ostentan los cargos de administraci¨®n de esas sociedades.