La Xunta se escud¨® en las p¨¦rdidas de los promotores para legalizar Barreiros

La Xunta decidi¨® declarar la incidencia supramunicipal del plan sectorial de Barreiros -que pretende legalizar el caos inmobiliario de este municipio lucense y pagar la urbanizaci¨®n de calles y las infraestructuras b¨¢sicas con 13 millones de euros de fondos p¨²blicos- por el perjuicio que el bipartito caus¨® a las promotoras cuando impugn¨® en los tribunales las licencias concedidas por el alcalde popular Alfonso Fuente Parga para levantar 3.100 pisos en un pueblo de 3.300 vecinos. As¨ª lo plasm¨®, tal cual, en un informe interno al que ha tenido acceso este diario la secretaria general de Ordenaci¨®n del Territorio y Urbanismo, Encarnaci¨®n Rivas, exresponsable del urbanismo de Sanxenxo, el 20 de septiembre de 2010.

La mayor¨ªa de las sentencias han dado la raz¨®n al gobierno bipartito

Los empresarios deber¨¢n aportar dinero. Pero varios han quebrado

Lo que sigue es el razonamiento textual que esgrime la Conseller¨ªa de Medio Ambiente para declarar que la legalizaci¨®n de las construcciones y la dotaci¨®n de servicios a esas urbanizaciones de Barreiros es una actuaci¨®n que excede el inter¨¦s de la propia localidad: "La incidencia de la suspensi¨®n de las normas subsidiarias [por el Gobierno que presid¨ªa Emilio P¨¦rez Touri?o] y las impugnaciones de las licencias de construcci¨®n concedidas a partir de 2006 ha ocasionado un profundo impacto econ¨®mico en todo el sector de la promoci¨®n, construcci¨®n, y empresas auxiliares, no solo en Barreiros, o la comarca de A Mari?a, sino que alcanza a toda la provincia de Lugo y que, por supuesto, se ve agravado por la coyuntura econ¨®mica".

Tras hacer ese diagn¨®stico, Medio Ambiente subraya: "Lo que avala sin duda el inter¨¦s supramunicipal de las infraestructuras que a trav¨¦s del presente plan sectorial, y de los correspondientes proyectos sectoriales que lo desarrollen, se canalizar¨¢n".

Traducido al lenguaje llano: la prohibici¨®n de construir en Barreiros y la impugnaci¨®n de licencias en los tribunales por el bipartito han perjudicado a promotoras de toda la provincia de Lugo, por lo que la Xunta estima que las infraestructuras necesarias (para dotar esos suelos de los servicios que no ten¨ªan) avalan sin dudas el inter¨¦s supramunicipal. Se da la circunstancia de que la gran mayor¨ªa de sentencias que han dictado los tribunales sobre el urbanismo de Barreiros han venido a dar la raz¨®n a la Administraci¨®n de Touri?o y han ilegalizado esos permisos, hasta el punto de que el Gobierno de Feij¨®o opt¨® por retirar los ¨²ltimos contenciosos contra el Ayuntamiento de su propio partido.

El decreto auton¨®mico 80/2000 que regula los planes y proyectos sectoriales de incidencia supramunicipal limita los criterios para declarar este tipo de actuaciones y cita los siguientes: los efectos positivos para el paisaje, el medio ambiente; la contribuci¨®n al desarrollo social y econ¨®mico de Galicia; la poblaci¨®n beneficiaria de la infraestructura; la funci¨®n vertebradora y estructurante del territorio que lleve consigo la actuaci¨®n; el asentamiento de la infraestructura, dotaci¨®n o instalaci¨®n sobre varios t¨¦rminos municipales o cualquier otro criterio que contribuya directamente a los objetivos fundamentales enunciados en la Lei de Ordenaci¨®n do Territorio de Galicia.

El estudio de la Secretar¨ªa Xeral de Urbanismo fue el germen del convenio que han firmado la Conseller¨ªa de Medio Ambiente que preside Agust¨ªn Hern¨¢ndez con la Diputaci¨®n de Lugo, en manos del socialista Jos¨¦ Ram¨®n G¨®mez Besteiro, y el alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente Parga, a quien el fiscal denunci¨® por prevaricaci¨®n precisamente por la concesi¨®n de los permisos para edificar 3.100 viviendas. De momento la actuaci¨®n de las tres instituciones est¨¢ en v¨ªa muerta.

Aunque el texto del acuerdo a tres bandas solo prev¨¦ partidas de fondos p¨²blicos y no alude a ninguna obligaci¨®n de las empresas privadas para solventar el caos urban¨ªstico que impera en este municipio de A Mari?a lucense, Hern¨¢ndez repite que los promotores deber¨¢n aportar varios millones de euros al Ayuntamiento para financiar algunas infraestructuras. Pero varias de las constructoras que dibujaron los planos de aquellas viviendas con vistas al Cant¨¢brico han desaparecido v¨ªctimas del crac del ladrillo. Y muchas otras valoran si demandan al Ayuntamiento que fue al cabo quien les concedi¨® los permisos.