54 mujeres deber¨ªan estar aqu¨ª

Son 54 vidas menos. Las que la violencia machista ha arrebatado este a?o, mujeres muertas a manos del hombre que dijo amarlas. Una sangr¨ªa continua: la ley no acaba con el delito. Seis a?os despu¨¦s de la entrada en vigor de la Ley Integral contra la Violencia de G¨¦nero, se mantienen problemas como la falta de denuncia que impide amparar a las v¨ªctimas -tres de cada cuatro fallecidas no la presentaron-. Tambi¨¦n persisten fallos en la protecci¨®n de quienes s¨ª dieron el paso -cinco agresores quebrantaron el alejamiento sin consentimiento de la v¨ªctima-. Junto a ello, algunas decisiones judiciales pol¨¦micas, contrarias al esp¨ªritu de la norma. "Aunque excepcionales, son da?inas para las v¨ªctimas y para la sociedad", afirma la fiscal de sala de Violencia, Soledad Cazorla.

Una de cada cuatro denuncias procede de los m¨¦dicos o los familiares

Los n¨²meros fr¨ªos: 54 fallecidas, de las que 14 hab¨ªan presentado denuncia -pero una la retir¨®-. ?Por qu¨¦ solo una de cada cuatro hab¨ªa alertado de su situaci¨®n? "Quiz¨¢ por presiones, por dependencia econ¨®mica o emocional, por miedo, por no confiar en la administraci¨®n de justicia...", enumera la presidenta del Observatorio contra la Violencia del Consejo General del Poder Judicial, Inmaculada Montalb¨¢n. "Existe una bolsa oculta de maltrato que no acaba de emerger", plantea. Una bolsa que ahoga vidas aunque m¨¢s de 130.000 mujeres denuncien cada a?o, seg¨²n el Ministerio de Sanidad, Pol¨ªtica Social e Igualdad.

De 14 fallecidas tras haber denunciado, nueve pidieron y consiguieron orden de protecci¨®n, ese paraguas de medidas cautelares que suele incluir el alejamiento del agresor. Al llegarles la muerte, siete ten¨ªan las ¨®rdenes en vigor: dos se acercaron voluntariamente al agresor, mientras que en cinco casos fue ¨¦l quien quebrant¨® la orden. "Necesitamos m¨¢s efectivos policiales para asegurar que los alejamientos se cumplen", analiza Montalb¨¢n. "De los casos que he revisado de este a?o, en ninguno he visto fallos de protecci¨®n", contrapone la fiscal de sala. "Los agresores juegan con el factor sorpresa, y eso no se puede evitar", a?ade.

"Hay casi 2.000 efectivos policiales especializados. Protegen a 95.000 mujeres", detalla la secretaria de Estado de Igualdad en funciones, Laura Seara. Un elemento de protecci¨®n como las pulseras -alertan de que el agresor incumple el alejamiento- se emplea poco. De las 3.000 puestas a disposici¨®n de los jueces -quienes deciden si se implanta o no- solo 746 est¨¢n en uso, se?ala Seara. La aplicaci¨®n de la ley integral tiene este a?o un presupuesto de 384 millones de euros. De esa partida no se ha recortado, matiza. Unos 5.000 hombres est¨¢n presos por violencia de g¨¦nero.

?Qu¨¦ hacer a partir de ahora? Cazorla pone el acento en la necesidad de que los servicios sanitarios, obligados a comunicar las agresiones machistas que detecten, den otro paso m¨¢s: "Les pido que den cuenta a la fiscal¨ªa de los casos en los que existan sospechas fundadas, aunque no haya parte de lesiones". De esa forma, los fiscales podr¨ªan iniciar diligencias preprocesales y obrar en consecuencia. Seara asegura que la proporci¨®n de denuncias que surgen del entorno sanitario, v¨ªa parte de lesiones, han subido al 11,3% en el primer semestre del a?o. Tambi¨¦n lo han hecho las presentadas por las personas pr¨®ximas a la v¨ªctima, el 16% en ese periodo.

Con la denuncia sobre la mesa, ni todas las mujeres piden protecci¨®n ni todas las solicitantes la consiguen: los jueces descartan una de cada tres peticiones. "?Por qu¨¦ son tan cicateros, si son medidas provisionales?", critica Ana Mar¨ªa P¨¦rez del Campo, presidenta de la Federaci¨®n de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas. Pero su principal cr¨ªtica es sobre "la aplicaci¨®n de la ley". "Hay jueces que la interpretan con un sentido contrario a su esp¨ªritu y muchos tratan a las v¨ªctimas como si fueran los imputados", a?ade. Se refiere a casos como la Audiencia de Murcia, que ha anulado numerosas condenas con el argumento de que no toda agresi¨®n de un hombre a su esposa o compa?era "debe ser castigada mec¨¢nicamente como violencia de g¨¦nero".

"Hay sentencias que me han avergonzado, pero son las menos", asegura Seara. "La generalidad de los jueces act¨²a conforme al esp¨ªritu de la ley", defiende Montalb¨¢n. Las diferencias de criterio, que da?an la seguridad jur¨ªdica, "debe resolverlas el Tribunal Supremo o el legislador", apunta la presidenta del Observatorio. Y a ser posible, "cuanto antes".