Las cuentas del Rey

El caso Urdangarin ha venido a remover las aguas normalmente pl¨¢cidas de la Monarqu¨ªa espa?ola. Los negocios privados del yerno del Rey, objeto de investigaci¨®n por parte de la justicia, han colocado a la familia real en una inc¨®moda situaci¨®n. La inmediata decisi¨®n, sin esperar a la imputaci¨®n del duque de Palma, de apartarle de todo acto oficial viene dictada por la prudencia, aunque probablemente no basta para acotar el problema que plantea el eventual procesamiento del marido de una infanta.

De mayor calado es la determinaci¨®n de don Juan Carlos de dar cuenta detallada de los gastos de la Casa del Rey. Tal ejercicio de transparencia es la mejor garant¨ªa para disipar dudas acerca de una instituci¨®n que cuenta con el afecto mayoritario de los ciudadanos, principalmente por los servicios que ha prestado en momentos dif¨ªciles de la Transici¨®n, en los que estuvo en juego el futuro de la democracia y de la Monarqu¨ªa constitucional.

El art¨ªculo 65 de la Constituci¨®n Espa?ola aprobada en 1978 deja en manos del Rey la libre distribuci¨®n del monto global que recibe, y que es actualmente de 8,43 millones de euros anuales. La ausencia de un posterior desarrollo legal de dicho art¨ªculo ha mantenido este presupuesto en la mayor opacidad. Es algo que ning¨²n Gobierno ha querido abordar, aunque no han faltado oportunidades ni peticiones parlamentarias al respecto. El actual gesto real, si bien es la respuesta a una situaci¨®n cr¨ªtica, deber¨ªa conducir a convertir en norma lo que ahora solo tiene car¨¢cter voluntario. Ese nuevo mandato deber¨ªa servir tambi¨¦n para delimitar qu¨¦ miembros de la familia real disponen de asignaci¨®n presupuestaria p¨²blica, porque act¨²an por encargo del Rey para representar a la instituci¨®n en su nombre, y qu¨¦ otros prefieren abstenerse para dedicarse a sus actividades o negocios profesionales, renunciando as¨ª a toda funci¨®n representativa.

No es f¨¢cil trazar esta l¨ªnea, pero hay que tener en cuenta que los 8,43 millones de euros con los que se sufragan los gastos de los Reyes y los pr¨ªncipes de Asturias son una m¨ªnima parte del presupuesto p¨²blico destinado a la Corona. El mantenimiento de los edificios, la n¨®mina de muchos de los empleados y los viajes los afrontan respectivamente Patrimonio Nacional, Administraciones P¨²blicas y Exteriores. Estas y otras partidas son suficientemente sustanciales como para que la intervenci¨®n del Estado y la norma de transparencia sean obligadas para una instituci¨®n tan destacada de la arquitectura del Estado.

El caso Urdangarin pone a prueba la capacidad de adaptaci¨®n de la Corona, instituci¨®n que tiene sentido precisamente en la medida en que responde a la funci¨®n de m¨¢xima representaci¨®n de la naci¨®n constitucional. Nada podr¨ªa da?arla tanto como reacciones irreflexivas o declaraciones mal calculadas ante una situaci¨®n que es delicada por definici¨®n. La justicia debe hacer su trabajo, pero la Casa del Rey debe hacer tambi¨¦n el suyo para preservar, ante todo, los intereses del Estado democr¨¢tico.