Se?ales de alarma

Resulta inevitable que entre las medidas tomadas por el Gobierno de Mariano Rajoy para el necesario saneamiento de las cuentas p¨²blicas destaquen algunas que, precisamente por no llevar asociadas cifras de ahorro determinantes, dan p¨¢bulo a quienes temen que a socapa de los necesarios recortes se cuelen retrocesos en derechos sociales y, en algunos casos, una agenda pol¨ªtica que nada tiene que ver con la austeridad y s¨ª bastante con la ideolog¨ªa.

Rajoy prometi¨® en la campa?a electoral defender los niveles de protecci¨®n social alcanzados en Espa?a, por lo que deber¨ªa ahora al menos prestar atenci¨®n a algunas de estas iniciativas que han surgido, sobre todo, en las comunidades aut¨®nomas en las que gobierna el PP. La tasa de 10 euros establecida en Baleares y Galicia para la expedici¨®n de la tarjeta sanitaria es una de ellas. Esta iniciativa se suma al recorte sanitario que est¨¢n aplicando muchos Gobiernos regionales y que en Baleares se ha completado con la decisi¨®n de exigir el pago previo del coste del aborto a las mujeres que se sometan a tal intervenci¨®n, una medida que contraviene la legislaci¨®n vigente, seg¨²n todos los expertos.

Ante tama?a ilegalidad, el Ministerio de Sanidad guarda un silencio solamente comprensible desde la complicidad y la abdicaci¨®n de su obligaci¨®n de hacer cumplir las leyes: queda abierto entonces el camino para que cualquier otra comunidad decida ma?ana, por el mismo m¨¦todo, suprimir cualquier otra prestaci¨®n sanitaria a la que los ciudadanos tengan derecho por ley con la excusa del ahorro necesario.

En Castilla-La Mancha, la presidenta y secretaria general del partido, Mar¨ªa Dolores de Cospedal, ha cancelado los convenios con las casas de acogida a maltratadas y centros de orientaci¨®n a la mujer. Inmediatamente despu¨¦s, tras decenas de despidos, la gesti¨®n del servicio ha salido a concurso para abaratar costes y "eliminar la carga pol¨ªtica".

Especialmente dram¨¢ticas son las consecuencias de la moratoria de un a?o en la Ley de Dependencia. Unos 150.000 dependientes moderados que necesitan, sin embargo, atenciones especiales no tendr¨¢n derecho a la prestaci¨®n. Que el Gobierno central viniera soportando el 70% del coste de la ley en Canarias, Valencia, Madrid y Galicia presagia lo peor para las familias afectadas.

Las dificultades financieras de las Administraciones p¨²blicas obligan hoy a acometer recortes impopulares, pero hay l¨ªneas rojas que no debieran traspasarse. Las medidas mencionadas comportan ahorros m¨ªnimos y denotan, sin embargo, una cierta insensibilidad social que el PP no deber¨ªa dejar que se instalase, puesto que el sacrificio que se va a exigir a los espa?oles en los pr¨®ximos a?os va a ser tan enorme. Son, adem¨¢s, incompatibles con la afirmaci¨®n de la vicepresidenta de que "protegen a los m¨¢s d¨¦biles" y se basan en "la justicia y la equidad".